Patagonia NexoLa discusión sobre las inversiones privadas en YCRT sumó un nuevo cruce. El interventor Pablo Gordillo respondió a los cuestionamientos del desarrollador Enzo Giraudo sobre la propuesta de Energy Commodities, rechazó que su equipo no hubiera sido recibido y aseguró que la evaluación de las iniciativas corresponde a los organismos nacionales.
En una entrevista con La Parada, de Tiempo FM 97.5, Gordillo afirmó que recibió formalmente la propuesta del equipo que integra Giraudo aproximadamente un mes después de asumir. Según explicó, ese grupo también incluye personas que actualmente desempeñan funciones en el Gobierno nacional.
El interventor cuestionó las críticas dirigidas a la iniciativa de otra empresa y sostuvo que YCRT respondió las consultas técnicas que le fueron requeridas. Atribuyó al Ministerio de Economía la responsabilidad de emitir el dictamen sobre su viabilidad.
También denunció una supuesta “operación de prensa y económica” contra empresas interesadas en invertir. Esa interpretación fue planteada por Gordillo, quien aclaró que su respuesta buscaba precisar el papel de la intervención y los contactos mantenidos con los distintos proponentes.
Respecto de Energy Commodities, Gordillo indicó que la intervención respondió consultas vinculadas con una inversión planteada de 120 millones de dólares. Según su explicación, el esquema estaba relacionado con explotación y financiamiento, y no con una adquisición de acciones.
Aclaró, además, que la propuesta no se concretó formalmente. Su eventual avance, señaló, depende de la evaluación del Gobierno nacional, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y del Ministerio de Economía, y de la posible elaboración de un pliego de oferta pública.
Gordillo mencionó otras iniciativas presentadas alrededor del complejo, entre ellas la de un grupo estadounidense con actividad cementera e interés en la generación eléctrica. Sin embargo, remarcó que todavía quedan definiciones sobre la organización institucional de la empresa y la conformación de su directorio.
En ese contexto, cuestionó la posibilidad de que un privado con una participación accionaria minoritaria concentre el control total. Según sostuvo, ese planteo sería incompatible con el esquema de participación estatal mayoritaria previsto para YCRT.
También señaló que siguen pendientes las condiciones de un eventual gerenciamiento conjunto, las inversiones por unidad productiva y la representación de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
El interventor defendió el potencial comercial del carbón de la Cuenca por su bajo contenido de azufre y su utilización para mezclarlo con carbones de otras características. A la vez, cuestionó que algunas propuestas contemplen utilizar gas para generar energía sin resolver qué lugar ocuparía la producción carbonífera.
Sobre las necesidades de inversión, ubicó el principal requerimiento en la usina de 240 MW y señaló la renovación del parque ferroviario como otro asunto pendiente. Entre las alternativas mencionó un eventual cambio de trocha, como posibilidad para facilitar la disponibilidad de material rodante.
La discusión también tuvo un componente político. Gordillo acusó a sectores críticos de buscar el manejo de los recursos de YCRT y sostuvo que la empresa fue utilizada históricamente con fines políticos.
En otro tramo de la entrevista, Gordillo informó que la locomotora descarrilada fue colocada nuevamente sobre la vía y trasladada a un campamento. La traza quedó liberada, mientras el personal de Vía y Obras realiza tareas de repaso y verificación.
El siguiente paso consiste en definir cómo llevar la unidad a Río Turbio. Entre las opciones se analiza su traslado en camión sobre una batea, además de evaluar el material ferroviario disponible.
La revisión técnica deberá establecer qué componentes pueden recuperarse. Si no resulta posible poner rápidamente en servicio la locomotora 05, se estudia retirar su convertidor reparado e instalarlo en la locomotora 04, que presenta problemas en ese componente.
Gordillo estimó que la 04 podría estar operativa en aproximadamente un mes. Se trata de una previsión sujeta a las evaluaciones y reparaciones necesarias.
En paralelo, continúa la investigación sobre el descarrilamiento. El interventor señaló que esperan los resultados de la pericia oficial de la Fiscalía Federal y que Asuntos Jurídicos lleva adelante un sumario interno, con citaciones al personal para reconstruir movimientos, autorizaciones y tareas previas en la zona.
Aclaró que los trabajadores continúan en actividad y que las actuaciones internas buscan reunir información. La determinación de las causas y de eventuales responsabilidades permanece bajo investigación.
Patagonia Nexo- Tiempo Sur
