Aportes previsionales municipales: la Caja defendió el fallo que obliga a cumplir con la ley

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que revocó la medida cautelar que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial N° 1782, el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, respaldó la decisión judicial y sostuvo que la resolución reafirma la obligación de los municipios de cumplir con la normativa vigente en materia previsional.

El funcionario señaló que el pronunciamiento del máximo tribunal provincial no incorpora nuevas exigencias, sino que restablece la aplicación de una ley sancionada hace años, que establece la obligación de las municipalidades de transferir a la Caja los aportes retenidos a los trabajadores y las contribuciones patronales.

Pérez consideró que el fallo fortalece la institucionalidad al ratificar que las normas deben cumplirse por igual y sostuvo que el financiamiento del sistema previsional depende del cumplimiento de esas obligaciones por parte de todos los empleadores públicos.

En ese sentido, explicó que los recursos que ingresan a la Caja son fundamentales para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones de miles de santacruceños, por lo que el incumplimiento de algunos municipios termina generando un mayor esfuerzo financiero para la Provincia.

Según indicó, cuando los aportes no son transferidos, el déficit previsional debe ser cubierto con fondos provinciales que podrían destinarse a otras áreas como salud, educación, seguridad o infraestructura.

Las declaraciones del titular de la Caja se suman a las expresiones realizadas por otros funcionarios del Gobierno provincial luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia, que dejó sin efecto la cautelar vigente y habilitó nuevamente la aplicación del artículo 22 de la Ley N° 1782.

De esta manera, el debate sobre el financiamiento del sistema previsional y las obligaciones de los municipios vuelve a instalarse en la agenda provincial, tras una resolución judicial que marca un nuevo escenario para la relación entre los gobiernos locales y la Caja de Previsión Social.