Patagonia Nexo
Una iniciativa que apunta a proteger la infraestructura rural
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una modificación del Código Penal para incorporar sanciones específicas contra el denominado vandalismo rural. La propuesta, impulsada por el diputado nacional del PRO Martín Ardohain, busca penalizar los daños que afectan directamente la producción agropecuaria y establecer castigos para el ingreso no autorizado a campos y establecimientos rurales.
Aunque la iniciativa tiene alcance nacional, su eventual implementación podría tener relevancia en Santa Cruz, donde la ganadería ovina y los establecimientos distribuidos en amplias extensiones forman parte de la actividad productiva provincial.
El texto recibió modificaciones durante el debate parlamentario y fue aprobado el miércoles 21 de octubre. Con la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde deberá continuar su tratamiento antes de convertirse en ley.
Qué elementos de las estancias quedarían contemplados
La propuesta establece penas para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes vinculados con la producción agropecuaria cuando las acciones afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento.
Entre los elementos incluidos se encuentran:
Alambrados, tranqueras, corrales y silos.
Ganado y otros animales destinados a la producción.
Bombas de agua, generadores, paneles solares y sistemas de riego.
Reservas hídricas e instalaciones destinadas al abastecimiento de agua.
Cultivos, forrajes, granos almacenados y otros recursos productivos.
El proyecto prevé para estos hechos penas de dos a ocho años de prisión, además de multas que pueden equivaler a entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado. La aplicación dependerá de las características del hecho y de que se cumplan las condiciones previstas en el texto.
En Santa Cruz, donde los establecimientos ganaderos pueden depender de instalaciones alejadas de los centros urbanos, los daños en los sistemas de agua, los cercos o los corrales pueden afectar tanto el funcionamiento cotidiano como el manejo de los animales.
Cuándo las penas podrían llegar a diez años
La reforma contempla circunstancias agravantes para determinados hechos. La pena máxima podría alcanzar los diez años de prisión cuando el delito sea cometido por tres o más personas que actúen coordinadamente, provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo.
El texto también contempla ese máximo cuando se afecten el transporte o la comercialización de la producción, o cuando existan violencia o amenazas contra las personas, siempre que el hecho no configure otro delito con una pena superior.
Además, la iniciativa establece un agravamiento cuando el autor o instigador sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria. En esos casos, se elevaría al doble el mínimo de la pena correspondiente.
También se sancionaría el ingreso no autorizado a los campos
Otro de los puntos centrales es la incorporación de una figura penal específica para quienes ingresen a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad de la persona que tenga derecho a impedirlo.
Para esa conducta, el proyecto establece penas de un mes a un año de prisión. La voluntad de excluir el ingreso podría presumirse por la presencia de alambrados, muros, vallas, cerramientos o carteles que indiquen la prohibición de entrar.
La sanción podría elevarse hasta dos años cuando el ingreso obstaculice de manera sustancial la actividad productiva o genere un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.
El texto contempla excepciones para situaciones justificadas, como la necesidad de prestar auxilio o aquellos casos en los que no sea posible distinguir claramente los límites del establecimiento respecto de la vía pública.
Qué falta para que la reforma entre en vigencia
La aprobación en Diputados representa un avance legislativo, pero las nuevas disposiciones todavía no están vigentes. Para que puedan incorporarse al Código Penal, el proyecto debe ser tratado por el Senado y completar el procedimiento legislativo correspondiente.
En caso de obtener la aprobación definitiva, las nuevas figuras penales establecerían un marco específico para sancionar determinados daños contra bienes productivos y el ingreso no autorizado a establecimientos rurales.
Para Santa Cruz, la discusión adquiere interés por la importancia de la actividad ganadera y la infraestructura necesaria para sostenerla. No obstante, el alcance concreto de la reforma dependerá del texto definitivo que eventualmente se convierta en ley y de las circunstancias de cada caso.
