Conectarse con nosotros

NACIONALES

El gobierno denuncia robos organizados y le apunta a Javier Milei por la propalación del miedo

Publicado

el


Aníbal Fernández confirmó que los asaltos en algunas ciudades del país no están motivados por necesidades sociales. En la misma sintonía salieron los gobernadores de Córdoba, Mendoza y Neuquén. El radical Rodolfo Suárez alertó, además, por la difusión de rumores «falsos, maliciosos y cobardes» y pidió no difundirlos. Según la portavoz Gabriela Cerruti están organizados por grupos de WhatsApp «ligados a La Libertad Avanza de Milei» con el objetivo de desestabilizar. Milei, salió a despegarse.
Melisa Molina

Por Melisa Molina

El gobierno nacional descarta que los asaltos a supermercados y comercios que ocurrieron los últimos días en algunas ciudades del país se hayan tratado de «saqueos» motivados por necesidades sociales. Este martes por la mañana, el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que «se trata de hechos delictivos que no tienen mucho nivel de organización» y que, según la hipótesis que manejan, «alguien los está incentivando«. Según explicaron fuentes del ministerio de Seguridad a este diario, todavía la policía federal y la gendarmería se encuentran trabajando con las policías provinciales y el Poder Judicial para identificar quiénes son los culpables e instigadores. Más allá de eso, a última hora, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti denunció que «no se trata de nada espontáneo», sino es una «operación armada», que estos hechos «se organizaron desde grupos de Whatsapp todos ligados a La Libertad Avanza de Javier Milei diciendo que hay saqueos para generar desestabilización, incertidumbre e ir contra la democracia».

Minutos después de la vocera, el libertario escribió en sus redes: «El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el ´principio de no agresión´ –escribió en mayúsculas– y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, gran parte de la solución está cerca».

El presidente Alberto Fernández, durante el fin de semana largo se contactó con los gobernadores de Neuquén Omar Gutiérrez, de Mendoza Rodolfo Suárez y de Córdoba Juan Schiaretti, que le contaron la situación y sostuvo un diálogo permanente con el ministro de Seguridad y el de Economía, y candidato presidencial, Sergio Massa.  “Desde la semana pasada tenemos detectados intentos de armar, a través de Whatsapp, hechos de esas características”, dijo Aníbal Fernández. El funcionario aseguró, además, que si algún gobierno provincial requiere el envío de fuerzas de seguridad federales para tareas de prevención, el ministerio las enviará. Durante el martes también hubo falsas alarmas de «saqueos» en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero las amenazas fueron descartadas por autoridades locales como las de Morón, Moreno y General Rodríguez, entre otras.

Cerruti, antes, había compartido un tweet anterior de Milei que decía: «Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001» y «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre». Y le respondió: «Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Milei. No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de Whatsapp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar». El Presidente compartió el mensaje de Cerruti. También lo hizo Aníbal Fernández. La vocera dijo más tarde que los libertarios son los que pasan por los locales corriendo: «eso hace que la gente se asuste, cierre las persianas, después lo filman y dicen que hay saqueos», dijo.

Desde el ministerio de Seguridad bonaerense informaron a Página12 que no tuvieron durante el día denuncias. «No tuvimos ni una sola denuncia formal en sede policial o judicialNinguna empresa grande o chica, ni ningún damnificado. Por ahora, entendemos que es un efecto contagio de las redes», dijeron cerca de Sergio Berni. En esa línea, agregaron que «comisiones policiales se acercaron a lugares donde algunos comerciantes cerraron de manera preventiva y cuando preguntaron por qué, dijeron: ‘porque les llegó el rumor'».

En CABA, en tanto, también hubo cierre de persianas en la calle Avellaneda y el barrio de Once, pero desde el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad, explicaron que se enviaron «recursos correspondientes» después de recibir una «gran cantidad de llamados por posibles ilícitos», pero «el panorama fue normal», y «no hubo hechos ilícitos consumados en la zona ni situaciones similares».

En cuanto a los robos en Mendoza, Córdoba y Neuquén, en Balcarce 50 aseguran que se trata de «grupos de delincuentes y de algunos que quieren aprovechar el momento de incertidumbre política». También que el gobierno, mediante el ministerio de Seguridad, «está alerta y trabajando en el tema». El lunes, el Presidente se comunicó con una comerciante de Río Cuarto que fue asaltada y se puso a disposición. «Los gobernadores dicen lo mismo que explicó hoy Aníbal: son hechos claramente armados que no tienen que ver con lo social«, explicaron en Casa Rosada. Además, cuestionaron «a algunos medios de comunicación» que «generan un clima tenso». “Existe una problemática social”, admiten, a la que el gobierno «intenta dar respuestas» pero los asaltos “no han sido saqueos”.

El gobernador de Mendoza grabó un video en el que alertó a la población: «La difusión de mensajes por Whatsapp que hay son falsos, maliciosos, cobardes y quizás orquestados por alguien. Estamos averiguando el móvil y si es político o no». Luego, Suárez añadió «a aquellos que envían los mensajes les quiero advertir que les va a caer todo el peso de la ley, como les cayó a los que quisieron alterar el orden público ayer y ya están detenidos». Por último, ordenó «no difundir esos mensajes falsos y seguir con la vida con normalidad».

Gutiérrez, de Neuquén, añadió: «No estuvimos frente a los tradicionales saqueos que se dieron en 2001. Estos fueron grupos minúsculos que tienen antecedentes delictivos». «Esto se ha instigado en las redes sociales. Vamos a buscar quién está atrás de estos eventos y el peso de la ley tiene que caer también sobre los instigadores», adelantó.

«Lo que está claro es que no es necesidad, sino gente que quiere provocar una acción psicológica y siempre alguno se prende. Son hechos que califican como delictuales pero con la idea de ‘saqueo’ se quiere generar un clima contra el gobierno«, dicen desde el oficialismo y cuentan que están advertidos desde la semana pasada, cuando comenzó a circular el rumor. «Comenzó en la 1-11-14, pero la policía contó con el apoyo de los vecinos que avisaban». Seguridad asegura que la situación no los tomó por sorpresa: «El que se enteraba se comunicaba con la gendarmería, la gendarmería con la policía y los policías con la cúpula política. Estaba todo el mundo al tanto», refuerzan.

En Mendoza ya fueron detenidas 28 personas, 17 eran menores de 18 años. Se las acusó de “hechos vandálicos” en comercios de Las Heras, Rivadavia y Guaymallén. En Córdoba también la mayoría de los detenidos eran menores que entraron encapuchados a robar supermercados. Allí también hubo organización a través de mensajes de Whatsapp. La Policía de Neuquén, por último, registró varios intentos de robo en la capital, que se sumaron al que ocurrió en Cutral Co. Allí hubo seis detenidos. La presidenta de la Cámara de Comercio de Neuquén, Georgina Ñanco, dijo a los medios locales que «están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, pero no es la gente a la que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes».


NACIONALES

Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

Publicado

el


El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


Seguir leyendo

Más leídas - últimas 48Hs.