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La Cooperativa Telefónica OYIKIL atraviesa una situación financiera que mantiene en alerta a sus autoridades, trabajadores y abonados. En una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Administración, Graciela, explicó las gestiones que se vienen realizando para recuperar el servicio y avanzar en un esquema que permita ordenar las cuentas de la institución.
Uno de los principales puntos abordados fue la asistencia financiera comprometida por el Gobierno de Santa Cruz, que tendrá como destino específico el pago al proveedor y permitirá avanzar hacia el restablecimiento de la conectividad.
Según se explicó, una vez acreditado el dinero, la cooperativa deberá informar el pago y enviar los comprobantes correspondientes a Telefónica. A partir de ese procedimiento se habilitaría el restablecimiento del servicio, mientras continúan las negociaciones para establecer un plan de financiación de la deuda.
Desde la conducción aclararon que los recursos disponibles actualmente no alcanzan para cancelar la totalidad del compromiso, aunque sí permiten avanzar en una negociación para regularizar los pagos. La intención es acordar una cantidad de cuotas que la cooperativa pueda afrontar mensualmente sin volver a comprometer su funcionamiento.
Seis meses de gracia
Otro de los aspectos señalados durante la conferencia fue la modalidad de la asistencia provincial. De acuerdo con lo informado, se contempla un período de seis meses de gracia, durante el cual la cooperativa buscará reorganizar su situación económica y compensar parte de la asistencia mediante los servicios prestados en dependencias provinciales.
La conducción sostuvo que este período resulta necesario para atravesar una contingencia que podría extenderse entre tres y seis meses, al tiempo que se intenta recuperar el nivel de recaudación y cumplir con las obligaciones pendientes.
Preocupación por la pérdida de abonados
La situación también generó un impacto directo sobre la cantidad de usuarios de la cooperativa. Durante la conferencia se informó que, hasta el momento, se registraron alrededor de 130 bajas.
La conducción de OYIKIL considera que recuperar esos abonados será uno de los principales desafíos y estimó que podría concretarse en aproximadamente un mes y medio, una vez normalizado el servicio y mejorada la atención de los reclamos.
En ese sentido, remarcaron que recuperar la confianza de la comunidad será fundamental para sostener la estructura de la cooperativa frente a la competencia de otras prestadoras que operan en la localidad.
El esquema de pago de salarios
La situación financiera también repercutió sobre los trabajadores. Según se informó, existe un acuerdo alcanzado durante la instancia de conciliación laboral que establece el pago del 50% de los haberes entre el día 1 y el 10 de cada mes, y del 50% restante hasta el día 21.
La medida fue adoptada ante la caída de la recaudación y se mantendrá mientras la institución intenta superar la actual contingencia.
Desde el Consejo de Administración señalaron además que se implementó un recorte de gastos considerados no esenciales, priorizando los costos operativos, los salarios y los compromisos con los proveedores.
Uno de los objetivos centrales planteados es preservar los 15 puestos laborales que actualmente dependen de la cooperativa.
Proyecto de ley y pedido de acompañamiento institucional
Durante la conferencia también se informó que el Consejo de Administración impulsó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz destinado a fortalecer y proteger institucionalmente a OYIKIL.
La iniciativa ya fue presentada y tuvo tratamiento en una comisión legislativa, aunque desde la cooperativa señalaron que todavía aguardan avances concretos. La conducción planteó la necesidad de acelerar los tiempos legislativos debido a que la situación económica requiere respuestas inmediatas.
También se cuestionó la falta de mayores acciones por parte del ámbito municipal. Según se explicó, algunos representantes participaron de reuniones, mientras que la cooperativa espera que puedan generarse nuevas herramientas institucionales para acompañar la situación.
Adecuación del estatuto y nuevos servicios
Otro de los procesos que deberá afrontar la cooperativa está relacionado con la adecuación de su estatuto a la normativa vigente de cooperativas, una exigencia que, según se indicó, fue planteada por INAES.
La futura asamblea será también una instancia para avanzar en la definición de quiénes reúnen las condiciones de socios y quiénes son abonados, una diferencia que actualmente la institución busca regularizar.
Además, se planteó la posibilidad de incorporar nuevas prestaciones en el futuro, más allá de los servicios que actualmente brinda la cooperativa, como una alternativa para fortalecer sus ingresos.
Telefónica y la negociación por la deuda
Respecto del vínculo con Telefónica, la conducción explicó que la empresa atravesó cambios internos y de estructura que dificultaron las gestiones. Desde OYIKIL sostienen que se realizaron distintas comunicaciones y presentaciones para explicar la importancia estratégica que tiene la conectividad para Río Turbio y la Cuenca Carbonífera.
La intención es alcanzar un acuerdo que permita restablecer el servicio, mantener la provisión y financiar la deuda existente, evitando que la situación vuelva a generar una interrupción.
Por el momento, no se informó una fecha concreta para el restablecimiento, ya que la cooperativa continúa a la espera de la acreditación de la asistencia provincial. La presidenta del Consejo señaló que, una vez confirmada la transferencia, se comunicará oficialmente la normalización del servicio.
Una cooperativa que busca sostenerse
La conducción de OYIKIL remarcó que el objetivo inmediato es superar la emergencia financiera, recuperar abonados y garantizar la continuidad de la institución.
En ese marco, señalaron que la prioridad es proteger los puestos de trabajo y recuperar la confianza de la comunidad, mientras se avanza en un proceso de reorganización económica y administrativa.
La cooperativa, que cuenta con 57 años de trayectoria en Río Turbio, atraviesa así una etapa en la que el acompañamiento provincial, la negociación con Telefónica, la recuperación de abonados y la participación de la comunidad aparecen como factores centrales para definir su continuidad y fortalecimiento.
