Cuando lo excepcional se vuelve costumbre

Lo más alarmante no es que suceda. Lo verdaderamente preocupante es que dejó de sorprender.

En Santa Cruz, los conflictos educativos se repiten desde hace tantos años que comenzaron a formar parte de la rutina. Los padres reorganizan sus horarios, los alumnos esperan saber si habrá clases al despertarse y la sociedad parece haber aceptado que el calendario escolar depende más de los conflictos que de la planificación educativa.

Cuando una sociedad naturaliza un problema, deja de medir sus consecuencias.

Y las consecuencias de una educación interrumpida no aparecen al día siguiente. No se reflejan únicamente en un cuaderno incompleto o en una prueba postergada. Se manifiestan años después, cuando una generación encuentra mayores dificultades para comprender un texto, interpretar información, analizar una propuesta económica, ejercer pensamiento crítico o competir en un mercado laboral que exige cada vez más conocimiento.

La educación no solo forma profesionales. Forma ciudadanos.

Es la herramienta que permite comprender cómo funciona el Estado, qué impacto tiene una política económica sobre la vida cotidiana, cuáles son los derechos y obligaciones de cada persona y cómo participar responsablemente en una democracia.

Cuando esa formación se interrumpe de manera permanente, toda la sociedad pierde capacidades.

La Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga en el artículo 14 bis. También reconoce el derecho de enseñar y aprender en el artículo 14 y obliga al Estado, a través del artículo 75 inciso 19, a garantizar una educación pública, gratuita y con igualdad de oportunidades.

No existe una contradicción entre esos derechos. El problema aparece cuando la incapacidad para resolver los conflictos hace que uno de ellos termine debilitando al otro.

Después de tantos años, la discusión ya no debería limitarse a quién tiene razón en cada negociación salarial. La pregunta es otra.

¿Cuánto está dispuesto a perder un pueblo antes de reaccionar?

Porque mientras los adultos discuten, negocian o confrontan, miles de estudiantes avanzan con menos herramientas que las generaciones anteriores.

Y eso no siempre se percibe de inmediato.

Se nota cuando cuesta comprender un contrato, interpretar una estadística, analizar un presupuesto familiar o distinguir un dato verdadero de una desinformación. Se nota cuando disminuye la capacidad de comprender la realidad y de participar con criterio propio en los debates públicos.

El deterioro educativo no ocurre de un día para otro. Es silencioso.

Cada conflicto suma un poco.

Cada día sin clases deja una marca.

Cada generación recibe menos oportunidades que la anterior.

Lo más preocupante no es el conflicto en sí. Los conflictos existen en todas las sociedades y son parte de la democracia. Lo verdaderamente grave es haber normalizado que las aulas vacías sean una consecuencia aceptable.

Una provincia puede recuperar rutas, edificios o infraestructura. Puede equilibrar sus cuentas públicas o reactivar su economía.

Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es el tiempo perdido en la educación de un niño.

Porque ese tiempo no vuelve.

Y cuando una sociedad deja de valorar ese tiempo, el costo termina pagándolo durante décadas.