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YPF desinvierte y deja el tendal

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La decisión de la compañía deja en las provincias petroleras una multiplicidad de problemas ambientales, productivos y sociales.

Por Mara Pedrazzoli

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció en febrero que la petrolera se retiraría a partir de abril de los 55 yacimientos de petróleo convencional que tiene en el golfo San Jorge, desprendiéndose así de todas las obras desplegadas en la zona norte de Santa Cruz y parte de Chubut. Ante esa decisión, ofreció transferir los activos a operadoras independientes o compañías regionales –pymes o grandes concesionarias- que pudieran llevar adelante las inversiones necesarias en los “yacimientos maduros”. Esto deja en la puerta de las provincias petroleras una serie de problemas ambientales, productivos y sociales que merecen ser atendidos, hasta encontrar nuevas compañías que puedan reemplazar a la estatal.

El abandono de estos yacimientos supone dejar si trabajo, en Santa Cruz, a un plantel de 800 personas contratadas de manera directa por YPF, y otras 8000 que se vinculan indirectamente con la petrolera, entre empleados en firmas contratistas, proveedoras de insumos y materiales, empresas de seguridad, transporte, etc. En Chubut, el sindicato de petroleros logró un acuerdo por 120 días con YPF, que se compromete a pagar el 80 por ciento de los salarios de 1200 trabajadores agremiados, que se desempeñan en los territorios que serán cedidos. Pero el gobernador de Santa Cruz, el ex dirigente petrolero Claudio Vidal, se niega a replicar un acuerdo similar en su provincia, rechaza la idea de perjudicar los niveles de actividad petrolera en la zona.

Sin embargo, la actividad se encuentra parada en los hechos. En diálogo con PáginaI12, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta sostiene que “entre enero y marzo, YPF prácticamente se retiró del golfo San Jorge porque invirtió apenas 80 millones de dólares”, y agrega que las obras se detuvieron básicamente porque “dejaron de realizarse tareas de exploración”. Se habla de “yacimientos maduros” de YPF, que es una denominación de aquellos que ya superaron los picos máximos de producción, “pero en realidad se trata de yacimientos sin inversión”, advierte Peralta.

La decisión de desmantelar las inversiones en convencionales no sólo se enmarca en una lógica de rentabilidad empresaria de YPF, sino que es parte del proceso de ajuste fiscal impulsado por este Gobierno. No hay plata (tampoco) para YPF, que se centrará en los yacimientos no convencionales, las inversiones off-shore y los proyectos de gas natural licuado, según expuso Marín en la presentación del Plan Estratégico de la empresa. Las nuevas condiciones perjudican principalmente a las provincias de Santa Cruz y Chubut, mientras benefician exclusivamente a Neuquén, donde se encuentran los yacimientos de Vaca Muerta. Marín informó que realizarán allí inversiones récord por 3000 millones de dólares este año.

“Ese número, sumado al conjunto las inversiones de la petrolera, representará en total una caída del 17 por ciento respecto a las cifras del año pasado”, detalló un informe de la consultora Paspartú. En Santa Cruz, YPF solo conservaría los negocios en Palermo Aike, que representa el futuro del gas no convencional en la provincia, aunque todavía es un proyecto incipiente.

Pasivos ambientales

Los campos que YPF cederá en Santa Cruz serán vendidos a privados o su concesión devuelta a la provincia, que reclama una salida más ordenada. “Quieren escapar y tirar la llave por la ventana”, sintetizó el ex gobernador Peralta. La estatal todavía no especificó qué hará respecto de las obras de inversión no cumplidas, así como los seguros de caución comprometidos (¿se los abonará a la provincia?), ni se responsabilizó por los “pasivos ambientales” generados en estos muchos años de operación. Se denominan de esta forma a una serie de obras que abarcan el tratamiento de los residuos petroleros, la limpieza de los tanques, el taponamiento de pozos, remediación de los suelos empetrolados, revegetación del ambiente, etc.

Las provincias denuncian que ese costo ambiental, pero también financiero, debe correr a cuenta de YPF, o cualquier otra empresa cedente. Esto dio lugar a una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de ley que obliga a esas empresas a realizar un relevamiento del pasivo ambiental previo a la cesión de los yacimientos. El mismo deberá ser realizado por un experto independiente, establece el texto, para achicar la asimetría de información que existe entre las empresas y las agencias provinciales. El informe debe incluir además el costo de su reparación. El pasivo ambiental adjudicable a YPF ascendía a 1500 millones de dólares en el año 2012, según detallan los fundamentos del proyecto de ley. “YPF invirtió en los últimos años apenas el 6 por ciento de ese monto para reparar los pasivos ambientales entre 2016 y 2023”, detalló Peralta.

