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La marcha del 24 de marzo se convirtió en el primer acto masivo contra Milei

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Entre el público hubo carteles pidiendo «Juicio y Castigo», con la consigna «Nunca más», pero también contra el presidente y la vice. Además de las organizaciones, participaron el peronismo, la UCR y la izquierda.

La marcha por el 24 de marzo se convirtió en un acto contra Javier Milei que unió al peronismo, la izquierda y parte del radicalismo. Como ocurrió con el 2×1 durante el macrismo, el homenaje a las víctimas se transformó en la primera protesta multitudinaria contra el gobierno.

La marcha fue una de las más grandes de las últimas décadas. Estela de Carloto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida leyeron el documento consensuado entre las organizaciones de Derechos Humanos que incluyó advertencias contra las políticas negacionistas que impulsa el gobierno libertario.

Entre el público hubo carteles pidiendo «Juicio y Castigo», con la consigna «Nunca más», pero también contra el presidente. «No a la junta mileitar», decía uno. Otro lo acusaba de «vendepatrias» y «títere de Macri». También hubo pancartas y muñecos contra Victoria Villarruel, caricaturizada con un traje verde oliva.

La marcha del 24 de marzo se convirtió en el primer acto masivo contra Milei

Cientos de miles de personas circularon por los alrededores de la plaza y la convocatoria fue amplia: organizaciones de Derechos Humanos, el radicalismo, el peronismo, los partidos de izquierda, estudiantes y personas sueltas.

Estela de Carloto pidió una ley antinegacionista y luego en una entrevista dijo que a Milei había que «cansarlo hasta que cambie o se vaya», lo que provocó una furibunda respuesta de la vicepresidenta avalada con un like por el presidente.

«Desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia», decía el documento que leyeron los oradores en el acto central.

A contramano de los intentos del gobierno por conseguir prisión domiciliaria para los represores, pidieron «cárcel común y efectiva» contra los culpables. «Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional», expresaron.

«Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión», rechazaron.

La marcha del 24 de marzo se convirtió en el primer acto masivo contra Milei

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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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