Patagonia NexoLa Justicia avanza sobre dos investigaciones que alcanzan a integrantes y referentes de la administración municipal de Río Gallegos.
Según información publicada por Patagonia al Mundo, el intendente capitalino y referente de Unión por la Patria, Pablo Grasso, la expresidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), María Grasso, y el actual jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, fueron imputados y formalmente notificados en el marco de actuaciones judiciales.
Las investigaciones, sin embargo, corresponden a hechos y expedientes diferentes.
En el caso de Pablo Grasso y María Grasso, la causa estaría vinculada con presuntas irregularidades ocurridas durante sus respectivas gestiones al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz.
La investigación analizaría procedimientos administrativos, licitaciones y adjudicaciones de tierras desarrollados durante distintas etapas de conducción del organismo provincial.
Entre las posibles figuras bajo análisis aparecen la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el expediente se encuentra a cargo del juez Giménez y los involucrados ya fueron notificados, quedando formalmente incorporados a la investigación.
La imputación constituye una instancia procesal que permite a las personas alcanzadas conocer los hechos que se investigan y ejercer plenamente su derecho de defensa. No implica por sí misma una declaración de culpabilidad ni una condena.
La situación del jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, surge de otra investigación.
En este caso, la causa se habría iniciado a partir de una denuncia presentada por trabajadores municipales y estaría relacionada con aportes descontados de los salarios que presuntamente no habrían sido transferidos a la Caja de Previsión Social (CPS) y a la Caja de Servicios Sociales (CSS).
La Justicia buscará determinar qué ocurrió con esos fondos y si existieron responsabilidades en la eventual falta de transferencia de los recursos descontados a los empleados.
Se trata de un punto especialmente sensible debido a que involucra recursos correspondientes a los sistemas previsional y de cobertura de salud de los trabajadores.
Otro elemento informado es que Pablo Grasso, María Grasso y Diego Robles serían representados por el abogado Mauricio Gómez Bull, quien además se desempeñaría en el área de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos.
Hasta el cierre de la información difundida, ninguno de los funcionarios o exfuncionarios alcanzados por las investigaciones había realizado declaraciones públicas sobre las imputaciones. Tampoco se había conocido públicamente una explicación de su representante legal.
Ahora será la Justicia la encargada de avanzar con las medidas correspondientes, reunir los elementos de prueba y determinar si existen o no responsabilidades penales en los hechos investigados.
Las causas se encuentran en trámite y, mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario, rige para todos los involucrados el principio de inocencia.
