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La discusión en torno al proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes tendrá ahora una instancia institucional en la Legislatura de Santa Cruz. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, confirmó que concurrirá ante la Cámara de Diputados y pondrá a disposición de los legisladores el expediente y la documentación vinculada con la iniciativa.
La definición se conoció luego de los cuestionamientos surgidos alrededor de las condiciones en las que avanzó el emprendimiento y de la intervención del Estado provincial sobre un sector ubicado dentro del área protegida.
Durante una conferencia de prensa realizada en 28 de Noviembre, Garay rechazó específicamente la interpretación de que la Provincia haya dispuesto una entrega o venta de tierras fiscales para el desarrollo turístico. Según explicó, el predio involucrado se encuentra bajo dominio privado y sus antecedentes se remontan a la década de 1960.
“Yo vuelvo a reiterar, no vende la provincia sino que es de un privado”, afirmó el titular del Consejo Agrario.
La explicación oficial sostiene que la intervención provincial se produjo en función de las características del área y de las normas que regulan las actividades dentro de la Península de Magallanes. En ese marco, el proyecto debió adecuarse al Plan de Manejo aprobado en 2022 y atravesar las instancias ambientales y técnicas correspondientes.
Garay también llevó la discusión al terreno político. Cuestionó a los diputados de la oposición que, según su posición, presentan como una “entrega de tierras” un proyecto desarrollado sobre una propiedad privada y generan confusión antes de examinar el expediente. Desde esa mirada, sostuvo que este tipo de cuestionamientos pone obstáculos a las iniciativas con las que el Gobierno provincial busca transformar Santa Cruz. El desafío para ambas partes será debatir sobre los documentos: al Ejecutivo le corresponde mostrar qué autorizó y bajo qué condiciones; a los legisladores, precisar sus objeciones.
Qué se discute y qué deberá revisar Diputados
El debate no se limita a la existencia del emprendimiento turístico. El pedido de informes impulsado en la Cámara de Diputados apunta a conocer los antecedentes administrativos, las autorizaciones otorgadas, la documentación ambiental y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo provincial en relación con el proyecto.
La Legislatura aprobó el pedido de informes por unanimidad y, a partir de esa solicitud, el Consejo Agrario deberá poner a disposición la documentación que forma parte del trámite.
Garay confirmó que el organismo entregará el expediente y que, además, los equipos técnicos estarán disponibles para responder las consultas de los legisladores.
“El expediente el lunes a las 8 de la mañana ya lo va a tener la Cámara de Diputados para que ellos puedan hacer todos los análisis pertinentes”, sostuvo.
De esta manera, el expediente será el principal elemento para reconstruir el recorrido administrativo del proyecto, determinar qué autorizaciones fueron otorgadas y bajo qué condiciones, y establecer el alcance de la intervención provincial.
Una propiedad privada con antecedentes desde los años 60
Uno de los puntos centrales de la explicación brindada por Garay está relacionado con la titularidad de las tierras.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el funcionario, la superficie donde se proyecta el emprendimiento no pertenece actualmente al Estado provincial. La propiedad se encuentra vinculada a la Sociedad Anónima Lacustre del Sur, cuyos antecedentes sobre la adquisición de tierras en la zona se remontan a la década de 1960.
Según la explicación oficial, integrantes de esa sociedad adquirieron tierras en la península luego de que el Gobierno provincial las pusiera a la venta.
El punto resulta relevante porque, según Garay, la discusión sobre el proyecto no debe confundirse con una operación de venta de tierras fiscales actualmente pertenecientes a la Provincia.
La superficie total de la Península de Magallanes ronda las 39.000 hectáreas, mientras que el emprendimiento analizado se encuentra previsto sobre una parcela privada de aproximadamente 20 hectáreas.
Además, la sociedad conservaría otras parcelas dentro de la península.
El antecedente que llevó al Plan de Manejo
El desarrollo del proyecto también está relacionado con una situación que se extendió durante varios años: la falta de un Plan de Manejo reglamentado para la zona.
Según los antecedentes aportados durante la explicación, la sociedad propietaria presentó en 2021 una denuncia penal contra la Provincia, reclamando la elaboración de dicho instrumento.
A partir de esa presentación se estableció un plazo de 90 días para que el Consejo Agrario confeccionara el Plan de Manejo.
Finalmente, el instrumento fue aprobado en 2022, durante la gestión provincial anterior.
Este documento pasó a constituir uno de los elementos centrales para determinar qué actividades pueden desarrollarse dentro del área y bajo qué condiciones.
Garay sostuvo que el primer proyecto presentado por la empresa no se adecuaba completamente a las condiciones establecidas en ese Plan de Manejo, motivo por el cual desde el Consejo Agrario se plantearon modificaciones.
“El primer proyecto que estaba era muy ambicioso y no se adecuaba al plan de manejo. Entonces nosotros lo que le planteamos al gobernador (...) es que hay un plan de manejo el cual hay que respetar”, explicó.
A partir de esas observaciones, la propuesta fue modificada y posteriormente continuó su recorrido administrativo.
24 cabañas y una capacidad de hasta 60 camas
El proyecto turístico finalmente analizado contempla 24 cabañas, con una capacidad máxima aproximada de 60 camas, además de espacios comunes y senderos.
