Mientras crecen las tensiones internas en el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura provincial se dispone a tratar la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General, una medida que apunta a cerrar una herida institucional que persiste desde hace casi tres décadas.
Destacadas05 de octubre de 2025
Patagonia Nexo
El Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Internamente dividido, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) vive una escalada de conflictos que se agudiza con la falta de consenso entre sus miembros y la disputa por la legitimidad de las recientes ampliaciones. A esto se suma un hecho de alto impacto político e institucional: el tratamiento legislativo del proyecto que busca restituir al Dr. Eduardo Sosa como Procurador General de la provincia.
Durante el pasado fin de semana, la presidenta del TSJ, Renee Fernández, mantuvo encuentros con tres vocales del cuerpo: Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta. Se trata de los mismos magistrados que impulsaron el apartamiento del expresidente del organismo, Daniel Mariani, y que no reconocen como válidos los nombramientos de Sergio Acevedo y José González Nora como nuevos integrantes del Tribunal. La ausencia de estos últimos —junto a la de Mariani— en las recientes reuniones, deja a la vista una fractura institucional que debilita la imagen del máximo órgano judicial.
En este contexto tenso, la Cámara de Diputados provincial celebra este lunes una sesión extraordinaria para abordar el proyecto presentado por el oficialismo que propone reponer a Eduardo Sosa en el cargo del que fue removido en 1995 durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador. La iniciativa no solo busca devolverle a Sosa el lugar que le fue quitado injustamente, sino también reparar una deuda pendiente con el sistema republicano de gobierno.
El propio Sosa calificó esta propuesta como un acto simbólico e institucional de alto valor. En declaraciones radiales, remarcó que esta decisión representa una oportunidad de cerrar una etapa oscura para el Poder Judicial de Santa Cruz, y se manifestó dispuesto a asumir el cargo, “siempre que pueda ser útil en un momento de crisis en la cúspide judicial”.
Desde un punto de vista jurídico, el proyecto se fundamenta en sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —particularmente las dictadas en 2009 y 2010— que ordenaron su restitución, nunca efectivizada. Ahora, bajo la gestión del gobernador Claudio Vidal, se busca saldar ese mandato judicial, no solo por justicia personal, sino como señal institucional de respeto a la Constitución.
Más allá del acto reparador, la eventual vuelta de Sosa al cargo pone nuevamente en primer plano el rol del Procurador General, figura clave como jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, y primera opción para integrar el TSJ en caso de vacantes o licencias.
Hoy, lo que está en juego va más allá de un nombramiento. Se trata de una oportunidad histórica para que Santa Cruz demuestre que puede cerrar ciclos de arbitrariedad y avanzar hacia un Poder Judicial más sólido, independiente y respetuoso de la legalidad. La restitución de Sosa, si se concreta, no solo responderá a una sentencia judicial incumplida, sino también a una necesidad urgente de legitimidad institucional.
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