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«Pacto de Mayo»: Javier Milei se cruza con los primeros obstáculos

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El Gobierno confirmó que no habrá un gran encuentro con todos los jefes provinciales, sino que harán dos o tres «reuniones grupales». Pullaro, Torres y Llaryora anticiparon sus críticas al «alivio fiscal» y la restitución de Ganancias.

Las negociaciones por el «Pacto de Mayo» aún no arrancaron y ya empiezan a tambalear. El puntapié inicial, que consistía en reunir a todos los gobernadores el próximo viernes en Casa Rosada, se fue afuera. Al pasar lista de los asistentes, el Gobierno se dio cuenta que entre problemas de agenda y rechazos muchas sillas iban a quedar vacías. Para evitar papelones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, avisó que harán «dos o tres reuniones» con distintos grupos de jefes provinciales y que se extenderán hasta la semana que viene. Las futuras conversaciones, además, empezaron a sumar los primeros cuestionamientos de mandatarios aliados: el chubutense Ignacio Torres, el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora pusieron en jaque el toma y daca que ofrece Javier Milei para mejorar los ingresos de las provincias a cambio de aprobar una reversión de la Ley Bases.

Foto fallida

Las invitaciones a los gobernadores todavía no fueron enviadas. En Presidencia tienen más dudas que certezas sobre cómo se desarrollarán los primeros contactos. El domingo se habló de recibirlos «en grupos» para explicarles en qué consiste la invitación que les realizó Milei en la apertura de las sesiones ordinarias. El lunes esa idea quedó descartada y se oficializó a través de un comunicado que la convocatoria alcanzaba a todos los mandatarios para el día viernes. El objetivo era lograr la foto más amplia posible e incluso se especulaba con la participación del Presidente. Sin embargo, el Gobierno se puso a sumar asistentes, los números no cerraron y se vio obligado a recalcular. «Hay algunos que están afuera del país, hay otros que no están y otros que he escuchado que no quieren venir. Así que seguramente haremos dos o tres reuniones», aclaró Francos con tono de resignación.

En la lista de ausentes figuraban el sanjuanino Marcelo Orregó y el mendocino Alfredo Cornejo, que se encuentran participando de una exposición minera en Canadá. Con esa excusa, el ministro del Interior reformuló la convocatoria y anunció que además del viernes habrá reuniones el lunes, martes y miércoles de la semana próxima. La intención es poder recibirlos más adelante a todos juntos y concretar la ansiada foto grupal. “Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo y darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de Argentina y simultáneamente conversaremos sobre un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos”, subrayó Francos.

Primeros obstáculos

Si bien las nuevas conversaciones aún no comenzaron, Torres, Pullaro y Llaryora anticiparon que llegar a un acuerdo no será nada sencillo.

En medio de la asfixia financiera del Ejecutivo nacional a las provincias, el chubutense cuestionó que se ofrezca un «alivio fiscal» a cambio de acompañar las reformas que Milei impulsa en el Congreso. «Hay que poner blanco sobre negro en algunos conceptos que están errados. Escucho que se habla mucho de alivio fiscal contra aprobar una ley. Eso es un error grosero, nadie está hablando de alivio fiscal», aseguró Torres y agregó: «Nosotros lo que estamos planteando es una reparación para con el federalismo, donde, históricamente, los impuestos fueron creando asignaciones específicas para contraer la coparticipación que le corresponde a las provincias».

Este aspecto será central en la pulseada con los gobernadores. Para el Presidente, el oxígeno financiero a las provincias estará sujeto ineludiblemente a la sanción de la ley Bases. Por si quedaba alguna duda, ayer lo dejó en claro en Expoagro 2024: «Obviamente. Digamos que es parte de un programa integral y si no se logran alinear en el programa integral, no se pueden hacer ese tipo de reformas».

En la antesala al encuentro, Pullaro también puso condiciones. El santafesino anticipó que reclamará a la Casa Rosada el pago de una deuda de 600 mil millones de pesos. «Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias», lanzó y sentenció: «El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos». Respecto a la cumbre que se llevará a cabo el 25 de mayo en Córdoba, Pullaro manifestó que «no hay claridad sobre cuál va a hacer la propuesta de la Nación», aunque por las dudas advirtió: «Desde Santa Fe nunca vamos a acompañar un aumento de retenciones».

Con un tono más beligerante, pero en el mismo sentido, se expresó Llaryora: «Sentarme en una mesa para decirme que van a poner un derecho de exportación a la maquinaria agrícola, no pierdan tiempo, no me llamen. Para poner trabas, no cuenten conmigo».

Otro posible punto de confrontación será el Impuesto a las Ganancias. El Gobierno confirmó que enviará un proyecto para restituir la cuarta categoría, que eliminó el exministro de Economía, Sergio Massa, y benefició a más de 800 mil trabajadores. Según la Casa Rosada, «es un pedido de los gobernadores» para «ayudarlos a solucionar sus problemas fiscales». Torres, Pullaro y Llaryora, no obstante, no dicen lo mismo.

«Queremos ver qué plantea el Gobierno. Un nuevo impuesto con distintas variables a quienes ganan más, no es lo mismo que el impuesto a las Ganancias en un contexto de mega inflación», indicó el chubutense. «Tengo muchas dudas con eso. Porque en un momento que hubo un ajuste importante y sectores medios y bajos no la están pasando bien, con el aumento de tarifas, quita de subsidios, congelamiento de salarios, tenemos que discutir cuáles son las categorías», agregó el santafesino. “Me parece un error reponer Ganancias. Hay que hacer algo sobre los altos ingresos, que sea progresivo, pero no con un valor que le afecte a los trabajadores”, completó el cordobés.

En la vereda de enfrente, por el momento, no está claro qué harán los mandatarios peronistas. El bonaerense Axel Kicillof criticó la convocatoria, al señalar que «más que una invitación parece una amenaza» y que «si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranquen nomás si no llegamos”. La respuesta del Gobierno llegó de parte de Francos. «Las canchereadas están fuera de lugar. Todavía nadie lo invitó. Si se pone en esa posición, es difícil invitarlo», retrucó el ministro mientras repasaba el número de asistentes.

A cuatro días de haber lanzado la convocatoria al «Pacto de Mayo», Milei empieza a cruzarse con los primeros obstáculos. Habrá que ver si esta vez logra esquivar las dificultades o si se choca de lleno, nuevamente, con el Congreso y los gobernadores.


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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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