Patagonia NexoSanta Cruz Puede SAU salió públicamente a responder los cuestionamientos formulados por sectores comerciales y empresarios y defendió el funcionamiento de la compañía estatal, sus mecanismos de control y el modelo utilizado para desarrollar sus diferentes emprendimientos.
La respuesta fue difundida mediante una solicitada titulada “Santa Cruz Puede SAU: aclaramos y respondemos ante las acusaciones del sector empresario”, luego de una publicación conjunta realizada por la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios Gastronómicos y la Federación de Comercio. Desde la compañía consideraron que varias de las afirmaciones realizadas son “infundadas” y desconocen información que, según señalaron, ya fue brindada públicamente.
Uno de los principales puntos de la respuesta estuvo relacionado con el financiamiento de la empresa.
Santa Cruz Puede aseguró que no recibe partidas presupuestarias del erario provincial destinadas a solventar gastos operativos, incluyendo salarios, combustibles e insumos, y sostuvo que esa información puede comprobarse a través de su último balance público.
Según explicó la compañía, su modelo empresario se basa en asociaciones con empresas y particulares privados bajo modalidades contempladas por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
Actualmente, indicó, existen 13 emprendimientos, de los cuales solamente dos pertenecen exclusivamente a Santa Cruz Puede SAU: la planta de procesamiento de pescado de Puerto San Julián y la fábrica de alimento balanceado, actualmente en proceso. Los otros once proyectos funcionan mediante diferentes esquemas de asociación con capital privado.
La empresa también rechazó de manera categórica que sus actividades representen una competencia desleal para el sector privado.
En ese sentido, afirmó que paga impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales y mantiene registrados a sus trabajadores con los correspondientes aportes.
Como ejemplo mencionó el predio que posee en Río Gallegos, que anteriormente estaba en manos de Austral Construcciones. De acuerdo con la solicitada, el inmueble figuraba como terreno baldío y posteriormente su situación fue regularizada.
Santa Cruz Puede aseguró haber abonado $110 millones al Municipio de Río Gallegos, además de adherir a un plan de pago de doce cuotas, mientras avanza con las habilitaciones correspondientes.
Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento del Mercado Concentrador Patagónico, uno de los proyectos que generó cuestionamientos desde sectores comerciales.
Según la empresa estatal, desde su puesta en marcha se modificaron las condiciones de comercialización de un sector que durante años estuvo concentrado.
La compañía sostiene que, como consecuencia de esta nueva dinámica, los precios en Río Gallegos disminuyeron alrededor de un 30%, mientras aumentó la oferta disponible para los consumidores. Se trata de una estimación expresada por la propia empresa en la solicitada.
Asimismo, aclaró que no fija precios ni establece controles estatales sobre los productos comercializados y que el funcionamiento responde al principio de oferta y demanda.
También indicó que el pago electrónico constituye la modalidad habitual dentro del Mercado Concentrador, lo que —según la compañía— permite mantener operaciones abiertas y auditables. Además, sostuvo que su función consiste en facilitar el espacio a productores provenientes de diferentes puntos del país y afirmó que no paga subsidios ni fletes ni destina partidas presupuestarias para el funcionamiento del mercado.
La solicitada también hizo referencia al comedor ubicado dentro del predio de la empresa.
Santa Cruz Puede señaló que el lugar se encontraba deteriorado y que fue sometido a un proceso de recuperación y puesta en valor.
Sin embargo, aclaró que actualmente continúa avanzando en la tramitación de los permisos necesarios para habilitar su funcionamiento.
Uno de los pasajes centrales de la respuesta está vinculado con la participación de Santa Cruz Puede en licitaciones provinciales.
La compañía afirmó encontrarse registrada y habilitada para intervenir en los rubros contemplados dentro de su ley de creación y su estatuto, pero remarcó que hasta el momento no ganó ninguna licitación pública.
Además, sostuvo que desde que comenzó a participar en esos procesos observó una reducción promedio del 30% en los precios.
Frente a las acusaciones sobre una supuesta utilización de información privilegiada, la empresa argumentó que, de haber contado con esa ventaja, debería haber resultado adjudicataria de las licitaciones, algo que —según afirmó— no ocurrió.
Santa Cruz Puede también rechazó los cuestionamientos relacionados con una supuesta falta de controles.
Según indicó, ha respondido pedidos de acceso a la información pública, presentado informes escritos y participado de exposiciones ante distintas comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Asimismo, afirmó cumplir con auditorías e informes mensuales ante el Tribunal de Cuentas provincial.
La empresa remarcó además que, por su carácter público, se encuentra sometida a los mecanismos institucionales correspondientes y que posee facultades legales para celebrar convenios con organismos estatales, manteniendo actualmente acuerdos con ministerios, sedes y municipios.
Hacia el final del documento, Santa Cruz Puede planteó que el debate no debería limitarse al impacto que sus actividades puedan tener sobre determinados sectores comerciales, sino incorporar también la situación de los consumidores.
La empresa sostuvo que, frente al actual contexto económico, el objetivo debe ser facilitar el acceso de los vecinos a productos y servicios de mejor calidad y a precios más convenientes.
En ese marco, defendió un modelo de intervención estatal destinado a generar herramientas, abrir oportunidades, promover la producción y favorecer la competencia.
La solicitada concluye con una definición del Directorio: Santa Cruz Puede asegura que continuará trabajando bajo las normas vigentes, sometiéndose a los controles correspondientes y brindando las explicaciones que sean necesarias, con el objetivo —según expresa el documento— de generar oportunidades, ampliar la oferta y mejorar las condiciones de vida de los santacruceños.
