Patagonia NexoLa Justicia de Santa Cruz abrió una investigación para determinar el contenido y el alcance de una serie de mensajes intercambiados entre integrantes de los sectores policiales y penitenciarios que participan del conflicto salarial que se desarrolla en la provincia.
Crédito: La Opinión Austral
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado, luego de los incidentes registrados durante una protesta frente a Casa de Gobierno, en Río Gallegos, donde manifestantes ocuparon los accesos al edificio gubernamental e impidieron el ingreso y la salida de personas y vehículos oficiales.
Según el planteo judicial, la medida habría excedido el ejercicio del derecho constitucional a peticionar, afectando el normal funcionamiento de la administración pública. Además, la denuncia señala que gran parte de los manifestantes serían efectivos policiales en actividad y retirados, un aspecto que las autoridades consideran de especial relevancia institucional.
En paralelo, la Justicia incorporó una nueva línea de investigación vinculada a presuntas comunicaciones internas que habrían circulado en grupos utilizados por integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por La Opinión Austral, algunos de esos mensajes contendrían referencias a posibles situaciones de extrema gravedad relacionadas con personas privadas de la libertad, lo que motivó que el Ministerio Público Fiscal iniciara actuaciones para verificar la autenticidad del material y establecer el contexto en el que fueron emitidas esas expresiones.
Los investigadores intentan determinar quiénes serían los autores de los mensajes, si existió algún tipo de planificación concreta o si se trató de manifestaciones aisladas realizadas durante el conflicto salarial. Hasta el momento no existen imputaciones ni resoluciones judiciales sobre los hechos denunciados.
Mientras avanza la investigación, el Gobierno Provincial continúa las negociaciones con los sectores policiales en el marco de la Mesa del Salario, donde en las últimas semanas se realizaron distintas propuestas salariales que no lograron consenso.
El caso reabre el debate sobre los límites entre el derecho a reclamar mejoras laborales y la responsabilidad institucional que poseen quienes integran las fuerzas de seguridad, especialmente cuando las investigaciones buscan establecer si existieron conductas que pudieran comprometer la seguridad pública o constituir delitos.
La causa permanece en etapa investigativa y será la Justicia la encargada de determinar la veracidad de las comunicaciones denunciadas y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.
Fuente: La Opinión Austral.
