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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, a cargo de Pedro Prodromos, remitió a la Cámara de Diputados un informe detallado sobre la situación que atraviesa la Policía provincial en el marco del conflicto salarial y las medidas de fuerza en curso.
La presentación se conoció durante la sesión ordinaria de la Legislatura, dos días después de que no pudiera realizarse una sesión extraordinaria convocada para abordar el tema, debido a la falta de quórum.
Según el documento oficial, la protesta iniciada el 8 de junio tiene un impacto directo en la prestación del servicio de seguridad en distintas regiones de Santa Cruz.
El informe, elaborado por la Superintendencia de Policía de Seguridad, detalla niveles de adhesión al quite de colaboración del 74% en Zona Norte, 62% en Zona Sur, 26% en Zona Sudoeste y 12% en Zona Centro.
Además, se señalan casos de alta adhesión en determinadas dependencias, especialmente en Caleta Olivia y Río Gallegos, donde algunas unidades operativas alcanzan niveles cercanos o superiores al 90% de acatamiento.
Entre los ejemplos mencionados, se destacan la Comisaría Séptima y el Comando de Patrullas de Río Gallegos, con registros que rondan el 95% de adhesión.
El informe también reconoce dificultades operativas derivadas del conflicto, particularmente en aquellas dependencias con mayor nivel de adhesión.
Según se detalla, en esos casos se encuentran limitadas las tareas de patrullaje preventivo y recorridas habituales, además de verse reducida la capacidad de respuesta ante emergencias vinculadas al sistema 911 y otras intervenciones.
Frente al escenario planteado, el Gobierno provincial informó que solicitó apoyo al Estado nacional para reforzar el sistema de seguridad pública.
Como resultado, se conformó un comando unificado de fuerzas federales, integrado por Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Estas fuerzas ya se encuentran desplegadas en distintas localidades, con especial presencia en Río Gallegos y Caleta Olivia, donde colaboran en tareas de prevención y refuerzo operativo.
La documentación enviada por el ministro Prodromos constituye la primera respuesta formal del Poder Ejecutivo provincial ante la Legislatura tras la frustrada sesión extraordinaria.
El informe expone un panorama actualizado de un conflicto que continúa abierto y que ya genera impactos concretos en el funcionamiento cotidiano del sistema de seguridad en Santa Cruz.
