Patagonia NexoLa tensión política entre el Gobierno de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos volvió a escalar. Esta vez fue la ministra Nadia Ricci quien salió directamente al cruce del intendente Pablo Grasso, a partir de la movilización impulsada por sectores vinculados al kirchnerismo hacia el Tribunal Superior de Justicia.
Ricci cuestionó el sentido de la convocatoria y utilizó la ironía para marcar lo que considera una contradicción política de quienes gobernaron Santa Cruz durante más de tres décadas.
“Es la primera vez en la historia que veo al kirchnerismo pedir justicia en Santa Cruz”, expresó la funcionaria.
Según planteó, la movilización no puede analizarse solamente desde la confrontación política con el Gobierno provincial, sino que detrás existe una discusión económica e institucional relacionada con el sostenimiento del sistema previsional y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
Ricci apuntó contra el argumento utilizado por los sectores que convocan a movilizarse y cuestionó que se presente el conflicto como una defensa de la Justicia y de las instituciones.
“¿Grasso marcha hasta la Justicia para pedir justicia? ¿En serio? Ahora descubrieron la independencia de poderes y la importancia de respetar las instituciones”, manifestó.
Para la ministra, existiría una contradicción entre el reclamo actual y el comportamiento político que atribuyó al kirchnerismo durante los años en los que gobernó Santa Cruz.
“Durante más de 30 años manejaron la provincia como si fueran dueños de todo y ahora, cuando aparece una decisión de la Justicia que no les gusta y que no les conviene para su campaña política, levantan la voz y marchan hasta el Tribunal Superior”, sostuvo.
La funcionaria consideró además que la discusión no debería quedar reducida a consignas partidarias y planteó que el centro del conflicto debe estar puesto en el financiamiento del sistema jubilatorio.
Ese fue precisamente uno de los puntos sobre los que Ricci buscó colocar mayor énfasis.
Mientras la confrontación pública suma declaraciones entre dirigentes provinciales y municipales, la ministra sostuvo que existe una pregunta que, a su entender, debe ser respondida por quienes tienen obligaciones con el sistema.
“Pueden hacer todas las marchas que quieran, pero ¿quién paga las jubilaciones si quienes tienen la obligación de aportar no lo hacen?”, planteó.
De esta manera, Ricci vinculó directamente la disputa política con la situación de la Caja de Previsión Social, uno de los temas que viene generando fuertes cruces entre el Ejecutivo provincial y distintos municipios.
Para el Gobierno, el cumplimiento de los aportes resulta indispensable para sostener financieramente el sistema. Desde los sectores municipales involucrados en la disputa se vienen planteando, en cambio, cuestionamientos sobre las condiciones y consecuencias económicas de esas obligaciones.
Pero la ministra fue todavía más lejos y trasladó la discusión directamente a las cuentas del municipio de Río Gallegos.
Ricci acusó al intendente de brindar una versión que, según sostuvo, no reflejaría la verdadera capacidad económica de la administración municipal.
“Grasso le miente a la gente cuando dice que no le alcanza”, afirmó.
La funcionaria aseguró que, tomando en consideración los distintos recursos que ingresan a las arcas municipales, Río Gallegos dispondría de fondos significativamente superiores a los necesarios para afrontar su masa salarial.
“Hoy, sumando los recursos que recibe y recauda por todo concepto, el Municipio dispone prácticamente del doble de lo que necesita para pagar los salarios de sus trabajadores”, aseguró.
A partir de esa afirmación, Ricci sostuvo que el debate no debería centrarse exclusivamente en una supuesta falta de recursos.
“Entonces, el problema no es que no haya plata: hay que discutir cuáles son las prioridades y en qué decide gastar los recursos”, remarcó.
Las declaraciones profundizan una confrontación que ya dejó de ser exclusivamente administrativa.
La discusión por los aportes previsionales, las obligaciones municipales y el financiamiento de la Caja quedó atravesada por un enfrentamiento político cada vez más marcado entre el Gobierno provincial y sectores del kirchnerismo.
La movilización hacia el Tribunal Superior de Justicia agrega ahora un nuevo escenario a esa disputa.
Mientras sus impulsores buscan instalar el reclamo ante el máximo órgano judicial provincial, desde el Ejecutivo cuestionan las motivaciones de la protesta y sostienen que el problema de fondo continúa siendo el mismo: determinar quién debe aportar, cuánto debe aportar y cómo garantizar los recursos necesarios para sostener las jubilaciones.
Con sus declaraciones, Ricci eligió apuntar directamente a Grasso y llevar el debate hacia la administración de los recursos de Río Gallegos.
Así, una discusión que comenzó alrededor de obligaciones previsionales terminó transformándose en otro fuerte capítulo de la confrontación política santacruceña, con el Tribunal Superior de Justicia, la Caja de Previsión Social y las cuentas municipales en el centro de una disputa que promete continuar.
