Patagonia NexoEl aumento del precio de la energía volvió a instalarse en la agenda nacional. En localidades de la Costa Atlántica bonaerense trascendieron reclamos de usuarios por boletas de varios cientos de miles de pesos e incluso casos que habrían alcanzado $1.500.000, una situación que encendió nuevamente la discusión sobre el peso de los servicios públicos en la economía familiar.
En Santa Cruz, el Gobierno provincial sostiene un esquema diferente: no trasladar de manera completa a las facturas el costo nacional de la energía.
La política implica que una parte de esa diferencia termine siendo afrontada por la Provincia a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), evitando que el usuario residencial absorba inmediatamente la totalidad de los incrementos.
El gobernador Claudio Vidal ha vinculado parte del déficit que enfrenta la empresa estatal precisamente con esta política. El planteo es que trasladar íntegramente el costo de la energía permitiría mejorar los números de SPSE, pero tendría como contrapartida un impacto considerable sobre los hogares santacruceños.
La discusión adquiere especial importancia en una provincia con grandes distancias, condiciones climáticas adversas y elevados costos asociados al mantenimiento, generación y distribución del servicio.
Los cuadros tarifarios también permiten observar diferencias entre Santa Cruz y otras jurisdicciones patagónicas, aunque cualquier comparación requiere considerar categorías de usuarios, niveles de consumo, impuestos, subsidios y estructuras tarifarias diferentes.
Mantener tarifas contenidas no significa que el incremento del costo desaparezca. La diferencia debe ser financiada de alguna manera, y en el esquema provincial una parte termina siendo cubierta con recursos públicos.
Allí aparece el otro lado de la discusión: cuánto puede sostener Santa Cruz esta política, cuál es su incidencia sobre el déficit de SPSE y qué recursos necesita la empresa para continuar prestando el servicio y realizando inversiones.
Por ahora, la decisión política del Ejecutivo es mantener ese mecanismo de contención.
Mientras en otras regiones del país el aumento de las boletas vuelve a provocar fuertes reclamos, Santa Cruz busca amortiguar el impacto sobre los usuarios, asumiendo desde el Estado provincial parte de un costo energético que continúa aumentando a nivel nacional.