La acumulación de esos costos debería ser contabilizada en el pasivo de las empresas petroleras, especialmente en aquellas que operan en bolsa. Algunas versiones hablan de “un sinceramiento de pérdidas por 1800 millones de dólares” en YPF, entre los que se cuenta Santa Cruz.

Fondos de las provincias

Además de los riesgos ambientales y los problemas sociales, acarreados por una inminente pérdida de puestos de trabajo, el abandono de esos “yacimientos maduros” deja a las provincias del sur con un grave problema fiscal ocasionado por la caída de las regalías petroleras, que se cuentan entre sus principales ingresos fiscales. Actualmente se sostienen por el alto precio internacional del petróleo.

Esto en un contexto donde Nación ya está ahogando las cuentas financieras de muchas provincias. Puntualmente Santa Cruz posee distintos frentes de preocupación: como los despidos de 1800 trabajadores de las represas hidroeléctricas financiadas por empresas chinas, el escenario ante una potencial privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio –que emplea otras 2000 personas-, los despidos en otros entes nacionales como Anses, Viabilidad Nacional y Telam, el desfinanciamiento a la educación a través del Fonit, el congelamiento de los fondos de la caja previsional. La reversión de las inversiones de YPF es en este sentido una gota que rebalsó el vaso.

“En esta provincia cuando echas a una persona, no recupera el trabajo nunca”, aclaró el ex gobernador Peralta.

¿Provincias unidas?

Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, sostiene que más allá de que se manejan algunos nombres, todavía no hay interesados concretos para ocupar los yacimientos que cede YPF. “Solo se saben las características que tendrán esos nuevos actores: fundamentalmente compañías independientes o nuevas UTEs de empresas de servicios que puedan reconvertirse como operadoras y trabajar en pozos maduros con estándares de eficiencia”. 

Algunos interrogantes que abre este proceso son, por ejemplo, “cómo influirá la indemnidad legal de la que goza YPF por la actuación previa a 1991 (cf. Ley 24.145 de federalización de hidrocarburos y transformación estructural de YPF) y si esto llevará a mutar de contrincante la disputa: de YPF al propio Gobierno nacional”.

Además se abre la posibilidad de encarar una agenda aunada entre las Provincias Unidas del Sur, el grupo formado por los gobernadores Claudio Vidal, de Santa Cruz; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Wereltineck, de Río Negro; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto de La Pampa. Este actuó en sincronía frente al reclamo pesquero amenazado por el DNU, frente al retiro de los fondos coparticipables a Chubut –apoyando la decisión de Torres de recortar el suministro de hidrocarburos- y los destinados al transporte público del interior, pero en el caso de YPF los intereses están menos alineados.


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Condenaron a José Alperovich a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina y quedará detenido

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Al ex gobernador tucumano se lo juzgó por un total de nueve hechos de agresión sexual. Será con prisión efectiva. Los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018. También lo inhabilitaron a ejercer cargos públicos

Pasadas las 20, el juez Ramos Padilla leyó la sentencia contra José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina: el ex gobernador de Tucumán fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y quedará detenido inmediatamente. Además, el magistrado lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos nacionales y provinciales.

El debate oral y público contra el ex gobernador de Tucumán comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Este martes Alperovich se negó a decir sus últimas palabras antes del veredicto y el juez Juan Martín Ramos Padilla fijó para las 20 de hoy, luego de un cuarto intermedio.

La víctima, 35 años menor que el denunciado, además de ser su sobrina, trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado.

Entre los testigos que fueron convocados por la Justicia asistieron distintos familiares de la denunciante, como sus padres y su abuela. También amigas y ex compañeros de trabajo. Todos se dieron cuenta de su notorio deterioro físico, psíquico y emocional durante la época en que F.L. trabajó para el entonces senador nacional.

Según los denunciantes, los “accesos”, “tocamientos” y “situaciones indecorosas” ocurrieron en uno los departamentos del acusado en Puerto Madero; en su auto personal mientras viajaban a realizar visitas al interior de Tucumán en el marco de una campaña proselitista para competir contra Juan Manzur por la gobernación de 2019; en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de la capital provincial y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena.

A lo largo de las audiencias, Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, integrantes de la querella, denunciaron: “José Jorge Alperovich es el autor de todos los hechos (…), que ocurrieron en diferentes domicilios ubicados tanto en esta ciudad como en San Miguel de Tucumán y en el vehículo de Alperovich. Para cometerlos, el imputado se valió de su enorme poder que detentaba a nivel laboral, familiar y político en toda la provincia. Él había sido elegido tres veces gobernador y era, para la época de los hechos, senador nacional y asesor ad honorem para la provincia”.

