Patagonia NexoPor Miguel Martín
La situación que atraviesa Cerro Negro comienza a superar los límites de una controversia administrativa entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont. Con el avance de los controles oficiales, los ceses preventivos de tareas y la intervención de diferentes organismos, la falta de una explicación pública detallada de la compañía empieza a ocupar un lugar propio dentro del conflicto.
Durante los últimos días, las inspecciones provinciales colocaron nuevamente bajo observación las condiciones operativas, laborales y de seguridad existentes en uno de los principales emprendimientos auríferos de Santa Cruz.
En ese contexto se dispusieron seis ceses preventivos de tareas y se desarrollaron diferentes actuaciones administrativas.
También tomó intervención personal policial durante uno de los procedimientos y trascendieron denuncias respecto de un episodio en el que presuntamente se habrían cerrado portones con candados mientras se desarrollaban tareas de inspección. Las circunstancias y eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Frente a este escenario, Newmont informó internamente a sus trabajadores sobre la situación operacional y manifestó su intención de continuar colaborando con las autoridades.
Sin embargo, hacia la sociedad todavía falta una respuesta pública que permita conocer, punto por punto, la posición de la compañía frente a las observaciones realizadas.
¿Cuáles de las observaciones formuladas durante las inspecciones reconoce la empresa? ¿Existen puntos sobre los que Newmont tenga una interpretación diferente? ¿Qué medidas correctivas fueron implementadas? ¿Cuál es la explicación empresarial sobre los episodios registrados durante los procedimientos?
También resulta necesario conocer qué acciones se adoptaron frente a las situaciones ambientales señaladas durante los controles y cuál es actualmente el estado de las áreas alcanzadas por los ceses preventivos.
Hasta el momento, esas respuestas no fueron presentadas públicamente de manera integral.
Y cuando se trata de una actividad de alto riesgo como la minería, la ausencia de información adquiere una dimensión diferente.
Newmont ha comunicado importantes inversiones destinadas a Cerro Negro y proyectos orientados a extender la vida útil del complejo y sostener o ampliar sus niveles productivos.
Precisamente por esa importancia económica y productiva, resulta significativo el contraste entre la comunicación empresarial que habitualmente acompaña los anuncios de inversión y la baja exposición pública observada durante esta crisis.
Cuando existen anuncios productivos suelen aparecer autoridades, representantes institucionales y voceros encargados de explicar proyectos, inversiones y perspectivas.
Frente a los cuestionamientos actuales, en cambio, todavía no se produjo una exposición pública de similares características que permita responder preguntas sobre seguridad, condiciones laborales y las observaciones efectuadas por los organismos provinciales.
La discusión tampoco permanece limitada al Gobierno provincial y la compañía.
Distintos sectores gremiales comenzaron a expresar públicamente su preocupación y acompañaron la necesidad de profundizar controles sobre las condiciones existentes en Cerro Negro.
Los planteos apuntan fundamentalmente a garantizar la seguridad de quienes desarrollan diariamente sus tareas dentro del complejo y al cumplimiento de las normas laborales, de seguridad e higiene.
La aparición de los sindicatos modifica necesariamente la dimensión del conflicto.
Ya no se trata únicamente de diferencias entre una empresa privada y organismos estatales. En el centro aparecen trabajadores que necesitan certezas respecto de las condiciones bajo las cuales desarrollan una actividad naturalmente expuesta a riesgos.
Los cuestionamientos tampoco surgieron exclusivamente durante los últimos procedimientos.
En meses anteriores ya se habían desarrollado inspecciones, reuniones y observaciones relacionadas con condiciones laborales y aspectos vinculados con seguridad e higiene.
Por eso, una de las cuestiones que deberá esclarecerse es qué observaciones fueron subsanadas, cuáles permanecieron pendientes y cuáles fueron las circunstancias que llevaron finalmente a disponer ceses preventivos.
Cerro Negro representa una operación de enorme importancia para la minería santacruceña y argentina. Allí trabajan cientos de personas de manera directa e indirecta y alrededor del emprendimiento existe una extensa cadena de proveedores y servicios.
Por esa razón, cualquier situación que pueda afectar su funcionamiento genera consecuencias que exceden los límites del propio yacimiento.
También explica por qué una crisis de estas características requiere información precisa tanto del Estado como de la compañía.
Las inspecciones deberán sostenerse sobre informes técnicos, procedimientos administrativos y el cumplimiento de las garantías correspondientes. Newmont, por su parte, tiene la posibilidad de explicar públicamente su posición, responder las observaciones y detallar las medidas adoptadas.
Mientras eso no ocurra, el vacío informativo continuará alimentando interrogantes.
En una industria que necesita seguridad, transparencia, confianza y licencia social para desarrollarse, la comunicación también constituye una responsabilidad.
Cerro Negro atraviesa un momento que demanda respuestas. Y frente a cuestionamientos vinculados con la seguridad y las condiciones de trabajo, el silencio público de Newmont corre el riesgo de convertirse en otro componente de una crisis que necesita, antes que nada, certezas.
