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El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) dispuso una serie de medidas extraordinarias para abordar las demoras detectadas en distintos juzgados de la zona norte provincial, luego de las inspecciones realizadas durante las últimas semanas en dependencias de Pico Truncado y Caleta Olivia.
La resolución establece que las áreas observadas deberán implementar planes de contingencia y reorganización interna con el objetivo de normalizar su funcionamiento en un plazo máximo de tres meses, mientras que la Cámara de Apelaciones correspondiente deberá presentar un informe detallado sobre las acciones adoptadas dentro de los próximos quince días.
Las medidas surgen a partir de una serie de auditorías impulsadas por el TSJ para evaluar el estado de funcionamiento de los distintos organismos judiciales de la provincia.
Los relevamientos incluyeron el análisis de expedientes, carga de trabajo, tiempos de respuesta, despacho de causas y organización administrativa, detectándose importantes atrasos en distintas dependencias de la Segunda Circunscripción Judicial.
Según se informó, los informes preliminares reflejaron demoras significativas en la tramitación de expedientes, acumulación de escritos pendientes y retrasos en el dictado de resoluciones y sentencias.
Uno de los escenarios más complejos fue identificado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia N°1 de Pico Truncado.
Las auditorías revelaron una importante cantidad de actuaciones pendientes de tratamiento tanto en áreas civiles como de familia, además de expedientes que permanecían sin resolución desde hace varios meses.
Los informes también señalaron la existencia de documentación acumulada y causas que aún aguardaban decisiones judiciales pese al tiempo transcurrido desde su ingreso.
La situación observada en distintos juzgados de Caleta Olivia también generó preocupación entre las autoridades judiciales.
En particular, las inspecciones detectaron un elevado número de escritos pendientes de resolución y expedientes acumulados en áreas vinculadas al fuero de familia, donde además se registra una importante demanda de nuevas causas.
Por otra parte, en juzgados civiles y comerciales se verificaron retrasos en el dictado de sentencias definitivas correspondientes a expedientes iniciados durante años anteriores.
Frente a este panorama, el Tribunal Superior resolvió instruir a la Cámara de Apelaciones para que implemente medidas urgentes destinadas a revertir la situación.
Entre las acciones requeridas se encuentran la reorganización de recursos humanos, la redistribución de tareas y la adopción de mecanismos de gestión que permitan acelerar el tratamiento de expedientes y reducir los niveles de mora detectados.
La resolución fija un plazo de 90 días para avanzar en la normalización de los juzgados observados y establece que, dentro de los próximos 15 días, deberá presentarse un informe detallando las medidas adoptadas, el cronograma de trabajo previsto y los avances esperados en cada dependencia.
"El objetivo es garantizar una administración de justicia más eficiente y asegurar respuestas dentro de plazos razonables para los ciudadanos", señalaron desde el ámbito judicial.
Desde el Tribunal Superior remarcaron que la celeridad en la resolución de los expedientes constituye un aspecto fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema judicial y para el cumplimiento de los derechos de las partes involucradas.
En ese sentido, destacaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la gestión judicial para evitar la acumulación de atrasos y mejorar la calidad del servicio de justicia en toda la provincia.
Las actuaciones continuarán bajo supervisión del máximo órgano judicial santacruceño, que evaluará periódicamente el cumplimiento de las medidas ordenadas y los resultados obtenidos en cada una de las dependencias auditadas.
