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Lunes 19 de Mayo del 2025

SOCIEDAD

FMI y las potencias capitalistas

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El gobierno argentino ha llegado a un entendimiento con el FMI por la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, que deberá ser aprobado por el Parlamento nacional y el directorio del Fondo.

Es ya muy conocido y aceptado que la deuda no solo es odiosa, que los dólares, así como ingresaron mayoritariamente se fugaron, pero además es impagable en los términos contratados por el gobierno de Cambiemos. Más allá de los debates y opiniones sobre la viabilidad del sendero que acordó el Gobierno para salir de este catastrófico préstamo heredado, resulta imprescindible reiterar cuál es el verdadero rol del FMI. Es muy básico recalcar que ni se abuenó, ni mutó a un lugar más diabólico. En esencia es el mismo de siempre, aunque puedan surgir matices entre un gobierno estadounidense y otro. Desde su creación a fines de 1945, ha sido consecuente en el incumplimiento de sus objetivos fundacionales: “promover la cooperación internacional, garantizar la estabilidad financiera, promover el empleo y reducir la pobreza”.

En la realidad, lleva 70 años siendo utilizado como un instrumento de política exterior de Estados Unidos, con los consecuentes estragos para la vida social de los pueblos y sin trepidar en avalar dictaduras violentando los sistemas democráticos. En suma, con el endeudamiento como ariete, ha sido un dispositivo de dominio imponiendo sus sagradas “reformas estructurales”, que no son otra cosa que un reglamento neocolonial al que los países deben allanarse.

Ciertamente el entendimiento con el FMI, según lo informado, tiene una particularidad innegable: el organismo aceptó no imponer, como lo hizo en todos los acuerdos que tuvo con nuestro país y con el resto de las naciones a las que le otorgó créditos, una reforma laboral para precarizar el trabajo, una reforma previsional para bajar jubilaciones, recortes en áreas sensibles como educación, salud, ciencia y tecnología, privatización de empresas públicas, cesantías masivas en el estado, ajuste tarifario arangurista, etc. Es decir, que en lo esencial no se incorporan las clásicas condicionalidades como contrapartida de los desembolsos. Los controles trimestrales que tendríamos que soportar se remitirán a la reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria y las reservas. Cierto es que la meta del déficit será un instrumento de presión política en dirección a sus objetivos permanentes.

En esta problemática, el gobierno apuesta a que tal reducción se resuelva vía crecimiento económico y la progresividad en la recaudación impositiva. En esta cuestión crucial, mantenemos nuestra visión de siempre: el crecimiento es una condición esencial, pero sólo con crecer no mejora la actividad productiva ni la vida del pueblo. Se debe redistribuir y sobre esa base se podrá ir abordando la cuestión más trascendente: la deuda interna social con 19.5 millones de pobres y clases medias que redujeron su nivel de vida y sus expectativas de superación.

Hay sectores que ante esta grave encrucijada que el país debe afrontar, se inclinan por no pagar, o sea defaultear. Esa postura se sustenta en la idea de que las eventuales represalias son un mito. Algunos agregan que hubiera sido oportuno haber recurrido a las Naciones Unidas u otros tribunales internacionales. Estas apelaciones políticas-jurídicas implicarían inevitablemente también la determinación de no pagar, mientras en el largo plazo se tramitan esas iniciativas. A esta altura deberíamos plantearnos un interrogante político imprescindible: ¿Resulta lógico pensar que las grandes potencias capitalistas, comenzando por EE. UU aceptarán pasivamente que un país decida revelarse contra el FMI, rechazando su deuda con todos ellos, y no tomarían represalias ejemplificadoras? ¿Acaso EE. UU es en esencia menos hostil y agresivo que sus anteriores gobiernos? ¿Sus actitudes en política exterior son más pacíficas por el hecho de estar atravesando un retroceso con el eje China-Rusia, y la pérdida de su legitimidad como líder y símbolo de las democracias occidentales? ¿Se conmoverán porque el Fondo transgredió su propio estatuto para cumplir con lo decidido por Donald Trump y porque también se violó la norma de no prestar para la fuga? Bien, todo indica que no sería ese el escenario. Y en consecuencia nos enfrentaríamos a los ya consabidos ataques de mercado con un impacto en el valor del dólar, el descontrol de precios y un rebrote en la caída del salario, posibles restricciones en el comercio internacional para comprar y vender la producción y un sinfín de etcéteras que se podrían imaginar para la vida de nuestro pueblo.

