Denuncias de presión sobre municipales suman tensión al conflicto entre Río Gallegos y Provincia

La disputa política y financiera entre la Municipalidad de Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo luego de la movilización de trabajadores municipales hacia distintos organismos del Estado provincial.

En medio de la protesta comenzaron a trascender denuncias atribuidas a empleados comunales que aseguraron haber recibido presiones para participar de la convocatoria.

Según esas versiones, trabajadores habrían sido advertidos sobre eventuales descuentos salariales en caso de no concurrir e incluso mencionaron la confección de supuestas “listas negras” para identificar a quienes decidieran no acompañar la movilización.

Se trata de acusaciones de gravedad que, hasta el momento, deben mantenerse en el terreno de la denuncia mientras no exista documentación, actuaciones administrativas o judiciales que permitan acreditarlas.

Una movilización atravesada por el conflicto financiero

La protesta no puede analizarse de manera aislada.

Se desarrolla en momentos en que el Municipio de Río Gallegos y el Ejecutivo provincial mantienen una fuerte controversia respecto de los recursos municipales y, particularmente, de los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.

Desde el Gobierno provincial vienen cuestionando que la administración capitalina no transfiera regularmente determinados aportes y contribuciones.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, sostuvo que la Municipalidad tendría más de $45.000 millones disponibles, situación que vinculó directamente con recursos que no habrían sido girados a los sistemas previsional y de salud.

La afirmación fue rechazada desde el Municipio y profundizó el enfrentamiento político.

Robles salió a defender la administración de Grasso

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, respondió con dureza a los planteos provenientes del Gobierno provincial y defendió la administración encabezada por el intendente Pablo Grasso.

Robles cuestionó las declaraciones de funcionarios provinciales y trasladó la discusión directamente al terreno político, llegando incluso a desafiar a integrantes del Ejecutivo santacruceño a presentarse como candidatos a intendente si consideran que pueden administrar mejor la capital provincial.

Las declaraciones evidenciaron que la controversia dejó de ser exclusivamente financiera o administrativa para transformarse en una confrontación política abierta.

Petitorios ante Diputados y el Tribunal Superior

La movilización incluyó además la presentación de petitorios ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz y el Tribunal Superior de Justicia.

El Municipio busca llevar su posición a diferentes poderes del Estado en momentos en que la discusión por los recursos y las obligaciones previsionales adquirió también una dimensión judicial.

Precisamente, uno de los puntos centrales del conflicto pasa por determinar bajo qué condiciones pueden efectuarse retenciones sobre recursos que corresponden a las municipalidades cuando existen deudas con los organismos provinciales.

Una denuncia que necesita ser esclarecida

Pero más allá de la disputa económica entre Provincia y Municipio, las acusaciones formuladas por trabajadores agregan un elemento diferente.

Si efectivamente existieron amenazas de descuentos salariales o mecanismos destinados a identificar y eventualmente sancionar a empleados que decidieran no participar de una movilización política o institucional, el episodio requeriría explicaciones por parte de las autoridades correspondientes.

Del mismo modo, la gravedad de la acusación exige distinguir entre denuncias y hechos comprobados.

Hasta que existan elementos que permitan determinar qué ocurrió, no corresponde presentar como acreditada la existencia de “listas negras” ni afirmar que todos los trabajadores movilizados fueron obligados a participar.

Lo que sí queda expuesto es un clima de creciente tensión dentro de una disputa que involucra millones de pesos, aportes previsionales, recursos municipales y una confrontación política cada vez más profunda entre la administración de Pablo Grasso y el Gobierno de Santa Cruz.

Una pelea institucional que ahora suma un interrogante particularmente sensible: si los trabajadores que participaron de la movilización lo hicieron voluntariamente o si, como denuncian algunos empleados, existieron presiones para garantizar su presencia en las calles.