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Una decisión que generó un cimbronazo en el PRO y el festejo en los radicales

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Werner Pertot

Por Werner Pertot

Horacio Rodríguez Larreta se jugó a unificar las elecciones internas a jefe de Gobierno porteño junto con las PASO nacionales y con un sistema de votación nunca usado antes. Esta expresión de “independencia” de la mano rectora de Mauricio Macri generó un cimbronazo que el PRO no logró evitar y mucho menos disimular. El expresidente reconoció que esto le provocó “una profunda desilusión”. María Eugenia Vidal endureció su discurso y habló de una «ambición personal» que deslegitima a JxC. Menos sentimental, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al jefe de gobierno porteño de «manipular las reglas electorales». Los únicos contentos fueron los radicales que festejaron el anuncio porque consideran que la decisión beneficia al candidato de la UCR, Martín Lousteau. Elisa Carrió también se congratuló y respaldó a Larreta. Lo cierto es que la pelea recién comienza y poco se sabe de cuánto afectará o no a la perfomance electoral de Juntos por el Cambio y el futuro de los candidatos que Larreta apoya tanto en su distrito como en la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno anunció que las elecciones, tanto internas como generales, se harán en las mismas fechas que indica el cronograma electoral nacional, pero con otro sistema de votación (por voto electrónico) que implicará que los cargos nacionales y porteños se votarán por separado.

Macri sabía de esa posibilidad y había intentado acorralar a Larreta con una serie de declaraciones públicas el domingo en que le se oponía a este sistema de votación y sostenía que era un cambio en las reglas electorales, algo muy poco PRO. Desde el larretismo, ya le habían recordado que él cambió las reglas en 2019 para juntar las elecciones porteñas con las nacionales, en beneficio propio. Ante ese escenario, Larreta tenía dos opciones: ceder ante Macri y quedar como un «candidato títere» o romper con su antiguo líder. Optó por esta última.

Ruptura concurrente

En el mensaje que transmitió por las redes sociales recordó que la fecha y el modo de votación son potestades del jefe de Gobierno. «Quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año», afirmó. «Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015«, le recordó al expresidente, que ahora se opone a usar ese sistema de votación. Larreta también le hizo hacer memoria sobre cómo había intentado imponer el voto electrónico a nivel nacional. Tuvo la gentileza de olvidar que no lo consiguió, por falta de votos. Tampoco le convenía recordar mucho ese debate, donde se expusieron las serias debilidades de un sistema de voto electrónico.

Lo cierto es que las personas que vayan a votar en la Ciudad se encontrarán con dos sistemas: uno con boleta sábana y sobre para los cargos nacionales y otro con una pantalla táctil para los cargos porteños. Y habrá que votar con ambos.

«La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad», planteó como una forma de defender la separación de las elecciones. Y dijo que se iba a elegir el candidato del PRO, aunque en el Gobierno porteño está todo en duda: incluso que haya un solo candidato del PRO.

Tras el mensaje, Larreta tuvo un encuentro con su ministro de Gobierno, Jorge Macri, quien será el encargado de organizar la elección y se había pronunciado en contra. Es, además, el candidato que el expresidente quiere imponer para el distrito. Se juntaron una hora en el Teatro Colón. Solo dijeron que fue una «buena reunión». En tanto, los dos candidatos a jefe de Gobierno del larretismo, Soledad Acuña y Fernán Quirós, salieron a defender la decisión.

Cascotazos PRO

Los dirigentes del PRO que responden a Macri (además del propio ex presidente) no dudaron en cuestionar la decisión de Larreta casi en términos morales. «El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada», le lanzó Vidal, hasta hace no tanto aliada de Larreta y ahora espalda con espalda con Macri.

El ex presidente retuiteó a Vidal y agregó: «Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión». Macri, evidentemente, sabía de la decisión de Larreta y por eso comenzó a presionarlo el domingo, cuando dijo que Larreta jamás haría una cosa así porque iba contra los valores del PRO. La pregunta es, ¿para qué? ¿para evidenciar la ruptura y hacerle pagar un costo político? ¿O se está preparando Macri para anunciar que respalda públicamente a otra candidata, que sí representa los valores del PRO?

Quien busca ese favor del expresidente es Patricia Bullrich, que desempolvó un video donde se lo escucha a Larreta decir que cambiar las reglas en pleno año electoral es hacer trampa: «La coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar», le contestó.

Desde el larretismo, le respondieron que no cambiaron las reglas electorales, porque la posibilidad de hacer elecciones concurrentes ya figuraba en las leyes actuales.

A los críticos se sumó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, quien le apuntó a Larreta: «Cambiar las reglas de juego a último momento va en contra de los principios que siempre defendimos con el PRO. No está bien».

Aliados a favor

Si los principales dirigentes del PRO lo castigaron a Larreta por esta decisión, tanto los radicales como Elisa Carrió lo respaldaron. Esto solo alimenta la teoría de Bullrich de que Larreta ya cerró un acuerdo para que Lousteau sea el próximo jefe de Gobierno.

La UCR celebró la decisión en un comunicado de su Comité Nacional (no del porteño). Su titular, Gerardo Morales, dijo: «La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional». También Julio Cobos y otros referentes del radicalismo respaldaron a Larreta. Entre ellos, Lousteau: «Horacio tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia». Algunos le recordaron que, en otros tiempos, había planteado dudas sobre el voto electrónico. También apoyó a Larreta el socialista Roy Cortina.

Carrió envió a sus principales dirigentes a expresar su respaldo. El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, escribió: «Defender el cambio significa no cambiar las reglas del juego. Pertenecer a un espacio democrático tiene por ley inobjetable, cumplir la ley. Luchamos muchos años contra los males de la boleta en papel, las listas sábana, las colectoras, los robos en el cuarto oscuro. La boleta única es una herramienta que da mayores garantías al proceso electoral, ir contra eso es ir contra todos los principios que defendemos«. Es decir, acuso a Macri y compañía de ser los que estaban vulnerando los valores.

¿Cómo queda Juntos por el Cambio después de esto? ¿Y el PRO? Nadie se animaba a pronosticar un escenario futuro. Quedó claro que se consolidaron dos bloques: Larreta con la UCR y Carrió de un lado, y Macri-Bullrich-Vidal del otro.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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