Deuda, farmacias cerradas y empleos en riesgo: la crisis de OSEF sacude a Autofarma en la Patagonia

La crisis que atraviesa Autofarma comienza a mostrar su cara más preocupante: sucursales cerradas, trabajadores pendientes de la continuidad de sus empleos y una cadena financiera seriamente tensionada por deudas acumuladas.

En el centro del conflicto aparece la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), dependiente del Gobierno de Tierra del Fuego que conduce Gustavo Melella, y una deuda que Autofarma llegó a ubicar por encima de los $7.000 millones por medicamentos y prestaciones que ya habrían sido brindados.

No se trataría, por lo tanto, de servicios pendientes de ejecución. El reclamo estaría relacionado con prestaciones realizadas y medicamentos que fueron entregados a afiliados, pero cuyos pagos comenzaron a acumular importantes demoras.

Una deuda que terminó impactando en la estructura

Durante meses, Autofarma habría advertido que la falta de regularización comprometía su capacidad para afrontar proveedores, mantener la cadena de pagos y sostener normalmente su funcionamiento.

El problema finalmente escaló hasta afectar la relación entre ambas partes y derivar en la suspensión del convenio con OSEF.

Pero detrás de los números existe una consecuencia mucho más concreta.

En las últimas semanas comenzaron a conocerse cierres de sucursales de Autofarma en distintas localidades patagónicas, mientras entre sus trabajadores aumenta la preocupación por lo que pueda suceder con las fuentes laborales.

La discusión, entonces, dejó de ser exclusivamente financiera.

Cuando una deuda de estas características comienza a comprometer establecimientos y puestos de trabajo, las responsabilidades sobre cómo se llegó a esa situación inevitablemente quedan bajo análisis.

Santa Cruz, una situación diferente

En medio de la crisis resulta necesario diferenciar lo que ocurre con la obra social santacruceña.

Según la información disponible, la Caja de Servicios Sociales (CSS) de Santa Cruz se encontraría al día con sus obligaciones hacia Autofarma.

Esto significa que los problemas que atraviesa actualmente la cadena no podrían atribuirse a incumplimientos de la obra social provincial santacruceña.

El contraste expone dos escenarios diferentes: mientras en Santa Cruz los compromisos con este prestador estarían regularizados, en Tierra del Fuego la deuda acumulada con OSEF habría alcanzado cifras multimillonarias y generado un conflicto prolongado.

¿Quién responde ahora por las consecuencias?

La pregunta adquiere especial relevancia porque detrás de cada farmacia que cierra existen trabajadores y familias.

Si Autofarma efectivamente prestó los servicios, entregó medicamentos y posteriormente enfrentó atrasos por miles de millones de pesos, resulta indispensable establecer cómo se originó semejante deuda, durante cuánto tiempo se acumuló y qué medidas adoptaron las autoridades fueguinas para evitar que el conflicto llegara a este punto.

También deberá determinarse cuánto adeuda actualmente OSEF, qué parte del reclamo fue reconocida, qué pagos se realizaron y cuál es el mecanismo previsto para normalizar la relación con sus prestadores.

Porque una obra social estatal no administra recursos abstractos: gestiona fondos destinados a garantizar prestaciones de salud a sus afiliados.

La crisis de Autofarma demuestra que cuando esa cadena se rompe, las consecuencias pueden extenderse rápidamente.

Hoy ya no se habla solamente de balances, expedientes o facturas pendientes. Se habla de persianas que bajan, trabajadores que no saben qué ocurrirá con sus empleos y una deuda multimillonaria que coloca bajo fuerte cuestionamiento la administración de OSEF.

Y mientras Santa Cruz aparece, en este caso, con sus compromisos regularizados, el Gobierno fueguino enfrenta una pregunta que ya no puede quedar atrapada entre papeles: ¿cómo se permitió que una deuda con uno de sus prestadores alcanzara semejante dimensión y terminara repercutiendo sobre trabajadores de toda la región?