En sintonía, el representante del Ministerio Público, Sandro Abraldes, expresó: “Este juicio es un juicio de la impunidad del poder”, y precisó: “José Alperovich estuvo siempre ubicado arriba, en una posición de poder amplio, y F.L. muy por debajo, en un área de sometimiento. Según sostuvo, el acusado, cuando vio a la denunciante (por primera vez, en un evento político), decidió que debía sumarla a su equipo porque su belleza física le provocó un gran impacto. No la quería para trabajar con él, la quería para la cama”.

Del otro lado, la defensa rechazó la existencia de todos los hechos y abonó la teoría de una “causa armada”. Para eso, deslizó sospechas respecto de la financiación de los pasacalles que salieron a la luz un día después de la carta que publicó la denunciante en noviembre de 2019 acusando de abuso a su tío segundo. Esos carteles, dijo, se vieron en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y vinculaban al imputado con el actor Juan Darthés. En ese marco apuntó contra el actual diputado nacional Carlos Cisneros, reconocido adversario político del ex gobernador en su provincia.

Al respecto, la querella respondió: “Alperovich dijo que todo esto es una gran mentira, que él no hizo nada de lo que se lo acusa, que se trata incluso de una denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia preparada por -el diputado nacional- Carlos Cisneros, supuesto enemigo suyo toda la vida, y por -el exconcejal de San Miguel de Tucumán y expareja de la presunta damnificada- David Mizrahi. (…) Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido”.

El padre de F.L. es primo hermano de José Alperovich. Según relató en su declaración, tenían una “relación de toda la vida, de jugar juntos cuando éramos chicos”. “Mi padre era hermano de su mamá, Marta Alperovich. Mi padre fue padrino de José Alperovich”, dijo.

“Yo a José lo acompañé durante muchos años, no solo como primo en el año 2003, cuando comenzó su historia política. Yo le dije que lo acompañaba porque era su primo y porque lo amaba y quería que le fuera bien. Y le fue muy bien. Después pasó el tiempo, 2010, ya no era más José: tenía otra mirada, otra postura, otra actitud. No sé, la cabeza, el poder”, aseguró y añadió: “Si vos querés conocer a una persona, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es. Esa psicopatía que tenía José yo no la conocía”.

Al momento de relatar sobre la denuncia de su hija recordó: “Una mañana, no me acuerdo exactamente la fecha, mi hija me sentó en un café -en Yerba Buena-, después de haberla visto durante un tiempo prologando poco estable emocionalmente, muy delgada, me dijo ‘papá, necesito estar con vos’. Ahí me dijo ‘me pasó lo que me pasó’. Me cuesta decirlo, soy el papá. Después de ahí volví a fumar después de 5 años”.

“Papá, me acosaron. Papá, me violaron”, detalló cuando le pidieron especificar los detalles de esa charla ocurrida en 2019. “¿Cómo que te violaron, si es mi primo? Ahí le pedí que no me contara más. Ya el balazo lo tenía adentro… Ahí empezó mi lucha. Tenía dos opciones, y ustedes que son padres me van a entender. Por suerte tomé la opción más inteligente. Porque si no, hoy no estaría acá, estaría preso”, añadió.

Beatriz Mirkin fue una de las testigos que declaró en la causa y denunció una «operación política»

Como familiar, también declaró Sara Alperovich, ex legisladora provincial y tercera hija de los cuatro que tuvo el ex mandatario acusado. Según su relato, durante el tiempo que la denunciante trabajó con el ex gobernador llegaron a forjar entre las dos una relación de amistad, al punto en que la joven comenzó a contarle sobre una pareja que le ejercía violencia de género. “Yo estaba preocupada por F.L., le dije que si seguía con él se iba a seguir enfermando. Le dije que tenía que hacer terapia, que a mí me había pasado lo mismo…Ella cada vez se veía más flaca”, y agregó: “Desde febrero -de 2019- hasta que renunció -la denunciante- estaba muy mal y yo sabía que era por la violencia de género y el maltrato de esa persona hacia ella”.

“¿Cómo se enteró de la versión de los abusos?”, le preguntó el fiscal Abralde. “Nosotros ya habíamos perdido las elecciones. En noviembre es cuando ella denuncia, oh casualidad, el mismo día de la no violencia contra la mujer. Fue todo una gran campaña contra nosotros. Necesitaba llamar la atención”, respondió la ex legisladora provincial.

También declaró la ex senadora Beatriz Mirkin, quien fue diputada, senadora y candidata a vicegobernadora como compañera de fórmula de Alperovich en 2019. Su figura generó controversia en la causa por haber protagonizado una agenda feminista dentro del peronismo, siendo la única senadora que votó a favor de la ley IVE.

“No me cabe ninguna duda de que esto fue una campaña orquestada para afectar política y personalmente, no solamente a Alperovich, que lo mataron, sino a mí”, dijo y abundó: “No tengo dudas, aunque no lo pueda demostrar: hubo una campaña política de la oposición en cabeza de Carlos Cisneros”.


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