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Cristina Kirchner, la voz que quieren amordazar

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía derecho a pedir la ampliación de su indagatoria. Principalmente porque la Fiscalía presentó (o mencionó) pruebas que no habían sido agregadas antes.La procesada no pudo defenderse en la indagatoria previa porque no es adivina. Quedó en desventaja, una injusticia. Los jueces del Tribunal Oral le negaron su derecho. El acto no habría demorado el trámite. La pregunta es por qué lo hicieron.

Hay una palabra clave que mencionó el fiscal Diego Luciani en su acusación: “ostentar”. Según el funcionario, Cristina “ostentaba” la condición de presidenta. No es estricto: el fiscal falsea para variar. Cristina “ejercía” (o desempeñaba) la presidencia a la que llegó mediante elecciones democráticas. Quienes ostentan parcialidad son los jueces. No solo obran sin respetar la noble igualdad de las partes: se empeñan en ostentarlo. Cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu esgrime el mate del club Liverpool o cuando niega derecho a la procesada, hace alarde de su parcialidad.

La vicepresidenta se defendió en redes sociales. Habló durante una hora y media, haciendo gala de elocuencia. Su presentación contrastó con las de Luciani. Un hombre gris, sin lauros académicos, que leyó su parrafada. Se observó que sabe leer en castellano de corrido. No que sepa hablar de corrido… destreza tan esquiva a muchos macristas, empezando por su líder.

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Cristina analizó las pruebas intrusadas en la causa. El mayor aporte fue revisar el celular del exsecretario de Vivienda José López. De esa fuente brotaron chorradas de chats intercambiados con Nicolás Caputo, “hermano del alma” del expresidente Mauricio Macri y alto empresario de la construcción. El detalle se recorre en otras notas de esta edición, a las que remitimos.

Las evidencias no pesan una tonelada pero son muy sugestivas. Los vínculos entre López y Caputo tienen que ser investigados. Luciani podía no agregarlos al expediente de Vialidad porque sería extemporáneo, exótico… aunque lo hizo respecto de Máximo Kirchner demostrando cuan sesgada es su tarea. Como fuera, las sospechas derivadas de los intercambios tienen que ser objeto de pesquisa judicial. El deber de un funcionario que topa con ese material es denunciarlo. Así que una de dos: o Luciani cree que Caputo es intocable. O, tal vez, incumplió deberes de funcionario público. Por ahí surge una tarea para otro integrante del Ministerio Público: investigar el punto… Habrá que ver.

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La falta de profesionalidad de Luciani se refleja en la magnitud de las penas que reclamó. La clave para las sanciones superiores a la de un homicidio es la figura de la asociación ilícita que motiva malentendidos y bolazos. En otra columna escribimos que la asociación ilícita es un tipo penal persecutorio usado para perseguir al naciente sindicalismo en sus orígenes europeos y argentinos. Los fiscales echan mano a ella para engordar sus planteos de condena, encarcelar sin sentencia firme. Hay muy pocas condenas por asociación ilícita en nuestra jurisprudencia. Contra lo que escriben varios profanos en derecho, no se aplicó en el juicio a las Juntas Militares. Y se hizo en contadas sentencias por crímenes de lesa humanidad.

Luciani sostiene un disparate: un conjunto de funcionarios que gobernó doce años fue en realidad una mafia, un cartel. La Corte Suprema denegó un planteo similar en el expediente “Stancanelli” que investigaba la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Luciani lo citó como convalidando su posición, macaneó otra vez. Los aplaudidores macristas ni se enteraron de la falacia.

La cifra cuyo decomiso se solicita es también un despropósito. Como apunta siempre Raúl Kollmann que siguió todo este juicio día tras día, solo se peritaron cinco licitaciones de las cincuenta y una que conforman la denuncia. La fiscalía, perezosa, rehusó hacerlo respecto de otras contra los pedidos de la defensa de la vicepresidenta. Le interesa más perorar que buscar pruebas. Cuesta imaginar cómo se llega a los 5421 millones de pesos que alucina el fiscal, basado en supuestos sobreprecios de apenas cinco licitaciones. La petición se parece como dos gotas de agua a la zoncera gorila “se robaron dos PBI”.

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Como explayó Cristina, el expediente respira venganza y persecución política. Ánimo de sacarla de la competencia política. Si se puede, proscribiendo. Si el tiempo no alcanza para llegar a una condena firme: para enchastrar su reputación, agredirla y ofenderla.

Cristina indicó que el juicio es contra el peronismo. Difícil refutarlo desde la cancha de Los Abrojos. Este cronista se permite agregar algo. Las campanas de la asociación ilícita no doblan solo para el peronismo. Anticipan qué hará Juntos por el Cambio si gana las presidenciales del año próximo. Macri lo sinceró ante Mario Vargas Llosa: lo mismo que la otra vez pero más rápido. En 2016 se apuraron a encarcelar sin proceso y sin condena a Milagro Sala. Si hay “segundo tiempo”, la vindicta punitivista caerá sobre más gente, luchadores sociales, opositores.

