Patagonia NexoMientras la mayoría de las dependencias policiales de Santa Cruz retomó sus tareas habituales y el servicio comenzó a normalizarse en casi toda la provincia, el bloque legislativo Por Santa Cruz expresó su respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno Provincial para otorgar la recomposición salarial a la fuerza y cuestionó la continuidad de las protestas que aún persisten en algunos sectores.
Actualmente, los focos de conflicto se concentran principalmente en El Calafate y en algunas divisiones de Río Gallegos, mientras que el resto de las localidades ya restableció el funcionamiento normal de los servicios policiales.
A través de un comunicado, los legisladores oficialistas sostuvieron que el Ejecutivo provincial realizó "el máximo esfuerzo" para alcanzar un acuerdo, recordando que durante el proceso de negociación se presentaron 15 propuestas salariales, todas rechazadas por los representantes del reclamo.
Finalmente, el Gobierno resolvió otorgar la recomposición mediante la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad, posteriormente ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026, medida que, según destacaron, ubica a la Policía de Santa Cruz entre las tres fuerzas mejor remuneradas del país.
El bloque consideró que la continuidad de las protestas ya no representa el sentir de la mayoría de los efectivos y afirmó que responde a motivaciones políticas.
"Entendemos que esta situación ya no responde a un reclamo genuino de la mayoría de la fuerza, sino que se encuentra atravesada por intereses políticos", señalaron.
En el mismo documento, los diputados también hicieron referencia a la situación financiera de los municipios de Río Gallegos y El Calafate, indicando que mantienen importantes deudas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
Según precisaron, Río Gallegos adeuda $66.944.860.951,58 a la Caja de Previsión Social y $41.979.176.336,63 a la Caja de Servicios Sociales, mientras que El Calafate registra obligaciones por $322.761.262,12 y $5.615.829.043,26, respectivamente.
Los legisladores sostuvieron que esas obligaciones continúan incrementándose a un ritmo cercano a los 3.600 millones de pesos mensuales y aseguraron que, de regularizarse esos fondos, la Provincia contaría con mayores recursos para fortalecer salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas e infraestructura.
Finalmente, el bloque Por Santa Cruz afirmó que la seguridad pública no debe quedar condicionada por disputas partidarias e instó a todos los sectores a priorizar el cumplimiento de la ley y la estabilidad institucional, remarcando que los intereses políticos "no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños".
