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El Gobierno prorrogó por decreto la prohibición de desalojos de comunidades de pueblos originarios

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Pese a que el Congreso estaba a punto de sancionar una ley con el mismo fin, el Presidente no esperó los tiempos legislativos para evitar que se venciera el plazo actual que protege a esas poblaciones.

Mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta 2025 la prohibición de desalojos de tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios. La medida del mandatario, avalada por todos los miembros del Gabinete con su rúbrica, se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.

«Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos», justificó el jefe de Estado, ya que la suspensión de los desalojos caducaba el próximo martes.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2021, Alberto Fernández estiró hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma flecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.

La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años y suspendió por ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras: esos plazos se fueron prorrogando sucesivamente.

El Gobierno recordó que hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha finalizado el proceso de relevamiento de 746 y ha iniciado esa tarea en otras 246.

Al defender la prórroga, el Poder Ejecutivo afirmó que «las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad».

«En virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», insistió el Presidente. Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras «actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada». Asimismo, Alberto Fernández dispuso 290 millones de pesos por año, hasta 2023, para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.


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¿Fuga de capitales o déficit?, el eje que acercaron a Cristina para debatir con Milei

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Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, acercaron un trabajo a Cristina que plantea ese debate para contraponer al modelo de Milei.

Los economistas Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli acercaron a Cristina Kirchner un documento que plantea un abordaje novedoso para abrir un debate con el modelo de Javier Milei. Según estos economistas existen dos visiones contrapuestas respecto a los problemas centrales que afectan a la economía argentina. 

Se puede plantear que la visión ortodoxa sostiene que los problemas son resultado del déficit fiscal en tanto que para una parte de la heterodoxia derivan de la restricción externa. 

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En este sentido es dato concreto que en apenas en el transcurso de horas Milei llamó héroes a los fugadores de divisas ante lo más selecto del círculo rojo reunido en el Llao Llao, para pasar luego a la autocelebración del superavit fiscal por cadena nacional. 

Como respuesta, CIFRA, centro de investigación económica que depende del CTA junto con el departamento de Economía de Flacso elaboró un documento, que en términos de provocación, escala a dimensiones similares.

«Desde la dictadura militar, la restricción externa no está determinada por el saldo negativo de la balanza comercial como ocurría en la segunda etapa de sustitución de importaciones sino que a dicha variable se le agrega ahora la fuga de capitales locales al exterior como núcleo central de la misma», afirman Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli en el documento. 

Para estos economistas kirchneristas los recursos fugados afectan centralmente a la formación de capital y no al consumo de los sectores de altos ingresos. «De esa forma restringen la expansión industrial, el crecimiento y el nivel de empleo. Asimismo, cercena las reservas de divisas, impulsando el notorio endeudamiento estatal para cubrir el faltante de divisas para garantizar esa fuga y el funcionamiento económico. Por otra parte, tiene un efecto negativo muy relevante en las finanzas del sector público porque en una proporción claramente mayoritaria esos recursos evaden sus obligaciones fiscales o dicho de otra impulsan el déficit fiscal», sostiene el trabajo. 

Para Basualdo y Manzanelli esto es último es lo determinante: «El déficit fiscal no se origina en el enriquecimiento de la «casta» o integrantes del sistema político, como dice el relato esgrimido por el actual gobierno, sino que primordialmente proviene del núcleo central de los sectores dominantes (grupos económicos y el capital financiero), que en esta etapa impulsan como sus representantes políticos a los libertarios, lo cual habla de una situación de una tergiversación y cinismo político inédito»agrega el texto. 

La ex presidenta de este sábado en Quilmes podría transitar esa senda, a partir de esta disyuntiva contundente: «Fuga o Déficit».


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