La solidaridad de dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con Cristina no es, entonces, asombrosa ni tiene como trasfondo una confabulación extraña. Es pura coherencia, racionalidad… y defensa propia.La diputada Myriam Bregman, abogada ella, tuiteó en consecuencia; “Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. ¡Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación!”.

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La reacción de los medios dominantes tras la presentación de CFK cumplió con el manual de estilo. Repiquetearon verbos clásicos: “Atacó”, “fustigó”. Una espiral de silencio rodeó a Nicky Caputo.

Se cuestionó que Cristina no desplegó toda su defensa ni ofreció prueba. No se preocupen… Lo hará su abogado Carlos Beraldi en la audiencia respectiva, dentro de unos días.

Una última acotación, menor comparada con el resto. Luciani describió “su caso” como el más grande juicio de corrupción de la historia. OK, de acuerdo, el fiscal puede exorbitar un poco. Quizás anhele pasar a la política como el juez brasileño Sergio Moro aunque con mayor fortuna. Solo por debatir va un ejemplo en contrario. Hay más, por cierto. Rememoremos la aludida venta de armas a Croacia y Ecuador. Se violó la neutralidad argentina, se pertrechó a un país enemistado con Perú, un aliado histórico. Se burlaron reglas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se hicieron estallar instalaciones en Río Tercero para ocultar pruebas causando un estrago atroz y muertes. La memoria corta en una de esas lo olvida. O prima el habitual desdén de la derecha argentina por la vida ajena… Compararlo con una acusación huérfana de sustento… en fin.

Es apenas una digresión. Módica. Lo fundante es que los adjetivos y adverbios no reemplazan a las pruebas. La presunción de inocencia es la viga de estructura del proceso penal. La semejanza con los procesos al expresidente brasileño Lula da Silva son gigantescas. Los peritajes demuelen las fantasías de Luciani, cofrade de los jueces y dirigentes políticos… El supuesto proceso funciona como un simulacro: con la cancha inclinada, arrasando a las garantías del derecho penal contemporáneo.

Los jueces quisieron amordazar a Cristina Fernández de Kirchner. Ella respondió como dirigente de primer nivel, como líder política y como abogada. Sus palabras de ayer no constarán en las actas del proceso capcioso pero posiblemente harán historia e incidirán en los años por venir. Algunos macristas lúcidos (una minoría de la que forma parte el ex senador Miguel Pichetto) emiten alertas, parecen percatarse.

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El futuro de la energía atómica: renuncias, desfinanciamiento y deudas millonarias

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La CNEA tiene parados sus proyectos principales y acumula deudas millonarias. Los despidos ya llegan a 570. Paro y protestas de la Uocra. La voz de la presidenta saliente, Adriana Serquis.

Pablo Esteban

Por Pablo Esteban

En medio del brutal ajuste en el sector nuclear, el gobierno finalmente aceptó la renuncia que Adriana Serquis había presentado el 10 de diciembre y, mediante un decreto, determinó que Germán Lavalle y Luis Rovere asumieran como presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  La funcionaria saliente había denunciado la falta de fondos para continuar con obras claves como el Carem y el RA-10 –dos reactores nucleares que se construyen desde 2014 y 2016, y que en poco tiempo podían estar listos–, así como también alertó por la acumulación de una deuda millonaria con las compañías subcontratistas que contribuían a la fabricación de las tecnologías. Representa toda una incógnita el futuro de la institución a partir del cambio de timón y el recambio de autoridades, que se produce mientras la motosierra trabaja a pleno: los dos proyectos están paralizados y en torno al Carem los despidos ya están por llegar a los 570, según denunció la Uocra, que mantiene en Zárate una huelga por tiempo indeterminado. Esta semana, hubo marchas y cortes de ruta en esa ciudad en reclamo de la continuidad de los trabajos.  

Más allá de las dudas, Serquis aventura sus propias proyecciones a partir de las conversaciones sostenidas con los nuevos gestores. “Me dijeron que el RA-10 lo van a tratar de sacar adelante sí o sí, porque le falta poquito. La mayor duda está con el Carem, con el que quieren hacer una revisión integral con auditores externos”. Y completa: “Veo difícil que puedan destrabar el conflicto presupuestario, ellos dicen que van a intentar resolverlo. Nosotros les comunicamos la urgencia y la necesidad de fondos para cada uno de los proyectos. La institución a partir de junio no va a poder funcionar, eso está claro”.

