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PROVINCIALES

Familiares de víctimas del ARA San Juan pidieron que la causa por espionaje vaya a Caleta Olivia

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Apelaron la acumulación con otro expediente en Comodoro Py y reclamaron que tramite junto con la investigación principal por el hundimiento del submarino.

Familiares de víctimas del submarino ARA San Juan presuntamente espiados ilegalmente durante sus reclamos de Justicia apelaron la decisión del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, de enviar ese expediente a los tribunales de Comodoro Py 2002.

La abogada de los familiares, Valeria Carreras, reclamó que la causa tramite en los tribunales federales de Caleta Olivia, donde se instruye la investigación por el colapso del submarino, o en el fuero “más lejano a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Para las querellantes, caer en la cofradía denominada Comodoro Py equivale a perder toda esperanza de justicia”, sostiene la apelación contra la decisión del juez Bava de desprenderse del expediente.

“No tenemos dudas que estamos frente a una decisión equivocada y contraria a derecho que perjudica y produce un gravamen irreparable a esta querella, por lo que deberá dejársela sin efecto o en subsidio remitirla al Juzgado Federal de Caleta Olivia o al más lejano de los Juzgados de Ciudad de Buenos Aires con asiento en Comodoro Py 2002”, insistió la abogada Carreras.

Además, advirtió que “las querellantes volverán a ser víctimas, porque sabiendo que la causa será atraída a tramitar junto a otra que desconocen, padecerán el desprestigio de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires”.

El juez Bava decidió remitir la investigación sobre supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, el único expediente en el que está procesado el ex presidente Mauricio Macri, para que sea acumulada al expediente 88/19, más conocido como “Causa D’Alessio”.

Las querellantes se sorprendieron por esa decisión y afirmaron “ignorar el tenor y relación de la causa 88/19 con esta causa que investiga el espionaje ilegal sobre los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan”.

“¿Puede quedar firme la resolución que acumula a otra causa, que esta parte ignora en su totalidad, de la que jamás tomo vista, a la que jamás se nos puso en conocimiento de sus extremos? La respuesta es ‘no’. Estaríamos frente a una decisión inaudita parte, modo solo permitido en cautelares o en dictaduras”, se interrogó y respondió la abogada Carreras.

“No hay un elemento jurídico en la resolución que nos permita verificar si se ha respetado el principio de juez natural, el principio de competencia en razón del lugar donde acaecieron los hechos que se investigan. Estamos frente a una resolución que en caso de quedar firme destrozaría dos siglos de jurisprudencia y doctrina en cuanto a la competencia”, resumió.


PROVINCIALES

Respuesta del Municipio de Río Gallegos a las declaraciones del presidente de la Caja de Servicios Sociales

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El jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, se pronuncia ante las afirmaciones del presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco, destacando la gestión del intendente Pablo Grasso y abordando la situación estructural y financiera del municipio.

Ante las declaraciones efectuadas por el presidente de la Caja de Servicios Sociales Sergio Pérez Soruco en referencia a los aportes y deudas con la CSS, es necesario aclarar que la gestión del intendente Pablo Grasso ha sido la que más dinero abonó en concepto de aportes a la entidad en el período dic/19 – dic/23, tanto en comparación con los restantes municipios de la provincia como con las gestiones de los intendentes que lo precedieron.

El reconocimiento del presidente de la C.S.S. indicando que a la fecha el municipio adeuda a la misma la suma de $ 5.774.935.034,16 no hace más que ratificar el tenor falaz e improcedente de la intimación por $ 12.210.069.640,83 la gestión del mismo intendente había recibido el pasado 12 de enero a esta gestión.

Puntualizar en la situación del municipio de Río Gallegos una situación estructural que atraviesa a la totalidad de los municipios desde hace décadas en nuestra provincia demuestra una total falta de criterio y un desconocimiento profundo de la realidad histórica de Santa Cruz. La resolución de la misma no estará nunca en manos de ningún funcionario designado a dedo por una administración, se dará cuando con responsabilidad y madurez política se reforme la Ley de Coparticipación provincial vigente.

Los agravios a la figura del intendente, conjuntamente con los juzgamientos despectivos efectuados por el mismo funcionario a los vocales elegidos por los afiliados activos y pasivos, manifiestan una actitud antidemocrática y de desprecio por aquellos que fueron elegidos por el voto popular que no puede soslayarse.

La prepotencia, la falta de respeto y la descalificación no pueden ser las conductas que primen en el desenvolvimiento de la función pública. La soberbia del señor Pérez Soruco, si es que no fuera una operadora política, la falta de empatía hacia los afiliados, el maltrato a los empleados de la CSS, el destrato para con los jubilados y pensionados, así como la deficiente atención en las prestaciones de la CSS no tendrán ningún cualificado.

Así mismo, y de manera perversa, intentar que el actual intendente de la actual administración municipal sea el responsable del mal manejo de la CSS, si el actual presidente ha sido concejal de la localidad de Río Gallegos, presidente del Concejo Deliberante, ministro de Asuntos Sociales, concejal en la actualidad y miembro del directorio de la CSS, y no ha encontrado ninguna solución desde sus años de gestión, pues el problema no está en la municipalidad de Río Gallegos sino en una estructura institucional sin respuestas.

En lugar de aportar ideas, presentar proyectos y buscar el diálogo y los consensos, intenta desprestigiar a un intendente que siempre ha sido elegido por el pueblo para transformar la realidad de los vecinos y las vecinas de Río Gallegos.

Esperamos que deje de lado la provincia a concentrarse en la gestión y trabajar verdaderamente por lo que es, una verdadera administración de la seguridad social y que los aportes de los trabajadores tengan el verdadero destino y no ser una caja política al servicio de intereses ajenos a su fin específico.

Diego Robles

Jefe de Gabinete


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