Garay remarcó que la propuesta no corresponde, según su descripción, a un complejo hotelero tradicional.
“No es un complejo hotelero, son 24 cabañas que tienen una capacidad máxima de 60 camas y está adecuado a lo que establece el plan de manejo”, afirmó.
El proyecto fue identificado en la documentación como “Master Plan Ecocentro” y está planteado dentro de un sector de la Península de Magallanes próximo al glaciar.
La propuesta apunta a desarrollar una oferta turística de características particulares y, según los argumentos expuestos por el funcionario, a incorporar un segmento que actualmente tendría una presencia limitada en el área de El Calafate.
El emprendimiento, de acuerdo con la información aportada por Garay, contempla una inversión estimada en 90 millones de dólares para su primera etapa.
El trámite ambiental también forma parte del expediente
Otro de los aspectos que deberá ser revisado por la Legislatura es el procedimiento ambiental atravesado por el proyecto.
Según explicó Garay, la empresa presentó el estudio de impacto ambiental durante 2023 y este fue aprobado en 2024, luego de atravesar las instancias correspondientes.
La documentación vinculada con el proyecto incluye además exigencias relacionadas con la prevención de incendios, tratamiento de efluentes y otras medidas destinadas a reducir el impacto de la actividad turística dentro del área protegida.
Entre las condiciones mencionadas por el titular del Consejo Agrario se encuentra la obligación de contar con un esquema específico para la prevención y respuesta ante incendios.
“Uno de los requisitos que tiene este proyecto es que tiene que tener un plan de manejo contra incendios”, indicó.
En consecuencia, el avance del emprendimiento queda sujeto al cumplimiento de las condiciones ambientales y de conservación establecidas por los organismos competentes.
La eventual venta a un comprador extranjero
Otro capítulo de la discusión surgió cuando la sociedad propietaria manifestó su intención de vender el emprendimiento a un comprador extranjero.
De acuerdo con la explicación brindada por Garay, esa posibilidad generó una nueva intervención del Estado provincial y derivó en la emisión de un decreto provincial vinculado con las condiciones de una eventual operación dentro del área protegida.
Este punto forma parte de los aspectos que deberán ser analizados a partir de la documentación oficial.
La cuestión requiere diferenciar tres instancias: la adquisición original de las tierras, la autorización del proyecto turístico y una eventual operación de venta posterior. Se trata de procedimientos diferentes, con antecedentes y alcances propios.
Por ese motivo, el expediente que llegará a la Cámara de Diputados será determinante para establecer qué decisión tomó el Ejecutivo, bajo qué marco jurídico y cuáles fueron las condiciones establecidas para la eventual operación.
La documentación aportada para el análisis legislativo permitirá revisar también los fundamentos técnicos y jurídicos de esa decisión.
Garay: “No hicimos nada oculto”
Frente a los cuestionamientos, el presidente del Consejo Agrario defendió el procedimiento seguido por el organismo y sostuvo que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco normativo correspondiente.
“No hicimos nada oculto, nos pusimos a disposición de la Cámara de Diputados”, afirmó.
En la misma línea, insistió en que la actuación del organismo estuvo condicionada por el Plan de Manejo vigente.
“Nosotros nos adecuamos y nos apegamos al plan de manejo”, sostuvo.
El funcionario también planteó que el proyecto debe ser evaluado a partir de la documentación concreta y no solamente desde las interpretaciones surgidas alrededor de la iniciativa.
Por eso, la presentación del expediente ante la Legislatura adquiere especial importancia, ya que permitirá que los legisladores tengan acceso a los antecedentes administrativos, ambientales y técnicos que respaldaron cada una de las decisiones adoptadas.
Qué ocurrirá ahora
Con el pedido de informes aprobado, la discusión sobre la Península de Magallanes ingresará en una nueva etapa: el análisis legislativo de la documentación oficial.
El Consejo Agrario confirmó que entregará el expediente y que Garay concurrirá junto con personal técnico y legal del organismo cuando la Cámara de Diputados realice la convocatoria.
El objetivo será responder las consultas relacionadas con la propiedad de las tierras, el Plan de Manejo de 2022, las modificaciones realizadas al proyecto original, las autorizaciones ambientales, las condiciones del emprendimiento y el decreto relacionado con la eventual venta a un comprador extranjero.
“Cuando ellos nos convoquen vamos a la Cámara de Diputados y le explicamos, porque hay todo un trabajo”, manifestó Garay.
De esta manera, el debate que comenzó alrededor del proyecto turístico de la Península de Magallanes tendrá ahora como eje la documentación oficial y el recorrido administrativo del expediente.
La discusión deberá determinar, a partir de los antecedentes que serán puestos a consideración de los legisladores, qué correspondió a la propiedad privada, qué decisiones fueron tomadas por los organismos provinciales y cuáles fueron las condiciones establecidas para permitir el desarrollo turístico dentro de un área protegida.
Por el momento, la posición expresada públicamente por el Consejo Agrario es que no existió una entrega de tierras fiscales, que el emprendimiento se desarrolla sobre un predio de dominio privado y que las autorizaciones estuvieron condicionadas por el Plan de Manejo y los requisitos ambientales.
La instancia legislativa permitirá ahora acceder al conjunto de documentación y avanzar sobre los puntos que permanecen bajo análisis.
