Patagonia Nexo
Un control preventivo realizado sobre la Ruta Nacional N.º 3, en el sector de Ramón Santos, derivó en la intervención de personal policial tras detectar el traslado de carne de origen animal que no contaba con la documentación requerida.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos, quienes detuvieron para su inspección una Ford Ranger doble cabina en la que viajaban dos hombres.
Durante la revisión de la caja de carga, los agentes encontraron carne despostada y sin cuero. Ante la consulta realizada por el personal, el conductor manifestó que se trataba de carne de guanaco y señaló que los productos habían sido obtenidos durante una jornada de caza en la que, según su declaración, se habrían capturado aproximadamente cuatro animales.
La situación derivó en la solicitud de la documentación que habilitara tanto la actividad de caza como el posterior traslado de los productos. De acuerdo con la información policial, los ocupantes no presentaron permisos ni autorizaciones.
A esto se sumó otro aspecto señalado durante el procedimiento: según informó la fuerza, la presunta actividad de caza se habría desarrollado fuera del período establecido para la temporada de Caza Deportiva 2026.
Ante esta situación, tomó intervención la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes en el marco de la normativa vinculada con la protección y aprovechamiento de la fauna silvestre.
También realizaron controles sobre los ocupantes
Como parte del operativo preventivo, el personal policial efectuó además controles de alcoholemia y consultas a través del S.I.F.C.O.P., sin que se informaran novedades en esos procedimientos.
La actuación se produjo en el marco de los controles que se desarrollan en uno de los principales corredores viales de acceso a Santa Cruz, donde las autoridades realizan verificaciones relacionadas con documentación, seguridad vial y transporte de productos.
Por el momento, la información difundida corresponde a la actuación preventiva y administrativa derivada del procedimiento, sin que se haya informado en el material oficial consultado una resolución judicial sobre los ocupantes.
