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CGT: «No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo»

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Felipe Yapur

Por Felipe Yapur

El decálogo de medidas restrictivas que leyó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, que incluyó una devaluación del peso superior al 100 por ciento, fue rechazado de plano por la CGT. El consejo directivo de la central obrera realizó un encuentro de emergencia cuando ya comienzan a sentirse los primeros efectos negativos del anuncio del gobierno de Javier Mieli. Tras un debate, que fue considerado como bueno y aglutinador, emitieron un documento donde afirman que «el ajuste lo paga el pueblo». Los dirigentes gremiales advierten que «la fuerte aceleración del proceso inflacionario» ya está provocanco una veloz «pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria».

El encuentro estaba previsto desde antes de la asunción de Milei, solo estaban esperando que se realicen los anuncios económicos. Ya en su momento la CGT había dicho que no estaban dispuestos a resignar ninguno de los derechos laborales conquistados. Luego del video de Caputo decidieron reunirse en la sede de la Uocra, el gremio de la construcción que dirige Gerardo Martínez. 

Tras el debate, que uno de los triunviros calificó de «bueno», se acordó que la CGT «no se quedará de brazos cruzados», tal como reza en el documento dado a conocer una vez terminado el encuentro. Sin embargo, nada se dice sobre la posibilidad de recurrir a medidas de acción directa: «Recién llevan 72 horas al frente de gobierno», justificó uno de los presentes. Por si quedaban dudas, el triunviro Héctor Daer (sanidad), afirmó luego que «no habló de adoptar medidas de fuerza».

De hecho, el documento, que advierte sobre las consecuencias del ajuste sobre los argentinos y argentinas, afirma que es «imprescindible una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales». Daer lo aclaró luego al sostener que «no hay aún un interlocutor en el Gobierno. La CGT no sabe hacia dónde se va, ya que solo se dijo que habrá ajuste a través de medidas de una vaguedad absoluta».

«Estamos en estado de sesión permanente porque estamos preocupados. No vemos ningún plan económico, lo que vemos son medidas de ajuste desordenadas y nocivas con un alto nivel de improvisación», afirmó el dirigente canillita, Omar Plaini, una vez finalizada la reunión.

El documento

Los integrantes del consejo directivo se comprometieron a volver a encontrarse. Por ahora decidieron solo sentar posición a través del documento que titularon: «No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo».

El texto de la CGT sostiene que «el plan de ajuste fiscal y cambiario» lanzado por Milei a través de Caputo «no ajustarán a la denominada casta, como se prometió en la campaña electoral, sino que ese ajuste de Milei una vez más recaerá sobre el pueblo. Según los pronósticos de las autoridades económicas, las decisiones ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 por ciento al menos durante cuatro meses».

La central obrera afirmó que una manera de evitar «una situación socioeconómica desesperante», como la que ya generan las medidas anunciadas, es a través de la implementación de «una política de ingresos a través de la libre negociación paritaria y de estrategias activas compensatorias». 

Por ahora, el gobierno de Milei nada dijo sobre las paritarias aunque la decisión de funcionar con el Presupuesto 2023 anticipa un desmoronamiento de los salarios estatales.

En otro tramo del documento, los dirigentes gremiales señalaron que esas decisiones «ahogan a las provincias con recortes impositivos y procuran una transferencia de recursos de trabajadores y jubilados a la Nación ante la ausencia de una política de ingresos, implican además una fuerte paralización de la actividad económica y arriesgan cientos de miles de puestos laborales».

«El ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar los costos de manera inequitativa sobre la sociedad», señala el documento y advierte que «la central obrera no se quedará de brazos cruzados, porque la sociedad no asiste a un plan económico sino ante medidas desordenadas de ajuste».

Por último, el texto cegetista destaca y reivindica los 15 puntos programáticos que en su momento entregaron a los candidatos presidenciales que compitieron en el balotaje, donde remarcaban la defensa de la progresividad de los derechos laborales y sociales. 

Además de Martínez, Daer y Plaini, también participaron los otros dos triunviros, Pablo Moyano (camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria ), Sergio Palazzo (Bancarios), Armando Cavalieri (Comercio), Abel Furlán (UOM), Mario Calegari (UTA) y Jorge Sola (seguros), entre otros.


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El superávit, con la plata de las eléctricas 

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El presidente aseguró que “cuando vengan esos números, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con lo acumulado antes las cuentas siguen equilibradas”. 

El presidente Javier Milei confirmóque a mitad de año el Gobierno saldará la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a partir del “superávit financiero” generado en lo que va del año. Y admitió a la vez que el superávit se logró ahorrando esos pagos. 

En una entrevista radial, el mandatario aseguró que “los pagos de CAMMESA se van a hacer a mitad de año, en el mes de junio”, al momento de referirse a las deudas que permitieron consolidar el superávit fiscal, que fueron eje central de las críticas esbozadas este sábado por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Milei explicó que el pago se podrá afrontar ya que “a lo largo de lo que son los primeros cinco meses estamos generando mucho superávit financiero para compensar las partidas de CAMMESA y el pago de aguinaldos”. Y admitió aquí que “cuando vengan esos números, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con lo acumulado antes las cuentas siguen equilibradas”.

El Gobierno le había adelantado a las Productoras de Gas y a los Generadores de Electricidad, a fines de la semana pasada, una propuesta para cancelar las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024 mediante la entrega de títulos públicos por un monto aproximado de 600 millones de valor nominal. Además, en la reunión encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se les comunicó a las operadoras que, a partir de febrero, los flujos están siendo normalizados.

Desde la cartera económica sostuvieron que “mediante la resolución de las deudas generadas por la política energética de la administración previa y la normalización del flujo, el Gobierno Nacional confía en que el sector pueda enfocarse, con estabilidad y previsibilidad, en mejorar el servicio para los usuarios”.

Una deuda millonaria

La deuda del Estado con las generadoras eléctricas ya roza los 1.300 millones de dólares en el primer trimestre, mientras que a las productoras de gas se les adeuda otros US$900 millones, según fuentes del sector e informes enviados a la Comisión de Valores.

De este modo, El Poder Ejecutivo debería cubrir con transferencias la diferencia que hay entre el costo de generación de la energía y el que pagan efectivamente los usuarios, pero no lo está haciendo. Esos envíos deberían girarse a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la empresa que administra el suministro mayorista eléctrico y con las productoras de gas, a través de programas de subsidio como el Plan Gas.

Según la consultora Economía y Energía, en el primer trimestre del año la cantidad de subsidios devengados a estos sectores clave en la cadena de suministro de energía a lo largo del primer trimestre del 2024 fue 71% menos en comparación con el mismo lapso del año pasado.

“En el primer trimestre se devengaron subsidios al sector energético por 666 millones de dólares, un 71% menos que en idéntico período del año anterior. La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros”, plantearon desde esa consultora.

Esas obligaciones se van acumulando y ponen presión sobre las cuentas fiscales del Estado nacional, que puede abultar la cuenta de deuda flotante compuesta por pagos atrasados que consta de la diferencia entre los gastos devengados y los que son efectivamente pagados. Este compromiso de pago, según el presidente, se hará recién en junio. 


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