A esta altura se nos plantea un interesante interrogante acerca de la conducta política de la derecha porteña ya que el jefe de Gobierno, se encuentra en plena campaña para construir su candidatura presidencial. ¿Qué hubiera hecho si tuviera que acordar con el FMI?: Públicamente exigió “un plan económico”, es decir un ajuste en la misma sintonía reclamada por el embajador norteamericano, Mark Stanley. Pero además el jefe de Gobierno afirmó también que era necesaria una reforma laboral y que se debía reemplazar el sistema actual de indemnizaciones por un esquema de seguros, muy parecido al intento del ex Ministro Jorge Triaca.

Esta conducta política también es coherente con otro elemento determinante del gobierno en la CABA: su sociedad con los negocios de los grandes grupos económicos como Mercado Libre, IRSA, Roggio y otros monopolios de la construcción en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Todo indica que la disputa por el rumbo de la política económica-social continuará e inclusive se acentuará. Por lo tanto, surge más claro que nunca que el destino del gobierno popular se deberá sustentar en el crecimiento del apoyo de la ciudadanía, e incorporar en la previsible post pandemia el determinante factor político de la movilización y la participación popular en todos los estratos y niveles de la sociedad. Sobre esa base habrá perspectivas de triunfo para el 2023 acompañando el proceso continental de crecimiento de nuevos gobiernos democráticos, populares, de izquierda y latinoamericanistas.

Por Juan Carlos Junio


RIO TURBIO

SOEM Río Turbio entre la gestión gremial diaria y la preparación electoral

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El Secretario General del gremio, Julio Godoy, repasó las gestiones recientes vinculadas a la Caja de Servicios Sociales, anticipó nuevas convocatorias y habló sobre el incierto panorama del proceso electoral interno previsto para el 4 de julio.

El Secretario General del SOEM Río Turbio, Julio Godoy, recibió a este medio para brindar detalles sobre las últimas actividades del sindicato. A diferencia de lo que ocurre en otras localidades, donde el eje está puesto principalmente en los reclamos salariales, en Río Turbio la situación tomó otro rumbo tras alcanzar un acuerdo que, aunque no conforme a todos los trabajadores, permitió sostener el poder adquisitivo frente a la crisis. “Tal vez no satisface a muchos compañeros en el marco de la realidad económica que se vive, pero sí alcanza como para no ir perdiendo el poder adquisitivo y poder afrontar compromisos”, aseguró.

En este contexto, el gremio continúa con su labor diaria y busca avanzar en otras gestiones clave. “Hace un rato estuvimos reunidos con el vocal de los activos, con la vocal de los pasivos, por el tema de la Caja de Servicios Sociales para plantearles nuestra inquietud”, señaló Godoy. Además, anticipó que se realizará una convocatoria abierta a los afiliados para que puedan despejar dudas y plantear sus necesidades: “Después va a salir el flyer para la nueva reunión”.

El dirigente indicó que también se espera confirmación respecto a un encuentro con el vocal de la Caja de Previsión, y que una vez definidos los detalles, se informará públicamente. Mientras tanto, el sindicato continúa resolviendo los problemas cotidianos de sus afiliados: “Algunos se pueden solucionar, otros no, pero siempre estamos trabajando todos los días del año”.

En paralelo a la gestión gremial, el gremio se prepara para el proceso eleccionario interno pautado para el próximo 4 de julio. Sin embargo, el escenario se presenta incierto. “La verdad que es difícil, estamos en un nivel de incertidumbre”, expresó Godoy, haciendo referencia a la falta de información clara por parte de la Junta Electoral. Si bien el gremio ya presentó la nota con los nombres de los apoderados, aún están a la espera de la entrega del padrón definitivo. “Nosotros hemos solicitado en forma urgente tanto el padrón de afiliados como el definitivo, porque hay compañeros que no figuran en el provisorio”, advirtió.

Godoy remarcó la importancia de contar con esta documentación cuanto antes: “Nos pidieron primero los nombres de los apoderados, ya se los entregamos. Igualmente, quien está al frente como candidato también puede exigir la documentación. Se la exigimos por escrito porque es lo que necesitamos”.

IRREGULARIDADES Y TRANSPARENCIA
El Secretario General del sindicato denunció falta de claridad en el cronograma, ausencia de comunicación formal de la Junta Electoral y rumores de prácticas anticipadas que aún no están autorizadas por el reglamento.

La incertidumbre en torno al proceso electoral del SOEM Río Turbio se profundiza. En esta segunda parte de la entrevista, el Secretario General Godoy fue contundente al describir la falta de definiciones claras por parte de la Junta Electoral, a menos de una semana de la fecha límite para presentar las listas. “Hoy por hoy hay reclamos, hay falta de afiliados, y creería que no puede haber información o algo dando vueltas que tenga la confirmación”, afirmó.

