Patagonia NexoLa Cámara Federal confirmó el cierre definitivo de la causa que investigaba las contrataciones de 417 trabajadores en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), realizadas durante la intervención de Omar Zeidán en los últimos días de 2019. Los jueces consideraron que no se acreditó daño patrimonial ni la comisión de delitos contra la administración pública.
La investigación se había iniciado tras la denuncia impulsada posteriormente por el entonces interventor Aníbal Fernández, quien al asumir resolvió revocar esas designaciones al calificarlas como “ilegítimas”. Según su planteo, las incorporaciones a planta permanente se habían concretado el 29 de noviembre de 2019, días antes del cambio de gestión, y estaban justificadas en supuestas inversiones y necesidades operativas que —según sostuvo— no se correspondían con la situación real del complejo minero.
Desde la nueva intervención se argumentó que la empresa atravesaba un contexto de crisis, con actividad limitada por conflictos laborales y dificultades operativas, y se indicó que muchas de las designaciones no correspondían a perfiles técnicos o productivos. En ese marco, se resolvió dejar sin efecto las incorporaciones, lo que dio origen al conflicto conocido como “los 417”.
Sin embargo, en el análisis judicial posterior, los camaristas Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que la pericia contable no logró demostrar que esas contrataciones hubieran provocado un perjuicio económico concreto al Estado. También valoraron que durante la gestión investigada YCRT terminó con 497 trabajadores menos que al inicio, que el plan de retiros voluntarios generó ahorros y que las incorporaciones podían estar vinculadas a necesidades operativas y a las exportaciones de carbón realizadas en 2019.
De esta manera, el tribunal concluyó que no se configuraban los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad ni incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que confirmó el cierre definitivo del expediente penal.
Pese a esta resolución, la situación de los trabajadores alcanzados por la revocación de sus designaciones continúa abierta. Muchos de ellos presentaron recursos jerárquicos administrativos y sostienen que, ante la falta de respuesta formal, pueden avanzar con acciones judiciales para reclamar su situación laboral. Así, mientras la Justicia dio por cerrada la causa penal vinculada a las contrataciones durante la intervención de Zeidán, el impacto del conflicto laboral derivado de la decisión posterior mantiene vigencia en el ámbito administrativo y judicial.
