Patagonia NexoLa confrontación entre el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos dejó de girar solamente alrededor de declaraciones políticas. Ahora la discusión se trasladó directamente a los números.
El ministro de Economía provincial, Ezequiel Verbes, salió al cruce del argumento sostenido desde la gestión del intendente Pablo Grasso respecto del impacto que podría generar sobre las finanzas municipales el cumplimiento de las obligaciones con las cajas provinciales.
Para el funcionario, los recursos existen y alcanzarían para afrontar simultáneamente los salarios, los aportes y contribuciones y los gastos de funcionamiento.
“Sí pueden pagar salarios, pueden pagar las cajas y queda para el funcionamiento”, aseguró.
El planteo provincial toma como referencia información atribuida a las propias planillas presentadas por el Municipio de Río Gallegos.
De acuerdo con esos datos, entre enero y mayo la administración municipal habría registrado ingresos por $68.572,6 millones, compuestos por aproximadamente $32.870 millones provenientes de coparticipación y más de $35.700 millones correspondientes a recursos propios.
Para el cierre del primer semestre, los ingresos proyectados alcanzaron los $82.848 millones: $39.740 millones por coparticipación y $43.108 millones provenientes de recaudación propia.
Frente a esos recursos, la masa salarial acumulada al 30 de junio —incluyendo el Sueldo Anual Complementario— habría alcanzado los $37.340 millones.
Sobre esa diferencia se apoya buena parte del cuestionamiento del Ejecutivo provincial.
Según el análisis difundido desde Provincia, aun contemplando el pago de aportes y contribuciones correspondientes, el Municipio habría contado con un remanente superior a los $27.000 millones para atender otros gastos de funcionamiento.
La Provincia sostiene además que, al no haberse transferido determinados aportes y contribuciones reclamados, el margen financiero efectivamente administrado durante esos seis meses habría superado los $45.000 millones.
Verbes fue categórico al ser consultado sobre la posibilidad de que el cumplimiento de esas obligaciones pudiera comprometer los haberes municipales.
“No, no está en riesgo”, respondió.
Ante la pregunta sobre si Río Gallegos tiene capacidad económica para pagar salarios y al mismo tiempo cumplir con las cajas, insistió: “Sí, por supuesto”.
La afirmación confronta directamente con uno de los principales argumentos instalados alrededor de la disputa entre el Municipio y el Gobierno provincial.
Para Economía, no existiría una disyuntiva entre pagar los salarios o transferir los recursos correspondientes al sistema previsional y de salud.
Verbes también vinculó la discusión financiera con la movilización convocada para este jueves.
El ministro cuestionó el argumento de un eventual descuento sobre la coparticipación y sostuvo que esa afectación, al momento de sus declaraciones, no se habría producido.
Además, interpretó que las propias consignas utilizadas para convocar a la protesta contradicen el planteo sobre una supuesta imposibilidad económica para afrontar las obligaciones.
Según Verbes, al sostener que defender la coparticipación significa proteger recursos destinados a obras y servicios, el Municipio estaría admitiendo que luego de pagar los salarios existe disponibilidad para otros gastos.
“Están reconociendo que alcanzan a pagar salarios y les sobra”, afirmó.
Otro punto especialmente sensible de la discusión está relacionado con los aportes retenidos directamente de los salarios municipales.
Verbes remarcó que esos recursos no forman parte del dinero de libre disponibilidad de ninguna administración.
“Ese dinero no es ni del municipio ni de la provincia”, sostuvo.
El ministro explicó que se trata de fondos con un destino específico relacionado con el sistema jubilatorio y la cobertura de salud de los trabajadores.
También puso especial énfasis en las retenciones destinadas a la obra social y afirmó que esos recursos deben llegar efectivamente a la Caja de Servicios Sociales.
La discusión adquiere así otra dimensión: ya no se trata únicamente de cuánto dinero recibe o recauda el Municipio, sino también del destino de los montos descontados a los propios empleados.
El Gobierno provincial busca instalar ahora un interrogante sobre la administración de los fondos municipales.
Si los números presentados muestran ingresos por $82.848 millones durante el primer semestre y una masa salarial de $37.340 millones, Provincia sostiene que existe margen para cumplir con salarios, aportes, contribuciones y funcionamiento.
Desde esa interpretación surge la pregunta que el Ejecutivo coloca en el centro de la controversia: si los recursos alcanzaban, por qué no se realizaron las transferencias reclamadas y cuál fue el destino del dinero disponible.
Se trata de una discusión que seguramente tendrá respuesta política desde el Municipio y que podría profundizar todavía más el enfrentamiento entre ambas administraciones.
El conflicto entre Provincia y Río Gallegos atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión.
A las declaraciones cruzadas, la discusión judicial y las movilizaciones se suma ahora una batalla alrededor de las cifras.
Desde el Gobierno provincial aseguran que los propios números municipales contradicen la idea de que cumplir con las cajas pondría en riesgo los salarios. Desde el sector conducido por Grasso, la discusión gira alrededor de la defensa de los recursos municipales y las consecuencias que podrían generar eventuales afectaciones sobre la coparticipación.
Verbes reclamó que el debate se produzca sobre información verificable.
“Pedimos desde la Provincia la máxima responsabilidad a todos los funcionarios de tener cuidado e informar correctamente y de manera transparente”, concluyó.
Con las cuentas sobre la mesa, la disputa entra ahora en un terreno más concreto: determinar cuánto dinero ingresó, cuánto se utilizó para salarios, qué obligaciones quedaron pendientes y cuál fue finalmente el destino del resto de los recursos municipales.
