El presidente de Distrigas S.A., Marcelo de la Torre, denunció que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, busca frenar la obra del gasoducto destinada al Barrio 22 de Septiembre. Según explicó, desde el municipio se exige a la empresa contratista una suma millonaria para otorgar el permiso de zanjeo en la zona.
Provinciales05 de septiembre de 2025
Patagonia Nexo
“El intendente Pablo Grasso pretende detener la obra de gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre y le exige a la empresa una suma millonaria para autorizar el zanjeo”, señaló De la Torre, calificando la medida como una “traba innecesaria” que atenta contra el acceso a un servicio básico.
¿Un impuesto inédito?
El titular de Distrigas cuestionó además el antecedente de esta decisión y planteó un interrogante central:
“Nunca antes se había cobrado un impuesto de estas características en obras de gasoducto. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el objetivo real de frenar una infraestructura vital para los vecinos?”, expresó.
Críticas a la gestión municipal
De la Torre señaló que la exigencia resulta aún más injustificada si se observa la situación actual del barrio:
“Ni siquiera pasa el camión recolector de basura y las calles no están correctamente delimitadas. Resulta incomprensible que se exijan sumas millonarias cuando lo que hace falta es facilitar el acceso de las familias a servicios esenciales”, afirmó.
Compromiso provincial de continuar la obra
Pese a las trabas, el presidente de Distrigas confirmó que la empresa seguirá adelante con los trabajos:
“Vamos a continuar y vamos a llevarles los servicios a los vecinos. No vamos a frenar un proyecto estratégico para la ciudad”, aseguró.
La construcción del gasoducto en el Barrio 22 de Septiembre se enmarca dentro de un plan de inversión del Gobierno Provincial destinado a ampliar la red de gas y mejorar la calidad de vida de cientos de familias en Río Gallegos.
“No vamos a permitir que los vecinos sigan siendo rehenes de decisiones políticas. Distrigas va a cumplir su compromiso: llevar gas a cada barrio de la capital santacruceña”, concluyó De la Torre.
El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., puso en marcha una nueva edición del programa de formación en Maquinaria Pesada. Con una destacada concurrencia, la iniciativa apunta a brindar herramientas técnicas y oportunidades laborales a trabajadores y trabajadoras de toda la provincia.
La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa fortaleciendo la capacitación de guías idóneos en distintas localidades santacruceñas, con el objetivo de elevar la calidad del servicio y consolidar al turismo como motor de desarrollo provincial.
Durante una sesión especial realizada en el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, asumieron este mediodía los/as integrantes del Claustro NODOCENTE que resultaron electos/AS en los comicios del pasado 9 de octubre para desempeñarse como asambleístas titulares y suplentes por esta unidad de gestión durante el período 2025- 2027
Patagonia Resources, Clear Petroleum, Quintana E&P Argentina, Roch Proyectos, Brest y Azruge presentaron una propuesta conjunta para reactivar los yacimientos que dejó YPF, con una inversión de hasta 1.600 millones de dólares.
Una denuncia penal presentada en noviembre de 2024 expone un entramado de pagos irregulares y presunto desvío de fondos públicos entre Santa Cruz y Chaco, a través de la fundación Valdocco dirigida por el cura Juan Carlos Molina. El perjuicio superaría los $10.000 millones.
La empresa estatal obtuvo la acreditación internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), otorgada por Prefectura Naval Argentina, que habilita al complejo ferroportuario de Punta Loyola a operar bajo los estándares de seguridad de la Organización Marítima Internacional (OMI).
El juez Marcelo Bersanelli volvió a quedar en el centro de la polémica tras dictar una resolución que beneficiaba a la Fundación Valdocco, pese a graves irregularidades en el manejo de fondos estatales. La Cámara de Apelaciones anuló su decisión por considerarla arbitraria, sin sustento legal y contraria al interés público.
El financista de José Luis Espert, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, aseguró tener pruebas y mensajes que podrían “hacer caer al país”. Su extradición a Estados Unidos ya tiene fecha confirmada: el 5 de noviembre. La amenaza encendió las alarmas en la Casa Rosada.
El Coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Dr. Leandro F. Ruggeri, resaltó la labor del Departamento Electromecánica y subrayó la importancia de su compromiso para garantizar la operatividad y el desarrollo productivo de la empresa.