Nicolás Brizuela cuestionó al sindicato municipal de Río Gallegos por avalar el desfinanciamiento a la CSS

Brizuela recordó que la primera obligación de todo representante gremial es defender a sus afiliados, y en este caso ello implica reclamarle a su empleador —la Municipalidad de Río Gallegos— que regularice los aportes retenidos mensualmente a los trabajadores y que no son depositados en la Caja de Servicios Sociales (CSS).

Aportes que sostienen la salud de los afiliados

“El propio municipio descuenta mes a mes los aportes en los recibos de sueldo, pero no cumple con la obligación de girarlos a la Obra Social”, señaló el ministro.
Esos fondos son los que garantizan la cobertura médica y la atención de la salud tanto de los empleados como de sus familias. Cuando se retienen y no se depositan, se incurre en un incumplimiento que afecta directamente a los trabajadores.

Brizuela remarcó que las actividades sindicales son válidas cuando se trata de reclamos genuinos, pero también deben serlo para exigir transparencia y cumplimiento de la ley por parte de los empleadores.
“Lo contrario —advirtió— es fraude, porque se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores y que sostienen el sistema de salud”.

Tres décadas de desmanejo que se terminan

Respecto a los dichos del dirigente sindical sobre la existencia de un “sistema perverso” de más de 30 años en los que no se cumplía con los aportes, Brizuela fue categórico:
“Con esas palabras, se terminan auto incriminando. Es la confesión de un mecanismo de desmanejo permanente que se aplicó durante décadas. Justamente eso es lo que vinimos a cambiar desde el 10 de diciembre de 2023”.

Un mensaje claro

Finalmente, el ministro reiteró que no se trata de cuestiones políticas sino de responsabilidades legales y éticas.
“Si un gremio dice representar a sus trabajadores, lo primero que debe hacer es exigir que el dinero que se descuenta de sus salarios llegue a destino, a la Caja de Servicios Sociales, para garantizar su derecho a la salud”.