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Distintos bloques de la oposición buscan derogar los DNU que pesifican las tenencias en dólares del Fondo de la ANSeS

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El bloque de diputados nacionales de la UCR presentó un proyecto en ese sentido, pero en simultáneo hizo lo propio Alejandro Cacace (Evolución) junto a un grupo de legisladores del PRO, la Coalición Cívica y de la UCR.

Diputados de los distintos bloques de Juntos por el Cambio presentaron hoy proyectos de ley para derogar los dos decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Gobierno nacional que obligan a la ANSeS a pesificar la cartera de bonos en dólares.

El bloque radical conducido por Mario Negri presentaron una iniciativa en cuyos fundamentos se sostiene que «la pesificación de los activos en dólares del FGS es un manotazo ilegal a activos que pertenecen a los jubilados y pensionados actuales y futuros».

«Se trata de un medida inédita, irresponsable y defraudatoria de los derechos de millones de jubilados que de esta forma verán reducidos aún más sus ingresos», advierten.

El proyecto establece en su segundo artículo que «las operaciones de canje de títulos públicos pagaderos en dólares estadounidenses que hubiesen sido concretadas por las jurisdicciones, entidades y fondos del sector público nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° del DNU 164/2023 son nulas de nulidad absoluta».

«Los funcionarios responsables estarán obligados a realizar todas las acciones conducentes para revertir las operaciones y reponer los títulos públicos pagaderos en dólares estadounidenses que en cada caso hubiesen entregado en las operaciones de canje por títulos públicos pagaderos en pesos», agrega el mencionado artículo.

Según alertan los diputados opositores, los DNU impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, «comprometen gravemente el futuro de los jubilados y pensionados al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual, pasando de una moneda fuerte a la moneda local en proceso de destrucción y pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera».

«Estos activos serán vendidos luego al sistema bancario, quienes comprarán a precio más barato dándole los pesos al Tesoro para seguir en la búsqueda de financiamiento del déficit fiscal, trayendo como consecuencia que habrá menos capacidad de crédito para el sector privado», argumentan.

Y agregan que «toda esta operación tiene un altísimo costo para el Estado ya que al vender esos títulos en dólares se estaría endeudando al 25% y hasta un 45% anual en dicha moneda conforme estimaciones de especialistas en materia financiera, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista».

A su vez, los legisladores radicales advierten que los dos DNU violan la ley de creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que tiene por objeto contribuir a la preservación del valor y la rentabilidad de los activos del Fondo, y la Ley de Administración Financiera porque las operatorias no están contempladas en el Presupuesto 2023 y no cumplen con el requisito de que a través de ellas se mejoren los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

«En síntesis, una operatoria poco clara en sus procedimientos, violando claras prescripciones legales, que amenaza gravemente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de jubilados y pensionados, debe ser inmediatamente dejada sin efecto», concluyen los firmantes del proyecto, a saber: Mario Negri, Soledad Carrizo, Ricardo Buryaile, Miguel Bazze, Julio Cobos, Karina Banfi, Ximena García, Manuel Aguirre, Juan Martín, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Marcela Coli y Gustavo Bouhid.

Por otro andarivel, Cacace presentó un proyecto de similares características junto a otros 21 diputados nacionales de todo el arco de Juntos por el Cambio: Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Dina Rezinovsky, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Ana Carla Carrizo, Marcela Campagnoli, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaria, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola, Lisandro Nieri, Pablo Torello, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Victoria Tejeda, Rubén Manzi, Lidia Ascarate, Ingrid Jetter y Claudio Poggi.

«El FGS tiene una alta composición en su cartera de los títulos que son objeto de esta operatoria forzosa, por lo cual la valuación de sus activos se vería seriamente afectada», remarcan los autores en el proyecto.

«Esto es relevante porque de acuerdo al marco normativo del FGS en su norma fundante, uno de sus principales fines es atender insuficiencias para el pago de haberes previsionales en situaciones de contingencia y en los fundamentos de esa norma dice que el objeto del Fondo será asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables», finalizan.

En tanto, el bloque de diputados del PRO anunció más temprano que presentará un recurso de amparo contra el canje de deuda que en palabras de la presidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich, «resulta objetiva y fácticamente ruinoso”

La precandidata a presidente por Junto por el Cambio sostuvo que “no hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes (mismas condiciones, en pesos y en dólares) con ambas legislaciones (nacional y estadounidense) para verificar el perjuicio que este cambio conlleva”.


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Marcha nacional universitaria: Del Congreso a la Plaza de Mayo

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La comunidad universitaria avanza en la organización de la marcha prevista para el próximo martes 23, en reclamo de fondos y en rechazo al ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Este viernes se reunieron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de los sindicatos de docentes y no docentes, y dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Acordaron que la concentración principal se realizará frente al Congreso Nacional y desde allí se marchará a la Plaza de Mayo, donde se hará un acto central. 

A la vez, la protesta tendrá expresión federal: los universitarios resolvieron «marchar o movilizar en cada universidad del país para que en cada territorio se exprese el apoyo a la universidad pública».

Del encuentro del viernes participaron, además de emisarios del CIN y la FUA, dirigentes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integran las federaciones docentes Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, Ctera y UDA, y la federación no docente Fatun. Consensuaron las condiciones bajo las cuales transcurrirá la movilización callejera, que se espera que sea multitudinaria, y que “pondrá a la universidad en la calle y permitirá a toda la ciudadanía expresar su apoyo”. Las tres centrales obreras del país, tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, anunciaron su acompañamiento.

La concentración, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará el martes 23 a las 15.30 ante el Congreso Nacional. Desde allí las columnas se dirigirán hacia Plaza de Mayo, en donde se realizará el acto principal de la jornada, a las 18, y se leerá un documento.

Para desembocar en el martes 23, la comunidad académica desarrollará una «gran campaña nacional de defensa de la universidad pública». Para la marcha en sí, los universitarios decidieron invitar a participar a la comunidad científica, a organizaciones estudiantiles, a los organismos de derechos humanos y a «legisladoras y legisladores de todo el arco político y de todos los niveles del Estado».  

“La perspectiva es que va a ser una marcha muy importante, esperamos contar con el acompañamiento fundamentalmente de la comunidad universitaria y de la sociedad”, afirmó a Página/12 Federico Montero, secretario de organización de la Conadu, y resaltó el acompañamiento recibido de parte de las centrales sindicales. Montero enfatizó la necesidad de que la marcha se realice en forma pacífica. “Vamos a tomar todos los recaudos para que esto sea así, y que permita expresarse libremente a la comunidad universitaria como lo viene haciendo a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró.


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