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La batalla cultural: Milei aprovecha el 24 de Marzo para fidelizar el voto pro dictadura

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En un video protagonizado por el Tata Yofre, el gobierno negó los 30 mil desparecidos y dijo que los derechos humanos «fueron un gran negocio».

Javier Milei aprovechó el 24 de marzo para fidelizar el voto pro militar. Con un video protagonizado por el Tata Yofre, un ex guerrillero arrepentido y la hija de un militar, el gobierno buscó distraer del ajuste y quedarse con la representación de los sectores que simpatizan con la dictadura.

Yofre, ex titular de la SIDE durante el menemismo, es autor de varios libros donde justifica el Terrorismo de Estado. En su relato, el ex periodista, se refiere al apoyo cívico que tuvo el golpe de 1976 como un atajo para justificar los delitos de lesa humanidad de la dictadura. Yofre equipara los delitos de lesa humanidad y los atentados guerrilleros, una comparación que ya fue rechazada por la Justicia.

A pesar de que la pieza dura 12 minutos, en ningún momento se hace referencia al robo de bebés, las torturas, las violaciones, los centros clandestinos de detención o los delitos contra la propiedad de las víctimas. En la pieza, el cineasta libertario Santiago Oria reversiona la Teoría de los dos demonios en dónde el único demonio es la guerrilla.

Es parte de la batalla cultural que impulsa Santiago Caputo intenta cambiarle el sentido al día en que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar. Más allá de los rumores de indulto que tomaron fuerza en los últimos días, la Cámara de Casación emitió horas antes del 24 de marzo un fallo con el que recordó que el indulto es «incompatible» en casos de lesa humanidad.

En el video, el cineasta libertario Santiago Oria reversiona la Teoría de los dos demonios en dónde el único demonio es la guerrilla. Es parte de «la batalla cultural» que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo.

Milei intenta captar a un bloque pro militar que existe en la argentina y que durante el alfonsinismo se identificó con la UCD, luego con el menemismo y más tarde con parte del PRO. Pero no lo hace de una manera vergonzante como intentó el macrismo.

El Tata Yofre es el vehículo para hablarle a ese mundo. El ex periodista falsea los hechos para argumentar que la única mirada que prevaleció en la Argentina es la de los organismos y organizaciones de Derechos Humanos, que no tienen voz en el video que lanzó la Casa Rosada. Y sostiene que los Derechos Humanos fueron «un gran negocio» y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos.

El asesor presidencial Santiago Caputo.

Es la mirada de Victoria Villarruel, quien construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976.

Como contó LPO, el gobierno maniobra para que los represores condenados por delitos de lesa humanidad tengan prisión domiciliaria. Patricia Bullrich aseguró días atrás que «es venganza» que la justicia les otorgue la domiciliaria a presos comunes, pero no a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad y tienen más de 70 años. 

Como parte de esa estrategia, el ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió junto a defensoras de militares condenados como Cecilia Pando.

Desde la ONU y la CIDH rechazaron la posibilidad de que los condenados por violaciones a los derechos humanos sean indultados o reciban beneficios carcelarios.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia (…) llaman a los Estados a cumplir con las sentencias judiciales que condenan a quienes resultan responsables por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales. En ese sentido, instan a los Estados a no otorgar perdones, indultos humanitarios o beneficios indebidos a los autores materiales e intelectuales de estos tipos de delitos», expresaron en un documento.

Petri junto defensoras de la dictadura.

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Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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