El ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, respondió a las recientes manifestaciones del señor Mansilla, dirigente de los trabajadores municipales de Río Gallegos.
Info. General06 de septiembre de 2025
Patagonia Nexo
Brizuela recordó que la primera obligación de todo representante gremial es defender a sus afiliados, y en este caso ello implica reclamarle a su empleador —la Municipalidad de Río Gallegos— que regularice los aportes retenidos mensualmente a los trabajadores y que no son depositados en la Caja de Servicios Sociales (CSS).
Aportes que sostienen la salud de los afiliados
“El propio municipio descuenta mes a mes los aportes en los recibos de sueldo, pero no cumple con la obligación de girarlos a la Obra Social”, señaló el ministro.
Esos fondos son los que garantizan la cobertura médica y la atención de la salud tanto de los empleados como de sus familias. Cuando se retienen y no se depositan, se incurre en un incumplimiento que afecta directamente a los trabajadores.
Brizuela remarcó que las actividades sindicales son válidas cuando se trata de reclamos genuinos, pero también deben serlo para exigir transparencia y cumplimiento de la ley por parte de los empleadores.
“Lo contrario —advirtió— es fraude, porque se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores y que sostienen el sistema de salud”.
Tres décadas de desmanejo que se terminan
Respecto a los dichos del dirigente sindical sobre la existencia de un “sistema perverso” de más de 30 años en los que no se cumplía con los aportes, Brizuela fue categórico:
“Con esas palabras, se terminan auto incriminando. Es la confesión de un mecanismo de desmanejo permanente que se aplicó durante décadas. Justamente eso es lo que vinimos a cambiar desde el 10 de diciembre de 2023”.
Un mensaje claro
Finalmente, el ministro reiteró que no se trata de cuestiones políticas sino de responsabilidades legales y éticas.
“Si un gremio dice representar a sus trabajadores, lo primero que debe hacer es exigir que el dinero que se descuenta de sus salarios llegue a destino, a la Caja de Servicios Sociales, para garantizar su derecho a la salud”.
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