Patagonia NexoLa discusión entre el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos entró en una etapa donde los números comenzaron a ocupar el centro de la escena.
Luego de jornadas atravesadas por movilizaciones, declaraciones políticas y cuestionamientos cruzados, el Ejecutivo provincial decidió exponer públicamente su posición sobre la situación financiera de la capital y negó uno de los argumentos que viene acompañando el conflicto: que Provincia haya retenido recursos municipales poniendo en riesgo el pago de salarios.
La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, y la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, Irene Stur, brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y aseguraron que Río Gallegos cuenta con recursos para cumplir tanto con sus trabajadores como con sus obligaciones previsionales.
La afirmación provincial deja planteada ahora una pregunta inevitable: si no existieron retenciones y el Municipio dispone de los recursos que él mismo informó, ¿qué ocurrió con los aportes que debían llegar a las cajas?
La ministra de Gobierno rechazó directamente que Provincia haya retenido fondos correspondientes a Río Gallegos.
“Eso es absolutamente mentira, nosotros no hicimos ninguna retención de aportes”, afirmó.
Según explicó, el Gobierno continúa manteniendo conversaciones con intendencias y comisiones de fomento con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan sincerar las cuentas públicas y comenzar a normalizar las obligaciones existentes.
Elmiger aseguró además que el objetivo provincial no es provocar un ahogo financiero de los municipios ni comprometer el pago de salarios.
Por el contrario, sostuvo que se pretende encontrar una salida mediante acuerdos que permitan ordenar progresivamente las deudas.
Uno de los puntos más fuertes de la conferencia apareció cuando la ministra se refirió específicamente a las cuentas de Río Gallegos.
Según explicó, el propio Municipio proporcionó información sobre los recursos provenientes de coparticipación y recaudación municipal.
A partir de esos números, Provincia sostiene que la administración de Pablo Grasso dispone de capacidad económica para pagar salarios, afrontar gastos de funcionamiento y cumplir con los aportes correspondientes.
“Con sus propios números, los sueldos los puede pagar, los aportes los puede realizar”, sostuvo Elmiger.
La funcionaria agregó que posteriormente corresponderá al Municipio determinar prioridades y avanzar en una mayor eficiencia del gasto.
También buscó llevar tranquilidad a los empleados municipales al asegurar que, según la documentación analizada, existen recursos para garantizar sus haberes.
“La tranquilidad de los trabajadores municipales la tienen que tener, porque queda demostrado en papeles que la plata para pagar salarios la Municipalidad de Río Gallegos la tiene”, manifestó.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se analizan los aportes personales.
Provincia remarcó que debe diferenciarse el sistema general de financiamiento de la Caja de las obligaciones que tiene cada municipio en su condición de empleador.
Elmiger fue particularmente contundente sobre este punto.
“El trabajador tuvo la voluntad de pagar, porque se le hizo la retención. El que está en falta es el empleador que no la transfiere”, afirmó.
La declaración coloca el foco directamente sobre el recorrido del dinero descontado de los salarios municipales.
Porque si esos aportes fueron efectivamente retenidos en cada liquidación salarial, la discusión deja de ser exclusivamente entre Provincia y Municipio.
Se trata de recursos vinculados directamente con los trabajadores.
Y aparece entonces una pregunta que debería ser respondida con documentación: ¿cuánto se descontó mensualmente a los empleados municipales y cuánto de ese dinero fue efectivamente transferido a las cajas provinciales?
El secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, incorporó otro elemento central para comprender el conflicto.
Según indicó, aproximadamente el 40% del financiamiento de la Caja de Previsión Social es cubierto con recursos del Tesoro Provincial.
Esto significa que cuando los recursos propios del sistema previsional no alcanzan para afrontar jubilaciones y pensiones, la diferencia debe ser cubierta por el Estado santacruceño.
Por esa razón, Provincia sostiene que la normalización de los aportes de municipios y organismos resulta indispensable para reducir el déficit estructural de la CPS.
Coloe reclamó que las administraciones municipales transparenten su información fiscal utilizando criterios comparables.
“La mejor manera de buscar una salida es a través del diálogo, pero teniendo los números sobre la mesa y teniendo una realidad”, expresó.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con la interpretación de los recursos que ya son afectados al sostenimiento previsional.
