Patagonia NexoDurante la entrevista, Vidal insistió en que el plan de financiamiento representa la alternativa más rápida y eficiente para impulsar el desarrollo de Santa Cruz, al considerar que permitirá ejecutar obras de infraestructura, fortalecer la economía provincial y liberar partidas presupuestarias para mejorar los salarios de los trabajadores estatales.
El mandatario explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es transformar el sistema energético de la provincia, conectando distintas localidades al Sistema Interconectado Nacional para dejar de depender de un esquema basado en la compra de gas, combustible y el alquiler de generadores, un modelo que calificó como "arcaico" y "prehistórico".
Según sostuvo, la provincia destina alrededor de 12.000 millones de pesos para sostener el actual sistema de generación eléctrica, recursos que podrían destinarse a otras áreas si se concretan las obras previstas. En ese sentido, afirmó que el ahorro obtenido permitiría afrontar el repago del financiamiento sin comprometer las cuentas públicas.
Vidal también cuestionó con dureza a las administraciones anteriores y recordó que todos los gobiernos provinciales recurrieron al endeudamiento, por lo que consideró contradictorias las críticas actuales al proyecto impulsado por su gestión. Además, afirmó que al asumir debió afrontar una importante deuda heredada, incluyendo compromisos financieros, obligaciones con proveedores, deudas energéticas y un crédito tomado durante la gestión anterior para afrontar gastos corrientes.
Entre los pasivos heredados, aseguró que la Caja de Servicios Sociales mantenía una deuda cercana a los 60.000 millones de pesos por medicamentos, insumos y prestaciones médicas, además de una cadena de pagos paralizada con proveedores, situación que, según indicó, debió ser normalizada por la actual administración.
Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con el tratamiento legislativo del proyecto de financiamiento. El gobernador denunció que algunos intendentes opositores habrían solicitado fondos de libre disponibilidad y sin controles administrativos como condición para respaldar la iniciativa, en lugar de priorizar la ejecución de obras para sus municipios.
Vidal vinculó esas situaciones con la falta de controles que, según afirmó, caracterizó a la administración pública provincial durante más de una década. En ese marco, aseguró que el Tribunal de Cuentas comenzó recientemente a recuperar su capacidad de auditoría y advirtió que existe un atraso de entre diez y doce años en las tareas de fiscalización.
Asimismo, sostuvo que el Estado provincial se encontraba "muy contaminado" al momento de asumir el gobierno, debido a prácticas que, según expresó, se naturalizaron durante años por la ausencia de controles efectivos y la falta de transparencia en distintos organismos públicos.
Como respuesta a ese escenario, destacó una serie de reformas impulsadas por su administración, entre ellas la reorganización del Tribunal Superior de Justicia, la reforma del Tribunal de Cuentas, la eliminación de la Ley de Lemas y la implementación de concursos para el ingreso de nuevos funcionarios judiciales, medidas que, según indicó, buscan fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza de la sociedad.
En otro tramo de la entrevista, el mandatario sostuvo que la oposición intenta obstaculizar la gestión provincial utilizando distintos conflictos sociales y reclamos sectoriales, y consideró que esa actitud responde al avance de los controles institucionales y de las investigaciones judiciales.
Además, defendió la decisión de restituir al procurador Eduardo Sosa en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que esa medida refleja el compromiso de su gestión con el respeto por la división de poderes, la institucionalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Finalmente, Vidal reiteró que el proyecto de financiamiento constituye una herramienta estratégica para el desarrollo de Santa Cruz, al considerar que permitirá ejecutar obras de infraestructura, reducir el costo de los servicios públicos, fortalecer la economía provincial y generar mejores condiciones para los trabajadores estatales. Al mismo tiempo, insistió en que el debate sobre la iniciativa debe darse pensando en el futuro de la provincia y no en las diferencias políticas entre oficialismo y oposición.