Godoy explicó que el procedimiento correcto debería comenzar con la depuración del padrón, continuando luego con su entrega oficial a los apoderados de las listas, para finalmente autorizar la recolección de avales. “Lo que corresponde primero es el llamado a los apoderados de las listas para entregarle el padrón. Después tienen que entregarnos el formulario que tiene que ver puntualmente con la aceptación de cargos, y una vez oficializadas las listas recién se pueden salir a juntar avales”, detalló.

Sin embargo, señaló que han circulado versiones de que algunos sectores estarían recolectando avales de forma anticipada. “Hasta el día de hoy no hay ninguna lista oficializada. Nosotros vamos a competir, entonces lo que esperamos es que el día de mañana podamos tener una respuesta satisfactoria a la solicitud”, sostuvo, dejando en claro que aún no están dadas las condiciones legales ni administrativas para iniciar dicha etapa.

Godoy apeló al respeto del proceso democrático: “Yo siempre he sido una persona de la democracia y si hay una Junta Electoral designada, es la que me tiene que dar la información que uno requiere”. Advirtió además que si las irregularidades se confirman, evaluarán medidas legales: “Espero que sea solo un rumor. Si no, nos corresponderá hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo por práctica desleal”.

A la falta de entrega del padrón y la no convocatoria formal a los apoderados, se suma otra dificultad: la escasa accesibilidad a los canales de comunicación de la Junta Electoral. “A una semana de la presentación de las listas, el padrón no ha sido entregado, no han sido convocados los apoderados. Estamos en un nivel de incertidumbre que no está bueno”, manifestó.

Consultado sobre los medios disponibles para quienes buscan participar, Godoy indicó que “hay un número que pusieron las tres personas que están a cargo de la Junta Electoral: Margarita Castro, Lorena Ortiz y Leonela Barrientos. Ellas tienen que recabarnos todas las dudas”. Sin embargo, también reconoció que la información no está llegando a todos: “Ellas han puesto el número en los padrones provisorios que han pegado, pero los medios de comunicación no tienen modalidad para acceder. Intenté tener una entrevista y fue denegada”.

Finalmente, explicó que el padrón provisorio se publicó con un plazo de reclamos: “Vos tenés un tiempo perentorio de 10 días, no me quiero equivocar, 15 días hábiles, en donde los compañeros pueden hacer reclamos, si están o no están, y corroborar los datos”

GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y CONDICIONES IGUALITARIAS

El proceso electoral del SOEM Río Turbio continúa generando dudas e interrogantes entre los afiliados. En esta tercera parte de la entrevista, el Secretario General Godoy fue claro respecto a los requerimientos formales que aún no se han cumplido y que ponen en riesgo la transparencia y equidad de la elección prevista para el 4 de julio. “Tiene que haber un padrón por orden alfabético, un padrón por sistema informático, un padrón por cada mesa electoral y un padrón definitivo, que es donde los compañeros van a saber que ya están en posición de poder realizar el sufragio”, explicó.

Según indicó, la Junta Electoral ha puesto sus números de contacto únicamente en los padrones provisorios, algo que considera insuficiente en términos de comunicación efectiva. Además, subrayó que las responsables designadas deben cumplir estrictamente con su horario: “Lo que corresponde es que estén de 9 a 15 horas en el sindicato. No de 9 a 13. Ellas tienen un permiso, y viendo la cantidad de compañeros que deben atender, se necesitan las seis horas completas para recepcionar reclamos, solicitudes o agregados al padrón”.

Godoy volvió a insistir en que todos los afiliados tienen derecho a votar, siempre que cumplan con los requisitos básicos. “Todos los compañeros, fuera de la situación laboral o de revista que corresponda, si son afiliados y aportan, tienen derecho a votar y tienen derecho, cumpliendo los 6 meses, a estar dentro del padrón electoral”, aseguró.

Respecto a la representación de su sector, confirmó quiénes actuarán como apoderados. “Nosotros tenemos a Luis Andrada y Carina Pinuel. El titular es Luis Andrada y la suplente es Carina Pinuel. Son ellos quienes hacen la presentación de toda la documentación”, detalló, remarcando que su intención es competir en igualdad de condiciones con el resto de las listas.

Godoy también manifestó la necesidad de respetar los pasos legales, especialmente en este período de transición. “Plantearon que el 23 es la entrega de la lista. Entonces, considero «que necesito tener tanto el padrón como la documentación que exigen: fotocopia del DNI, certificado legal, si se tienen antecedentes penales. Todo eso es necesario porque quien asuma una responsabilidad debe estar legalmente constituido, inclusive no tener deudas con el municipio”, afirmó.

Finalmente, cerró con un mensaje claro en cuanto al perfil que espera para quienes integren la conducción sindical: “Lo que se determine el 4 de julio tiene que estar basado en la transparencia. No hay que parecerlo solamente, sino que hay que hacerlo”.


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