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Con la firma del Decreto N.º 0644, el Gobierno de Santa Cruz completó el proceso administrativo que restituye al doctor Eduardo Emilio Sosa en el cargo de Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia, cerrando un conflicto institucional que se extendió durante más de tres décadas.
El decreto, fechado el 26 de junio de 2026, fue rubricado por el gobernador Claudio Vidal y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al acuerdo legislativo aprobado días atrás por la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El origen del conflicto se remonta a 1995, cuando una ley provincial eliminó el cargo de Procurador General. Esa decisión implicó, en los hechos, la remoción de Eduardo Sosa, quien inició un extenso recorrido judicial sosteniendo que la medida vulneraba las garantías constitucionales que protegen la estabilidad de los funcionarios judiciales.
Con el paso de los años, la Corte Suprema resolvió que el Estado provincial debía restituirlo en su función, al considerar que la supresión del cargo no podía utilizarse como mecanismo para desplazar a un funcionario amparado por la Constitución. Sin embargo, la ejecución efectiva de esa sentencia permaneció pendiente durante varios años.
La reciente aprobación del acuerdo legislativo y la posterior firma del decreto permitieron finalmente materializar el cumplimiento de la resolución judicial. En sus fundamentos, el Decreto N.º 0644 hace referencia al fallo del máximo tribunal del país, al aval otorgado por la Legislatura y a las disposiciones de la Constitución Provincial que respaldan la designación.
La restitución de Sosa representa el cierre de uno de los litigios institucionales más extensos de la historia reciente de Santa Cruz y marca el cumplimiento de una decisión judicial que permanecía sin ejecutarse desde hacía más de treinta años, poniendo fin a una controversia que atravesó distintas administraciones provinciales.
