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El gran defensor de la política

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Vino a proponer un sueño que, en 2003, cuando asumió la presidencia, después de la tremenda crisis de 2001, parecía demasiado esperanzador. Sin embargo cumplió. Militante forjado al calor de la lucha de los 70, con una brillante carrera en su Santa Cruz natal, fue el responsable de la reconstrucción nacional que puso a la Argentina de pie.

El modelo neoliberal había estallado en 2001 y se había llevado puesto no solo a la economía argentina sino también al sistema político, al bipartidismo, a la credibilidad de la democracia y de todas las dirigencias. El grito del “que se vayan todos” todavía sonaba en las calles de todo el país. Índices de desocupación que dejaban afuera del mercado a un tercio de la población, niveles de pobreza que superaban largamente el 50 por ciento, miles de ahorristas estafados, ahorcamiento financiero, Riesgo País por arriba de los 5.000 puntos, piquetes, cortes, marchas, crímenes producidos por la represión estatal, el gobierno de la primera Alianza que huía despavorido del Estado tras haber aumentado la deuda externa, sustraído de los bolsillos de los trabajadores estatales el 13 por ciento de los salarios e instalado un corralito que impedía retirar el sueldo de los cajeros automáticos generaban un caos difícil de narrar, incluso para los que vivieron esa época brutal de nuestra historia. Los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de las fuerzas represivas obligaron a Eduardo Duhalde, por entonces presidente interino, a adelantar las elecciones nacionales al 27 de abril de 2003. El sistema de partidos estaba astillado: el peronismo llevaba tres candidatos y el radicalismo otros tres. Y a pesar de los daños infringidos por el neoliberalismo, dos de los tres primeros candidatos representaban esas ideas y obtuvieron el 40 por ciento de los votos (Carlos Menem y Ricardo López Murphy). Pero el candidato que obtuvo el segundo lugar, con un exiguo 22 por ciento de votos, se iba a convertir en el futuro presidente de los argentinos por la sus pensión del balotaje, tras la renuncia de Menem a participar. Se llamaba Néstor Kirchner, era el ignoto gobernador de Santa Cruz y transformó para siempre la historia argentina reciente.

UN LÍDER QUE VINO DEL FRÍO

A fines del tumultuoso año 2002, Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz, emergía como la única figura del Partido Justicialista con posibilidad real de disputar la elección presidencial a los ex presidentes Menem y Rodríguez Saá. Se lo conocía como el “delfín” de Eduardo Duhalde, la historia demostró que no lo era, y su nombre se imponía ante la negativa de Carlos Reutemann a ocupar la candidatura –con el argumento de “haber visto cosas que no le gustaban”– y la imposibilidad de José Manuel de la Sota de crecer en las encuestas.
Proyectado al ámbito nacional por su buena gestión provincial, Kirchner manejaba un distrito de 250 mil habitantes, con depósitos en el exterior que superaban los 500 millones de dólares, producto de las regalías petrolíferas, y con una macroeconomía de gran solidez. Pero no solo de buenos índices económicos venía precedida su imagen: su discurso pivoteaba sobre una agenda claramente de centroizquierda y con fuerte contenido nacionalista en términos económicos.


Ese posicionamiento le permitía atraer votos desencantados del ARI –el partido de Elisa Carrió– y al mismo tiempo ocupar el espacio progresista y desde allí enfrentar al conservadorismo de Menem y el “populismo”, según la terminología de la época, de Adolfo Rodríguez Saá. Eso, por supuesto, sazonado por la presencia permanente de Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, que por aquellos años tenía un nivel de conocimiento mayor que el de su marido en el ámbito nacional y en la Capital Federal, por su labor legislativa.


Con el sistema bipartidista en crisis, cualquier candidato podía llegar al balotaje. Kirchner tenía dos opciones: reforzar su costado progresista y alejarse del PJ o realizar una alianza con Duhalde y su poderoso aparato bonaerense y divorciarse del progresismo. Combinar progresismo con duhaldismo no resultaba una alquimia política sencilla. Néstor lo logró: alcanzó el 22 por ciento, se metió en la segunda vuelta electoral y obligó a Menem a bajarse ante la posibilidad de una aplastante victoria del gobernador de Santa Cruz.