La situación de la CNEA, el organismo rector de la energía nuclear en el país, es conflictiva por varios motivos: en los últimos meses contrajo deudas millonarias con los contratistas que trabajan en la puesta en marcha de los reactores (en el caso del Carem, por ejemplo, acumula una suma de 7 mil millones de pesos), despidos de trabajadores implicados en líneas de trabajo que están suspendidas por el momento (principalmente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, una de las principales contratistas) y cerebros que ya se fugan ante la imposibilidad de condiciones de trabajo adecuadas. El gobierno no envía los fondos necesarios y ello sirve como detonante para empujar a la Comisión al borde del abismo.

Finalmente, el presidente Milei le aceptó la renuncia a Serquis y luego de la transición asumieron los nuevos nombres. La doctora en Física y además Investigadora Principal del Conicet lo relata de este modo: “Hace un par de semanas vengo trabajando con esta gente. Me había comprometido a hacer una transición razonable y lo hice. El secretario de Energía me pidió que me pusiera en contacto con Germán Lavalle, que también realizó reuniones con los gerentes de área de nuestra institución. Como vicepresidente lo acompaña Luis Rovere. Ambos son ingenieros nucleares y egresados del Instituto Balseiro”, comenta quien a partir de la semana que viene volverá a estar al frente del Instituto de Nanociencia y nanotecnología del Conicet.

Los que entran y los que salen

Consultada por este diario, Serquis brinda un detalle de la trayectoria de las autoridades designadas. “En los 90’s, Lavalle fue gerente de institucionales en el momento en que la CNEA perdió el control de las centrales nucleares, cuando fueron a parar a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En el 2000 se fue de la institución con un retiro voluntario que le ofreció el gobierno de la Alianza”. Lavalle, según cuenta la expresidenta, se autoasume con un perfil “más técnico que político”. A menudo, se utiliza tal caracterización cuando se busca dotar de legitimidad el rol experto en detrimento del ideológico; como si la ciencia y la política podrían pensarse como dos campos autónomos. Rovere, por su parte, es ingeniero nuclear y es gerente del Centro de Medicina Intecnus, una institución sanitaria reconocida en Bariloche. “Las nuevas autoridades tratarán de poner nuevos gerentes de las gestiones anteriores. Por ahora, no vi en carpeta a ninguna mujer en su equipo de trabajo y no tengo idea si sacarán a las que ahora están a cargo. Estoy preocupada, la verdad”.

Lavalle y Rovere reemplazan a Adriana Serquis y a Diego Hurtado, que había presentado su renuncia el 9 de diciembre cuando Alberto Fernández aún era el presidente. Serquis se destacó en su rol por conducir iniciativas relevantes como los reactores nucleares Carem y el RA 10, desarrollos que están en etapas muy avanzadas de diseño y que podrían ser fundamentales para el ingreso de miles de millones de dólares al país si en el futuro inmediato consiguieran finalizarse. Tecnologías que, de hecho, podrían colocar a Argentina a la vanguardia de la energía nuclear.

Asimismo, Serquis tuvo un rol fundamental al democratizar las condiciones de acceso y participación de las mujeres en la gestión de la energía nuclear. También se destacó por un relato muy activo en pos de cambiar la percepción social con respecto a la materia. En cada intervención pública, trató de narrar las ventajas que tiene la energía nuclear en relación a otras energías e intentó desestigmatizar una fuente que históricamente estuvo marcada por desastres como Chernobil y Fukushima. También, sus colegas detallan su énfasis en promover el conocimiento local como vía hacia la soberanía: se forman científicos y científicas en instituciones públicas y luego le devuelven al Estado esta educación de excelencia a través del diseño de tecnologías autóctonas que, en última instancia, permiten el ingreso de divisas al país.

Casi listos, casi paralizados

El Carem es el primer reactor de potencia baja y media, diseñado y desarrollado 100 por ciento en Argentina. Su puesta en marcha podría ser clave para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de centros urbanos y en parques fabriles, así como también para objetivos diversos que serán cruciales en los próximos años, como la desalinización del agua de mar y la producción de hidrógeno. Por su parte, el RA 10 servirá, entre otras cosas, para abastecer de radioisótopos a todos los centros de medicina nuclear del país; insumos fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer.

Las aplicaciones en salud, industria, ciencia y tecnología son infinitas para estas dos tecnologías de primer nivel internacional que, según las proyecciones y si el ritmo no se hubiese ralentizado por falta de financiamiento, deberían haber estado listos para 2025 (RA-10) y 2028 (Carem). Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría de una partida de 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

Las potencialidades de ambas iniciativas son innegables. Sin embargo, por el momento, la inercia parece estar frenada hasta nuevo aviso. Para los tiempos que maneja la ciencia ya están casi listos, pero por una decisión política están prácticamente paralizados. 

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