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El procurador Casal recomendó a la Corte que frene la transferencia de tierras del Ejército a la Comunidad Mapuche

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«En el caso se configura un supuesto de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema», sostuvo el dictamen del jefe de los fiscales.

El procurador general interino Eduardo Casal le recomendó a la Corte Suprema la “suspensión urgente” de un fallo de la Justicia Federal de Bariloche que ordenó escriturar a favor una comunidad mapuche unos terrenos pertenecientes al Ejército Argentino.

“Solicito la suspensión urgente de la sentencia dictada en primera instancia, cuya apelación la cámara consideró extemporánea”, sostuvo Casal sobre un fallo del 2 de febrero del año pasado que hizo lugar a la demanda de la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en 60 días transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el dominio de las tierras.

Entre las razones invocadas por Casal para objetar el fallo figura que el Poder Judicial de Bariloche estaba invadiendo a los otros poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, al ordenarle qué hacer con esos terrenos.

“La misión más delicada de la justicia radica en mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que les incumben a los otros poderes. (…) El Máximo Tribunal ha señalado que ‘siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, independientes y soberanos en su esfera, las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas”.

“El uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”, opinó el procurador.

A principios de 2022 la justicia de Bariloche ordenó al Estado Nacional transferir los terrenos al INAI para su escrituración a favor de la Comunidad Mapuche, y si bien el Estado Nacional apeló lo hizo fuera de término.

A raíz de ello se inició una causa judicial en los tribunales de Comodoro Py ante la posibilidad de que los funcionarios que debían apelar el fallo “pudieron haber tenido conocimiento de aquella circunstancia e, incluso, haber impartido la orden de ‘dejar vencer los plazos’ y dar luego apariencia de una mínima diligencia mediante la presentación tardía del recurso”.

En ese expediente, la Cámara Federal porteña dictó una medida cautelar “a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del INAI o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras”.

De esa manera, frenó la ejecución del fallo de la justicia de Bariloche.

Según el procurador Casal, “en el caso se configura un supuesto de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema pues existe un interés institucional de orden superior que radica en la necesidad de procurar una recta administración de justicia”.

El dictamen sostiene que debe participar en el expediente la provincia de Río Negro, el Municipio de San Carlos de Bariloche y la Administración de Parques Nacionales, pues “poseen directo interés en el presente proceso”.

Casal recordó que una medida como la dispuesta por los tribunales barilochenses debe ser tomada mediante una ley nacional.

“El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Pero ello requiere ley del Congreso”, señaló.

En ese contexto, opinó que el fallo de primera instancia “ha interferido indebidamente en el ejercicio de poderes y funciones conferidos al Legislativo, actuando con evidente ausencia de jurisdicción


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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