Nacido en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950, Kirchner inició su militancia en la Juventud Peronista de La Plata, donde estudió Derecho en la Universidad de la que se graduó como abogado en 1976. Tras una fugaz aparición en el film La Patagonia rebelde (1974), de Héctor Olivera, Kirchner abandonó su carrera como actor para meterse de lleno en la política. Por aquellos años gobernaba la provincia sureña Jorge Cepernic, un líder del peronismo histórico que había tejido excelentes relaciones con la Tendencia Revolucionaria de los años 70.
En 1975 se casó con Cristina Fernández y, tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, se refugió en su provincia natal, donde se dedicó a su trabajo profesional. Volvió a la política en 1983 con la instauración democrática y fue titular de la Caja de Previsión Social de la provincia, cargo al que renunció un año después por desavenencias con el gobernador. Pero lentamente fue tejiendo su propio poder hasta obtener la intendencia de Río Gallegos en 1987. Su gestión lo catapultó a la gobernación y tras un solo período como intendente ganó las elecciones de 1991 con el 61 porciento de los votos. Fue reelecto en 1995 con el 66,5 por ciento y en 1999 por un porcentaje similar.


Rápidamente se desalineó del por entonces presidente Carlos Menem y en 1995 lanzó su primera formación propia, llamada Corriente Peronista. Y un tiempo después, su núcleo duro, el Grupo Calafate, rodeó a Eduardo Duhalde, por entonces líder interno ya alejado del presidente riojano.

EL SUEÑO DE UN JUSTO

Asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, jugó con el bastón de mando, sonrió, hizo muecas, se divirtió y dio un discurso sorprendente para la política argentina: “Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro. Sino que también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo, que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas –en las que creo profundamente– pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, es pero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros. De nuestra generación, que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Porque yo sé y estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero también un país más justo. Anhelo que por este camino se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa nación. La nuestra”.


A ese potente discurso le siguió un gobierno que se caracterizó por ciertas continuidades con el proceso abierto por Duhalde –Roberto Lavagna, Carlos Tomada, Aníbal Fernández y Ginés González García– pero con algunas rupturas importantes: una nueva relación con una Corte Suprema de Justicia de cierto prestigio, una mayor dureza en las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito y, fundamentalmente, un vuelco en la política de derechos humanos con la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la iniciación de los juicios por violación a los derechos humanos.


Pero con el correr de los meses, Kirchner fue delineando lo que él mismo denominó “modelo nacional y popular”: una política internacional recostada sobre Latinoamérica –rechazó el ALCA que proponía George W. Bush–; una apuesta económica al mercado interno, pero sin descuidar la exportación, y por eso un tipo de cambio competitivo; la reapertura de paritarias, es decir, las negociaciones entre el sector empresarial y los sindicatos; equilibrio fiscal; crecimiento anual sostenido a un promedio de ocho puntos; leyes a favor de distintos sectores sociales postergados y cierto estilo confrontativo que para algunos fue signo de autoritarismo y para otros de convencimiento y voluntad.


Justamente ese carácter aguerrido, ese huir para adelante, ese extraño tipo de coraje fue lo que le permitió construir una épica que lo unió a los más jóvenes. No ya a los que fueron patinados por el escepticismo y el cinismo sino a aquellos que tienen el alma virgen: a la juventud que siempre es maravillosa. Para ellos, se convirtió en una especie de Juan Salvo, de El Eternauta –el célebre personaje de Héctor Oesterheld– que luchaba junto a un puñado de hombres contra la invasión de los “Ellos”. En diciembre de 2007 le entregó la banda presidencial y el bastón de mando a su compañera de toda la vida, la actual vicepresidenta Cristina Fernández, y él se dedicó al armado político detrás de bambalinas, mientras ella profundizaba el “modelo”, primero con la pelea por el aumento de las retenciones a la exportación de soja y luego con las medidas más progresistas de los últimos cincuenta años: la Ley de Medios Audiovisuales, la Asignación Universal por Hijo, la democratización de la televisión del fútbol y el matrimonio igualitario, entre otras.

