Patagonia NexoLa discusión por el futuro de la Emergencia Hidrocarburífera de Santa Cruz comienza a trasladarse al terreno político y legislativo, en momentos en que el sector petrolero provincial atraviesa una etapa de reconfiguración tras la salida de YPF de áreas maduras.
En ese escenario, fuentes vinculadas al ámbito legislativo aseguran que el secretario general del Sindicato Petrolero, Rafael Güenchenen, habría iniciado conversaciones con legisladores del kirchnerismo con la intención de reunir voluntades contrarias a la continuidad de la emergencia.
Hasta el momento, no existe una confirmación pública de Güenchenen ni de los legisladores señalados sobre esas supuestas negociaciones. Por ese motivo, el dato debe mantenerse en potencial y diferenciarse de los movimientos políticos que sí fueron informados públicamente.
La Emergencia Hidrocarburífera fue establecida mediante la Ley Provincial N.º 3914, sancionada el 27 de febrero de 2025. La norma declaró la emergencia para el territorio continental santacruceño hasta el 31 de diciembre de ese año e incorporó incentivos vinculados con áreas maduras, producción, inversiones y sostenimiento de puestos laborales.
Un punto resulta particularmente importante para la discusión actual: el artículo 8 estableció que la emergencia podía prorrogarse por un período equivalente, pero condicionó esa extensión a una nueva aprobación de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, la conformación de mayorías legislativas vuelve a convertirse en una pieza determinante para cualquier continuidad de la herramienta.
El antecedente político también abre interrogantes sobre cómo se posicionará cada sector.
Cuando la emergencia llegó al recinto el 27 de febrero de 2025, fue aprobada por unanimidad. La sesión contó con 22 legisladores presentes y dos ausencias justificadas. El proyecto había sido presentado originalmente por el oficialismo y posteriormente recibió modificaciones propuestas por diferentes bloques.
Ese dato permite correr la discusión de las versiones y llevarla hacia un terreno comprobable: quienes participaron de aquella votación acompañaron la emergencia.
Si ahora existen legisladores que consideran que la herramienta ya no debe continuar, el debate permitirá conocer qué cambió desde aquella aprobación y cuáles son los argumentos políticos, laborales o productivos para modificar la posición adoptada entonces.
Los movimientos de Güenchenen tampoco se limitan a la discusión legislativa.
Días atrás mantuvo una reunión con el senador nacional José María Carambia para trabajar sobre una propuesta destinada a impulsar el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la Zona Norte y promover el regreso de YPF para participar de esos proyectos.
El planteo se concentra principalmente en las formaciones D-129 y Neocomiano. Carambia anunció que buscará llevar la propuesta ante YPF, mientras que el sector sindical manifestó su acompañamiento a esas gestiones.
Este movimiento se produce además en un contexto de cuestionamientos del Sindicato Petrolero a la política hidrocarburífera provincial, lo que expone diferencias cada vez más visibles entre la conducción gremial y el Ejecutivo.
La discusión que se aproxima tendrá, entonces, dos planos diferentes.
Por un lado están las versiones sobre eventuales conversaciones de Güenchenen con sectores del kirchnerismo, que por ahora no cuentan con confirmación pública.
Por otro aparece un hecho institucional concreto: cualquier continuidad de la Emergencia Hidrocarburífera depende de la decisión de los diputados provinciales.
Y allí surgirá inevitablemente la comparación con febrero de 2025.
La emergencia nació con respaldo unánime. Si el escenario político cambió y algunos de aquellos votos ahora se inclinan en sentido contrario, el debate legislativo permitirá conocer no solamente quiénes acompañan o rechazan su continuidad, sino también cuáles son las razones que explican ese cambio de posición.
