Viviendas inconclusas, anticipos y años de espera: Vidal apuntó contra el modelo de obra pública que dejó familias sin respuestas

Las viviendas inconclusas que permanecen como estructuras deterioradas en distintos sectores de Santa Cruz volvieron a quedar en el centro de una discusión mucho más profunda: qué ocurrió con el dinero de la obra pública y por qué, después de años de anuncios, tantas familias continuaron esperando una casa que nunca llegó.

El gobernador Claudio Vidal eligió precisamente uno de esos escenarios para marcar la diferencia que, según sostiene, existe entre dos modelos de administración del Estado.

Durante la presentación de Habitar Santa Cruz, el mandatario señaló las construcciones inconclusas ubicadas en el sector del acto y las convirtió en la imagen de aquello que aseguró que no puede volver a repetirse.

“Esto es lo que no puede volver a pasar. Viviendas, parte de la obra pública de la corrupción. Que se anunciaba una vez, dos veces, tres veces. El Estado provincial pagaba el anticipo de obra y las obras muchas veces no comenzaban o, si comenzaban, no se terminaban. El perjudicado: el vecino, las familias, el pueblo de Santa Cruz”, cuestionó Vidal.

El problema no fue solamente una casa sin terminar

Detrás de cada estructura abandonada existe una pregunta que durante años quedó pendiente: si hubo recursos públicos destinados a esas obras, por qué las viviendas no llegaron a quienes las necesitaban.

Para Vidal, allí se encuentra una de las expresiones más graves del funcionamiento de la obra pública durante administraciones anteriores.

Porque una vivienda paralizada no representa únicamente cemento, madera o materiales deteriorándose. Significa también dinero público comprometido, años perdidos y familias que siguieron pagando alquileres, viviendo hacinadas o esperando una adjudicación mientras las obras permanecían sin terminar.

El gobernador aseguró que hubo proyectos anunciados en más de una oportunidad y anticipos desembolsados sin que posteriormente se alcanzara el resultado que justificaba la utilización de esos fondos: entregar viviendas.

La acusación política es grave. La determinación de responsabilidades penales concretas por hechos de corrupción corresponde, naturalmente, a la Justicia. Pero las obras inconclusas constituyen un dato material que obliga a explicar cómo se administraron los recursos y por qué determinados proyectos no llegaron a finalizarse.

Dos modelos frente a frente

Vidal buscó instalar una comparación directa.

De un lado, obras paralizadas, anticipos pagados, anuncios repetidos y familias esperando.

Del otro, el modelo que su administración asegura estar implementando: licitación, anticipo, ejecución, certificaciones vinculadas al avance efectivo de los trabajos, controles y finalmente la entrega de la vivienda terminada.

“Este es otro modelo de gestión”, había señalado el mandatario al referirse a las viviendas que actualmente se construyen y entregan en diferentes puntos de Santa Cruz.

La diferencia parece sencilla, pero toca el corazón del problema: una política habitacional no puede evaluarse por la cantidad de anuncios realizados sino por la cantidad de familias que finalmente reciben las llaves.

Cuando una obra no avanza, el dinero también debe explicarse

El Gobierno provincial asegura que actualmente las certificaciones están sujetas al avance real de cada proyecto.

Vidal incluso afirmó que su administración detectó irregularidades en algunas certificaciones y decidió recurrir a la Justicia.

“En dos o tres oportunidades donde observamos irregularidades en las certificaciones, acudimos a la Justicia, se paró la obra y se vuelve a licitar”, explicó.

La definición marca un punto importante: si una obra pública utiliza recursos de todos los santacruceños, cada peso certificado debería corresponderse con trabajos efectivamente realizados.

Y cuando eso no ocurre, no alcanza con paralizar una construcción. También debe establecerse qué sucedió, quién certificó, cuánto dinero se desembolsó y quién debe responder por las eventuales irregularidades.

Habitar Santa Cruz y una inversión de $60.000 millones

La contracara presentada por el Gobierno es Habitar Santa Cruz, un programa que contempla una inversión superior a los $60.000 millones con recursos provinciales.

Estará destinado, entre otros sectores, a personas que cuentan con terreno pero no tienen posibilidades económicas de construir, familias vulnerables y vecinos que acumulan largos años esperando una solución habitacional.

Las unidades previstas serán modulares, de 40 y 51 metros cuadrados, con alternativas de dos y tres dormitorios y características térmicas adaptadas a las condiciones climáticas de la Patagonia.

Además, Vidal pretende que la inversión tenga un impacto directo sobre la economía provincial.

“La idea es que puedan participar las empresas locales, con todos los que se quieran sumar y generar mano de obra en un momento económico delicado”, sostuvo.

Así, el programa tendrá que enfrentar dos desafíos simultáneos: construir viviendas y generar trabajo santacruceño.

Del discurso a las llaves

La crítica a las gestiones anteriores es contundente, pero también eleva el nivel de responsabilidad para la administración actual.

Si el Gobierno sostiene que quiere terminar con un modelo de obras inconclusas, deberá demostrarlo con resultados verificables: licitaciones transparentes, costos conocidos, certificaciones correspondientes al avance real, plazos cumplidos y viviendas efectivamente terminadas.

Porque después de tantos años de anuncios, Santa Cruz no necesita otra fotografía de una primera piedra ni otro cartel prometiendo una obra futura.

Necesita casas terminadas.

Y fundamentalmente necesita que aquellas familias que llevan años esperando puedan abrir finalmente una puerta con su propia llave.

Ese es el contraste que Vidal decidió plantear: de un lado, viviendas inconclusas como símbolo de un pasado que denuncia atravesado por corrupción, abandono y desidia; del otro, una nueva inversión que deberá demostrar, en los hechos, que el dinero público puede terminar donde siempre debió terminar: convertido en viviendas para las familias santacruceñas.