LA RESIGNIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

Néstor Kirchner transformó fácticamente a la Argentina en muchos aspectos. Pero quizá lo más importante son las resignificaciones que llevó adelante con su acción pública. Porque lo que hizo fue dotar de nuevos significados a la noción de Patria, al Estado, la política y el peronismo. La última construcción política basada en la apelación a la Patria y a la Nación la había realizado la dictadura militar de 1976-1983, luego de imponerse militarmente a la otra gran apelación nacional que significó el peronismo, tanto en su concepción clásica como de izquierda. El alfonsinismo había apelado al constitucionalismo ciudadano y el neoliberalismo menemista a la suma de éxitos individuales como fuentes de legitimación para ambos procesos políticos. La dictadura, en cambio, había apelado a los símbolos patrios, a cierto chauvinismo discursivo y castrense y a un patrioterismo más ligado a las campañas militares que colocaban a las apelaciones comunitarias más cercanas a la guerra que a la democracia y la paz.


La reconstrucción simbólica que hizo Néstor del patriotismo es sumamente interesante porque lo hizo desde el civismo y utilizando la autoestima nacional como motor de producción cultural, política y económica. Lo comunitario estaba presente para obligar a un compromiso de todas las partes a edificar una sociedad con una mejor redistribución de la renta nacional.
El Estado mínimo, bobo, neoliberal, el que fallaba siempre a favor de los intereses de los grupos concentrados de poder económico que caracterizó a la política en los 90, no fue el mismo entre 2003 y 2015. Desde el pedido de perdón por los desaparecidos en su discurso de la ESMA, el Estado nacional fue pensado como un restaurador y un equilibrador de fuerzas. El Estado interventor, el que tiene las jubilaciones en su poder, el que administra Aerolíneas e YPF, el de las paritarias, el de la regulación del mercado de capitales era un aparato nacional que estaba pensando en dinámicas diferentes a las que nos tenían acostumbrados el menemismo y el delarruismo y, recientemente, el macrismo.


En términos generales, la política era vista en los 90 como la competencia de grupos económico-políticos dispuestos a saquear el Estado y acumular recursos de una manera escandalosa. Se trataba de un ámbito que expulsaba al ciudadano común y no podía contener la participación de las mayorías. Durante más de una década esa percepción de la política ha cambiado gracias al kirchnerismo. Millones de personas se acercaron a participar dentro, incluso, del oficialismo. Esto, claro, no quiere decir que la política haya sido un espacio impoluto, sino que ha habido una mirada más compleja por parte de la sociedad que comprende a la política no solo como un antro de perdición sino también como una herramienta de transformación.


Para todos aquellos hombres y mujeres menores de 45 años, el peronismo no era otra cosa que Ítalo Lúder, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Jorge Triaca y Luis Barrionuevo. Ese extenso y complejo movimiento popular había quedado reducido a una colección de punteros barriales y dirigentes que habían llevado adelante el saqueo del Estado. Tras el paso de Kirchner, el peronismo fue repensado, se encuentra en discusión, en disputa, se legitima constantemente, es una dinámica de transformación. Y esa mirada del presente obliga a revisitarlo en el pasado. La interpretación que hoy tenemos sobre el peronismo clásico es diferente a la que existía en los 90.


Recientemente, Cristina Fernández de Kirchner habló en un discurso en la Universidad de Río Negro sobre el rol de Néstor como el “restaurador de la autoridad del presidente y de la recomposición del Estado de derecho a partir del 2003”. Lo hizo en relación con la resignificación del funcionamiento del sistema democrático en la Argentina. Y lo llamó “hegemonía democrática”, un concepto extraído del sociólogo francés Alain Rouquié. Resulta interesante reflexionar sobre estos términos porque es posible que el último gran proyecto hegemónico democrático haya sido el kirchnerismo, el último movimiento legítimo que pudo utilizar todas las herramientas del Estado para llevar adelante políticas públicas exitosas. Un Poder Ejecutivo fuerte, un Poder Legislativo con mayoría propia –lo que impedía la parálisis institucional–, un Poder Judicial en disputa y una gran movilización política de la ciudadanía constituían los elementos de un gobierno democrático que tenía peso propio, más allá de las corporaciones económicas y mediáticas. Si, como muchas veces se dice, el concepto de lo político es “el poder de decisión”, Kirchner fue quien más hizo por devolverle a la política ese poder. En definitiva, Kirchner fue el gran defensor de la política.

Escrito por Hernán Brienza


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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