Patagonia NexoRÍO GALLEGOS. El agua puede bajar. Las máquinas pueden retirarse. Las calles pueden recuperar transitoriamente cierta normalidad. Pero cuando eso ocurra, el problema de fondo seguirá allí.
Lo sucedido durante los últimos días en Río Gallegos volvió a exponer crudamente una deuda que la política santacruceña lleva años sin resolver: una capital provincial que creció sin que su infraestructura acompañara ese crecimiento y que, frente a cada episodio climático importante, vuelve a mostrar sus enormes vulnerabilidades.
Calles anegadas, sectores prácticamente intransitables, barrios sin pavimento y dificultades para evacuar el agua obligaron nuevamente a desplegar recursos públicos, maquinaria pesada, camiones y personal para atender una emergencia que, aunque potenciada por las condiciones meteorológicas, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo ocurrido responde realmente al clima y cuánto a décadas de falta de planificación e inversión?
En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal cargó directamente contra quienes administraron Santa Cruz durante las gestiones anteriores.
“Ellos tienen una forma de hacer política que es creer que el Estado les pertenece. Y con esa idea, con ese concepto, se metieron el Estado en el bolsillo”, disparó.
Las declaraciones del mandatario encontraron como telón de fondo una imagen difícil de disimular: maquinaria provincial trabajando para retirar enormes cantidades de agua de distintos sectores de la ciudad.
La emergencia obligó al Estado a responder. Pero también dejó expuesto que la asistencia inmediata no reemplaza las obras estructurales que Río Gallegos necesita.
El problema no nació esta semana.
Durante años, la capital santacruceña expandió su ejido urbano y sumó nuevos barrios mientras numerosos sectores continuaron esperando pavimento, cordones, sistemas adecuados de escurrimiento y obras pluviales capaces de acompañar ese crecimiento.
Vidal fue todavía más lejos y atribuyó ese escenario a una combinación de improvisación, corrupción y ausencia de planificación.
“Hay obras que se comenzaron y nunca se terminaron, obras que se pagaron pero jamás se completaron y otras que se hicieron de muy mala calidad”, sostuvo.
La acusación es grave. Si hubo obras pagadas y no ejecutadas, o trabajos realizados deficientemente con recursos públicos, la discusión no debería agotarse en una declaración política. Corresponde determinar cuáles fueron esas obras, cuánto costaron, qué empresas participaron y quiénes fueron responsables de controlar su ejecución.
Porque denunciar corrupción es políticamente contundente; demostrarla y conseguir que los responsables respondan ante la Justicia es otra cosa.
El gobernador no moderó sus palabras.
“Han destruido totalmente la provincia”, afirmó al describir el resultado que, según su interpretación, dejaron décadas de administraciones anteriores.
También vinculó las inundaciones recurrentes con la falta de planificación urbana de quienes tuvieron responsabilidades municipales y provinciales.
La crítica apuntó, además, a obras recientes. Vidal mencionó el deterioro que habría presentado la Rotonda Samoré poco tiempo después de su intervención.
“Es muy triste ver que todos los inviernos pasa lo mismo. Inauguraron una rotonda hace menos de un mes y ya está deteriorada”, cuestionó.
Si una obra pública comienza a mostrar problemas pocas semanas después de ser habilitada, la situación requiere explicaciones concretas. No solamente sobre su ejecución, sino también sobre los controles técnicos, las certificaciones y los recursos destinados.
El cuestionamiento a las gestiones anteriores puede encontrar sustento político en obras inconclusas y problemas acumulados durante décadas. Pero existe otra realidad que también deberá afrontar el actual Gobierno: con el paso del tiempo, la herencia recibida deja de ser suficiente como explicación.
Vidal asumió el Gobierno provincial en diciembre de 2023. A casi tres años de aquella fecha, su administración también deberá comenzar a mostrar cuáles serán las soluciones estructurales para evitar que las mismas imágenes vuelvan a repetirse invierno tras invierno.
El operativo desplegado durante la contingencia permitió asistir a sectores afectados y responder a situaciones urgentes. Eso es necesario, pero no alcanza.
Río Gallegos necesita infraestructura.
Necesita obras pluviales, planificación urbana, mantenimiento, pavimento y una estrategia sostenida que permita anticiparse a las emergencias en lugar de movilizar enormes recursos públicos cada vez que el agua vuelve a ocupar las calles.
El mandatario profundizó sus acusaciones al hablar directamente de corrupción.
“Siguieron haciendo lo mismo que hicieron toda la vida: robarle al Estado y quedarse con la plata de los santacruceños”, aseguró.
La frase coloca el debate en un terreno mucho más delicado.
Si desde la máxima autoridad provincial se sostiene que existieron mecanismos para apropiarse de recursos públicos, el desafío no debería limitarse a exponerlos públicamente. La sociedad tiene derecho a conocer nombres, expedientes, montos, obras involucradas y, fundamentalmente, si existen denuncias judiciales que permitan investigar esas acusaciones.
La transparencia no puede funcionar solamente como bandera para diferenciarse políticamente del pasado. Debe traducirse en información pública, controles efectivos y responsabilidades cuando corresponda.
Como contrapartida, Vidal defendió la metodología aplicada por su administración y mencionó el Plan Provincial de Alumbrado Público LED.
Según explicó, el procedimiento de compra permitió ahorrar más de mil millones de pesos y contó con intervención de organismos de control, buscando garantizar que las luminarias adquiridas efectivamente lleguen a las localidades.
El gobernador presentó ese mecanismo como ejemplo de una administración que pretende diferenciarse de las prácticas que denuncia del pasado.
Pero esa promesa también deberá someterse al mismo estándar de exigencia.
Cada contratación, licitación y obra de la actual gestión tendrá que demostrar con resultados que la transparencia proclamada se corresponde con la administración real de los recursos públicos.
La discusión sobre las responsabilidades históricas es inevitable. Santa Cruz necesita conocer qué ocurrió con las obras que quedaron inconclusas, cuáles fueron pagadas sin terminarse y por qué determinados trabajos presentan deficiencias.
Pero mientras la política discute quién destruyó, quién abandonó y quién administró mal, son los vecinos quienes siguen conviviendo con calles inundadas y barrios que esperan infraestructura básica.
Ese es el verdadero límite de cualquier disputa política.
Vidal cerró asegurando que continuará con las transformaciones previstas por su administración: “Nos levantamos todos los días sabiendo qué tenemos que hacer y redoblamos la apuesta. Estoy convencido de que nuestra provincia puede cambiar”.
Ahora deberá demostrarlo.
Porque después de décadas de promesas, Río Gallegos no necesita solamente explicaciones sobre por qué llegó hasta acá. Necesita obras que impidan que dentro de algunos años otra lluvia vuelva a dejar exactamente las mismas imágenes y otro gobierno vuelva a explicar que todo es culpa del que estuvo antes.
