Por estas horas, la provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis de tensión institucional y política, centrada en el bloqueo de la Ley N° 3949 por parte del kirchnerismo y sus aliados en el ámbito judicial.
Info. General22 de septiembre de 2025
Liliana Galimberti
Por Hector Barabino
Por estas horas, la provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis de tensión institucional y política, centrada en el bloqueo de la Ley N° 3949 por parte del kirchnerismo y sus aliados en el ámbito judicial.
Esta norma, aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Legislatura provincial con mayoría oficialista, busca ampliar de cinco a nueve el número de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El amparo presentado por el gremio de empleados judiciales, al que hizo lugar el juez Marcelo Bersanelli del Juzgado Civil N° 1 de Río Gallegos, declara la medida "admisible" y ordena a la Cámara de Diputados abstenerse de avanzar en el tratamiento de las ternas enviadas por el Ejecutivo.
El fallo invoca "gravedad institucional", argumentando que la ampliación es "irrazonable e incompatible con el sistema republicano de división de poderes".¿Es exagerado este número de miembros? Sí, por más que el gobierno provincial lo justifique con el crecimiento poblacional de Santa Cruz, que ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas.
Sin embargo, ¿se justifica sumar vocales cada diez o veinte años por motivos demográficos? No, ni ahora ni en el pasado. En 1995, el entonces gobernador Néstor Kirchner elevó de tres a cinco miembros del TSJ con idéntico argumento, un precedente que hoy se critica como el inicio de una dinámica de politización judicial.
Desde la perspectiva del gobierno de Claudio Vidal, la ley pretende restaurar la institucionalidad en una justicia "parcial y partidaria", que durante décadas garantizó impunidad mutua entre jueces y el kirchnerismo. En contraste, la oposición —liderada por Unión por la Patria (UxP)— sostiene que el objetivo es poblar el TSJ con afines al gobernador para blindarlo contra futuras denuncias.
Esta hipótesis no es infundada: el propio Kirchner recurrió a tácticas similares en los '90.De las 12 ternas remitidas por el Ejecutivo, emergen nombres de funcionarios actuales, allegados a Vidal y figuras poco conocidas en el ámbito judicial.
Entre ellas destaca Sergio Acevedo, exvicegobernador y actual diputado nacional, quien en sus 20 meses en el cargo ha votado según convicciones personales, incluso en contra de las presiones del oficialismo provincial.
Del expulsado procurador Eduardo Sosa al vocal Fernando Basanta: una línea de degradación
El punto de inflexión data de 1995, cuando el gobierno kirchnerista expulsó inconstitucionalmente al procurador Eduardo Sosa, percibiéndolo como un obstáculo a sus designios. Esta remoción, calificada como un "brutal avasallamiento" por observadores internacionales, generó un litigio de dos décadas que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la cual ordenó su restitución en múltiples fallos —incluyendo en 2020—, sin que se cumpliera.
El caso Sosa no solo costó millones en juicios al erario público, sino que marcó el comienzo de una erosión institucional en Santa Cruz.
Posteriormente, el mismo gobierno reformó la Constitución provincial vía plebiscito en 1998 —un mecanismo controvertido que Kirchner usó para habilitar la reelección indefinida del gobernador—, introdujo la figura del "diputado por pueblo" para diluir la representación parlamentaria y, como remate, instauró la Ley de Lemas en 1988, un sistema electoral que facilitó el dominio peronista-kirchnerista por más de 30 años y fue derogado recién en junio de 2024.
Estos cambios, enmarcados en un "espíritu albertista" de concentración de poder, desvirtuaron los equilibrios republicanos.
Lo que siguió fue una cascada de irregularidades judiciales: nombramientos de amigos, parientes y militantes sin méritos más allá de la lealtad, convirtiendo la justicia en un engranaje del poder ejecutivo. Si trazamos una cronología, desde la expulsión de Sosa en 1995, pasando por la entronización de Carlos Zannini como vocal y presidente del TSJ en 2000 —sin concurso ni los requisitos constitucionales exigidos—, hasta la designación de Fernando Basanta como vocal en septiembre de 2022 —también cuestionada por incumplir formalidades constitucionales y rechazada en un amparo por el TSJ en septiembre de 2025—, emerge un patrón claro de degradación.
Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, ha sido señalado por Vidal como uno de los "operadores judiciales" detrás del reciente fallo de Bersanelli, profundizando la percepción de un "golpe judicial" orquestado por Cristina y Máximo Kirchner.
Este historial no niega la existencia de jueces y fiscales con vocación republicana en Santa Cruz —hay ejemplos notables de integridad—, pero los cargos clave han estado dominados por incondicionales, explicando la baja calidad institucional de la provincia que dio dos presidentes a la Nación.
Judiciales en contra: ¿críticas genuinas o hipocresía?
El amparo del gremio judicial, respaldado por UxP, resalta la "gravedad institucional" de la Ley 3949. Críticas similares provienen de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, el diputado Pedro Muñoz (ARI) —quien se abstuvo en la votación— y otros opositores con trayectoria en la defensa de las instituciones. Estos argumentos son atendibles: la norma choca con principios republicanos y carece de proporcionalidad.
Sin embargo, que emane del kirchnerismo —arquitecto de atropellos como la reelección indefinida y la ley de lemas— resulta en una "histriónica simulación". Tras 30 años de erosión de la división de poderes, esta oposición selectiva huele a defensa del status quo.
El costo económico: ¿derroche actual o histórico?
Otro reparo es financiero: incorporar cuatro vocales más sus secretarios implicaría unos 4.500 millones de pesos anuales, en un contexto de crisis social.
El diputado Eloy Echazú (UxP) escandalizó por sueldos superiores a 14 millones mensuales por vocal, en un Poder Judicial con 1.600 agentes.
Coincidiendo en que es un gasto elevado e innecesario, ¿no fue un derroche mayor sostener un sistema judicial que priorizó la custodia de intereses gubernamentales sobre la persecución de corrupción? El caso Sosa solo en litigios costó décadas y potenciales resarcimientos millonarios. ¿Y el encubrimiento de denuncias contra funcionarios, como las del IDUV bajo Pablo Grasso —con irregularidades en adjudicaciones de lotes en 2024-2025, que derivaron en denuncias penales por administración fraudulenta—?
¿O la causa Vialidad, que expuso sobreprecios, obras inconclusas y triangulaciones de fondos nacionales en rutas santacruceñas, con perjuicios al erario que hoy obliga a la provincia a refaccionar con recursos propios?Ampliar el TSJ para "equilibrar" la justicia no es el camino más elegante hacia la transparencia.
Existen vías constitucionales mejores: fortalecer concursos meritocráticos, despolitizar el Consejo de la Magistratura (extendiendo su alcance a vocales superiores) y hacer participativa la selección de magistrados, involucrando a actores del fuero.
La diputada Rocío García (UxP) propuso incluso la elección popular de jueces, cuestionando su vitalicio. Los juríes de enjuiciamiento, ideales en teoría, han fallado en la práctica —como en el intento contra René Fernández—.En este panorama, optar por la ampliación expone al Ejecutivo a un poder corporativo que defiende su feudo con uñas y dientes.
El fallo de Bersanelli lo ilustra: un magistrado alineado con el viejo régimen frena reformas que, aunque imperfectas, buscan sanar lo que décadas de feudalismo judicial rompieron.
La salud institucional de Santa Cruz es grave, y curarla exige indagar causas profundas —sin negarlas—. Solo así se construirá una justicia al servicio de la República, no de los intereses partidarios.
Fuente: winfo.ar
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