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Amplio respaldo en la Cámara baja
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, luego de una serie de negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques opositores.
El texto busca establecer un marco permanente para el funcionamiento del sistema de discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia cuya vigencia está prevista hasta fin de año. Con las modificaciones incorporadas durante el debate, el proyecto consiguió un respaldo mayoritario y fue girado al Senado para continuar su tratamiento.
Así votaron los representantes de Santa Cruz
La provincia estuvo representada por cinco diputados nacionales. Según el registro de votación consignado en la información legislativa, cuatro acompañaron la propuesta y una legisladora estuvo ausente.
José Luis Garrido (Por Santa Cruz): voto afirmativo.
Jairo Guzmán (La Libertad Avanza): voto afirmativo.
Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria): voto afirmativo.
Juan Carlos Molina (Unión por la Patria): voto afirmativo.
Ana María Ianni (Unión por la Patria): ausente.
De esta manera, los votos afirmativos de Santa Cruz provinieron de representantes de distintas fuerzas políticas. La ausencia de Ianni no constituye un voto negativo ni una abstención, sino que indica que no participó de la votación registrada.
Qué establece el proyecto aprobado
La propuesta incorpora disposiciones destinadas a dar continuidad a las prestaciones y establecer mecanismos de financiamiento para el sistema de discapacidad.
Entre los puntos centrales se encuentran:
Continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, con actualización de sus montos según la inflación.
Financiamiento específico para las prestaciones, mediante partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema.
Mantenimiento de la cobertura sanitaria para los beneficiarios comprendidos en el régimen.
Actualización mensual del nomenclador de prestaciones, para contemplar la evolución de los costos.
Compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, bajo las condiciones previstas en el texto.
Plazos para regularizar deudas con prestadores, con un cronograma de pagos que deberá presentarse dentro de los 30 días y la cancelación prevista en un máximo de 90 días corridos.
Estos puntos fueron incorporados o precisados durante las negociaciones previas a la votación, en las que el oficialismo aceptó cambios planteados por bloques aliados y opositores.
El próximo paso será el Senado
Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá pasar al Senado, donde continuará el trámite legislativo antes de una eventual sanción definitiva.
El debate se desarrolló en medio de diferencias sobre el financiamiento de las prestaciones, las obligaciones del Estado y las condiciones de acceso a los beneficios. Los cambios acordados permitieron reunir una mayoría amplia en la Cámara baja, aunque la aplicación del nuevo esquema dependerá del resultado del tratamiento legislativo y de las disposiciones que finalmente queden establecidas.
Por el momento, el proyecto cuenta con media sanción y todavía no se convirtió en ley.
