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El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. Las disposiciones fueron formalizadas mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El nuevo esquema alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes especiales.
La normativa establece como principales objetivos la responsabilidad por los hechos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes alcanzados por el sistema.
Justicia será la autoridad de aplicación
Uno de los principales aspectos definidos por la reglamentación es la designación del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación del régimen en el ámbito nacional y federal.
La cartera tendrá a su cargo la implementación y coordinación del nuevo sistema y podrá establecer convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo será generar las herramientas necesarias para garantizar el funcionamiento del régimen y coordinar su aplicación entre las distintas instituciones involucradas.
Crearán un registro de supervisores
El decreto establece además la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, integrado por profesionales especializados que tendrán funciones de seguimiento, asistencia y control de los adolescentes sujetos a medidas dentro del nuevo esquema.
Entre las especialidades contempladas se encuentran educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones y trabajo social.
Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia deberá elaborar un listado provisorio que podrá ser utilizado por los jueces para seleccionar a los profesionales que intervengan en cada caso.
La primera convocatoria pública para integrar el registro definitivo deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 180 días.
Coordinación entre organismos y provincias
La reglamentación también contempla nuevas estructuras destinadas a coordinar las políticas vinculadas con el régimen.
Por un lado, se conformará el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará como instancia permanente de articulación entre distintas áreas del Gobierno nacional.
La coordinación incluirá cuestiones relacionadas con seguridad, tratamiento penitenciario, niñez y adolescencia, educación, salud, consumo problemático y medidas socioeducativas.
Además, se creará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, con participación de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio tendrá como finalidad armonizar criterios, intercambiar experiencias y facilitar acuerdos entre las distintas jurisdicciones.
Derechos de las víctimas y registro de reincidencia
Otro de los puntos contemplados en la reglamentación está relacionado con los derechos de las víctimas, incluyendo mecanismos de asistencia especializada y acceso a patrocinio jurídico gratuito, de acuerdo con lo establecido por la ley.
El nuevo esquema también establece procedimientos para remitir información al Registro Nacional de Reincidencia, aunque bajo las condiciones de reserva previstas específicamente para los procesos que involucren a adolescentes.
La reglamentación completa así el marco necesario para comenzar a aplicar la Ley 27.801, que entró en vigencia el 5 de septiembre y dejó sin efecto la Ley 22.278, normativa que hasta entonces regulaba el régimen penal aplicable a menores de edad.