Desde sectores municipales se cuestiona que existan mecanismos de financiamiento destinados a la Caja y que paralelamente Provincia reclame aportes y contribuciones.
El Gobierno sostiene que se trata de conceptos diferentes.
Por un lado existe un régimen general de financiamiento destinado a sostener la intransferibilidad de la Caja de Previsión Social.
Por otro, cada municipio tiene obligaciones propias como empleador: retener el aporte personal de sus trabajadores, transferirlo a la CPS y realizar además las contribuciones patronales correspondientes.
La discusión sobre este punto será determinante para resolver el conflicto.
Porque algunos sectores municipales consideran que existe una afectación previa de recursos destinada al sistema previsional, mientras Provincia sostiene que esa afectación no reemplaza las obligaciones laborales de cada comuna.
Irene Stur planteó que cualquier solución deberá atravesar inicialmente una instancia técnica.
“Primero hay que llegar a un acuerdo técnico”, señaló.
La funcionaria explicó que antes de alcanzar una negociación política deben conocerse las cuentas, establecerse las posibilidades reales de pago y determinar de qué manera cada municipio comenzará a cumplir con sus compromisos.
Según indicó, ese proceso ya está en marcha y Río Gallegos participó de reuniones donde intercambió información con Provincia.
Ahora quedaría pendiente una devolución municipal sobre algunos de los planteos realizados.
Stur introdujo además un elemento pocas veces considerado dentro de la discusión.
Cuando un trabajador municipal activo se jubila, deja de representar un salario para el presupuesto de la Municipalidad, pero pasa a convertirse en una obligación mensual de la Caja de Previsión Social.
“Cada jubilado municipal que pasa a la Caja de Previsión Social deja de ser trabajador activo para ser trabajador pasivo; la Municipalidad se oxigena porque paga un sueldo menos, a costo de que la Provincia se compromete aún más en el gasto previsional”, explicó.
El planteo vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de analizar el sistema como un conjunto.
Si los aportes corrientes no ingresan regularmente y simultáneamente aumenta la cantidad de beneficiarios, el déficit necesariamente termina creciendo.
El enfrentamiento político entre Provincia y Río Gallegos puede continuar, pero los números deberían permitir despejar buena parte de las acusaciones cruzadas.
Si el Gobierno provincial afirma que no realizó retenciones, debería ser posible verificarlo en las liquidaciones correspondientes.
Si Río Gallegos sostiene que sus recursos resultan insuficientes, también debería mostrar detalladamente sus ingresos y egresos.
Y si los trabajadores tuvieron descuentos previsionales y de obra social en sus recibos de sueldo, debería conocerse cuánto dinero fue retenido y cuánto efectivamente llegó a las cajas.
Ese último punto resulta especialmente importante para las organizaciones sindicales.
La defensa de los trabajadores no pasa solamente por garantizar que cobren sus salarios. También implica controlar que los recursos descontados de esos mismos salarios lleguen al sistema previsional y de salud para el cual fueron retenidos.
Provincia decidió poner sobre la mesa su propia lectura de las cuentas de Río Gallegos y sostiene que la comuna tiene capacidad para afrontar salarios y aportes sin que exista una retención provincial que comprometa su funcionamiento.
El Municipio mantiene una posición enfrentada y reclama una discusión más amplia sobre los recursos que reciben las comunas.
Ambas discusiones pueden convivir.
Santa Cruz puede debatir una nueva Ley de Coparticipación y revisar cómo distribuye sus recursos entre Provincia y municipios.
Pero esa discusión hacia adelante no debería impedir responder lo que ocurre actualmente.
¿Cuánto recibe Río Gallegos? ¿Cuánto recauda? ¿Cuánto descuenta a sus trabajadores? ¿Cuánto debe aportar como empleador? ¿Cuánto transfiere efectivamente a las cajas y dónde queda la diferencia?
Después de semanas de acusaciones políticas, esas respuestas pueden ser mucho más importantes que cualquier discurso.
Porque si, como sostiene el Gobierno provincial, “la plata sí está”, el debate ya no pasa únicamente por cuánto dinero recibe el Municipio.
Pasa también por explicar cómo se administra y cuál fue el destino de los recursos que debían garantizar los derechos previsionales y de salud de sus propios trabajadores.
