Conectarse con nosotros

NACIONALES

Reclaman derogar la Ley de Manejo del Fuego que fue impulsada por Máximo Kirchner

Publicado

el



La iniciativa es impulsada por Gerardo Milman, diputado cercano a Patricia Bullrich. A su entender, la norma aprobada en diciembre de 2020 «presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario»

Un grupo de diputados nacionales de la oposición encabezados por Gerardo Milman (PRO) presentaron un proyecto para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego sancionada a fines de 2020 con el impulso del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que prohíbe el cambio de la actividad desarrollada en los campos afectados por incendios.

En el marco de la catástrofe ígnea que está arrasando vastas superficies naturales y productivas de la provincia de Corrientes, Milman busca dejar sin efecto la iniciativa que, a su entender, «presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario».

«Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas”, expresó el diputado del PRO en su cuenta de Twitter.

Para el legislador que responde al espacio comandado por Patricia Bullrich, la ley vigente no contempla que «los incendios pueden ser provocados por otros factores como los naturales (cambio climático, sequía, etc.)»

«Por eso, esta Ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación», remató Milman en su publicación.

En realidad, el texto de la norma no habla de presunción de culpabilidad de los tenedores de tierras cuando se produce un incendio pero sí estipula que «no se podrá cambiar el uso» de las zonas afectadas «para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo destino» que tenían al momento del siniestro.

En este sentido, la ley fija un plazo de 60 años para «los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales» y de 30 años cuando se trate de una zona agrícola, donde tampoco se podrá modificar la actividad previa al incendio.

El proyecto de derogación de la ley 27.604 encabezado por Milman es confirmado por Fernando Iglesias, Waldo Wolff, José Luis Espert, Omar de Marchi, Gabriel Chumpitaz, Soher El Sukaria, Victoria Morales Gorleri, Alfredo Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos, entre otros legisladores.


NACIONALES

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

Publicado

el


El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


Seguir leyendo

Más leídas - últimas 48Hs.