Bucci denuncia la injerencia kirchnerista: cuando la política partidaria envenena los reclamos legítimos

 Con duras críticas a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y un entramado de jueces aliados, Bucci acusa a la oposición de "mezclar banderas partidarias" en los reclamos salariales de salud y educación, transformando protestas genuinas en herramientas de caos político contra el gobernador Claudio Vidal.

No se trata de deslegitimar el enojo de trabajadores que enfrentan una inflación galopante y un presupuesto provincial estrangulado por la caída de la recaudación. "Entendemos el enojo de la gente", aclaró Bucci, "pero es inaceptable que se armen banderas en una unidad básica del kirchnerismo para ir a una protesta". Esta imagen, evocadora de la instrumentalización de la militancia, ilustra el grado de politización que, según el funcionario, agitan sectores opositores para generar inestabilidad. "Hay sectores que están involucrados, que agitan las aguas y después aparecen medios que trabajan para un solo lado", advirtió, señalando una maquinaria mediática que amplifica el descontento selectivamente.

La polémica se centra en los paros docentes, que acumulan más de 43 días de interrupción pese a que el gobierno ha cumplido con la cláusula gatillo. Bucci defendió la gestión de Vidal con cifras contundentes: desde su asunción, el sector docente recibió un aumento del 266%, un 103% por encima de la inflación acumulada. 

En contraste, los ocho años de Alicia Kirchner dejaron un "ajuste feroz", con salarios estancados y un Poder Ejecutivo que priorizó el clientelismo sobre la equidad. "El kirchnerismo está desesperado porque nunca había estado sin la teta del Estado, y hoy buscan resistir y generar caos", disparó el vocero, pintando un retrato de una oposición acorralada que recurre al sabotaje social para recuperar influencia.

Pero el núcleo del conflicto trasciende los salarios: es la intersección con la crisis judicial que azota la provincia. Bucci vinculó directamente el reciente fallo del juez Marcelo Bersanelli —que frenó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve vocales— con esta estrategia desestabilizadora. "Lo que hizo Bersanelli es de una enorme gravedad institucional. No puede sustituir a los representantes elegidos por el pueblo. Siempre actuó como engranaje del kirchnerismo", afirmó.

 Bersanelli, pariente político de Máximo Kirchner y exabogado de Cristina, encarna para el gobierno la cooptación judicial que ha blindado causas de corrupción durante décadas. "¿Cuántos condenados hubo en la provincia? Muy pocos, porque siempre estuvo cooptada", cuestionó Bucci, recordando fallos previos del magistrado: desestimó pedidos de acceso a información pública y se opuso a la normalización de la Caja de Servicios Sociales, siempre alineado con el viejo régimen.

En este marco, la Ley 3949 de ampliación del TSJ —aprobada por mayoría legislativa— no es un capricho, sino un intento de restaurar equilibrios en un Poder Judicial heredado de 30 años de hegemonía kirchnerista. Frente a las críticas de "inconstitucionalidad" y "gasto excesivo", Bucci fue tajante: "No hay nada fuera de la ley. Se está haciendo lo que la Constitución permite. Las mayorías gobiernan. Hay que tomar decisiones, aunque a muchos no les guste. Lo democrático también es decidir". Santa Cruz, con su historial de impunidad —desde el caso Sosa hasta las triangulaciones en Vialidad—, clama por una justicia renovada. "Necesita una justicia distinta, porque así como está no hay condenas por corrupción. El cambio tiene que hacerse de arriba hacia abajo", concluyó el vocero.

La denuncia de Bucci no es solo un contraataque retórico: expone el dilema de una provincia atrapada entre reclamos sociales legítimos y una oposición que los secuestra para fines partidarios. En un momento en que el déficit fiscal aprieta y la inflación erosiona, el gobierno debe navegar con transparencia, priorizando el diálogo sobre la confrontación. 

Pero la oposición, en lugar de proponer alternativas constructivas, opta por el caos. Santa Cruz merece mejor: una política que eleve los reclamos salariales a soluciones colectivas, y una justicia que juzgue hechos, no lealtades. Solo así se curará la "gravedad institucional" que, irónicamente, el kirchnerismo ahora invoca para perpetuar su influencia.

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