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La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el acuerdo financiero que Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri quedó cerrada luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el archivo del expediente.
La resolución fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, después de que el fiscal general ante ese tribunal, Raúl Omar Pleé, desistiera de continuar con el recurso que buscaba revisar el cierre de la causa.
El expediente se había iniciado para determinar si existieron delitos en la negociación, formalización y ejecución del préstamo acordado en 2018, cuyo monto autorizado llegó a 57.100 millones de dólares.
Entre los funcionarios investigados estaban el expresidente Macri, el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, además de otros integrantes de la autoridad monetaria.
Los argumentos para cerrar la investigación
El caso había sido archivado en febrero de 2026 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien consideró que los hechos denunciados no permitían sostener la existencia de delitos penales. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó esa decisión.
La revisión llegó a Casación luego de que integrantes del Ministerio Público Fiscal intentaran revertir el cierre de la investigación. Sin embargo, Pleé resolvió no mantener el planteo después de examinar las actuaciones reunidas durante el proceso.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”. También afirmó que no se había logrado fundamentar una hipótesis delictiva concreta y cuestionó que el expediente se sostuviera únicamente en diferencias respecto de un modelo económico.
La posición del fiscal resultó determinante para el desenlace del caso, ya que dejó sin impulso la presentación que buscaba habilitar una nueva revisión judicial.
Qué se investigaba sobre el acuerdo con el FMI
La causa examinaba las condiciones en las que se contrajo el crédito internacional y los procedimientos administrativos utilizados para concretar la operación.
Entre los puntos cuestionados figuraban la intervención de los organismos estatales correspondientes, la formalización del acuerdo y el destino de los desembolsos. La investigación también buscaba establecer si podían existir responsabilidades penales por presunta administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o malversación de caudales públicos.
Uno de los ejes de la denuncia apuntaba a determinar si el endeudamiento había contribuido a financiar la salida de divisas del país y si se habían producido perjuicios para el Estado.
Los fiscales que impulsaron la continuidad de la pesquisa habían solicitado profundizar el análisis de la documentación y reconstruir la trazabilidad de los fondos. No obstante, esas hipótesis no fueron consideradas suficientes para mantener abierta la causa penal, de acuerdo con las resoluciones que dispusieron y confirmaron el archivo.
Los informes de los organismos de control
Durante la investigación se incorporaron documentos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), además de expedientes administrativos e información vinculada con la operación financiera.
En el debate judicial también se mencionó un informe de la SIGEN que estimó en 29.618 millones de dólares un presunto perjuicio patrimonial para el Estado relacionado con las irregularidades examinadas.
Sin embargo, esa estimación no fue considerada suficiente, por sí sola, para acreditar una conducta delictiva de los funcionarios investigados. La discusión judicial se centró en determinar si los elementos reunidos permitían probar delitos concretos y no solamente cuestionamientos a las decisiones económicas adoptadas.
Quiénes estaban alcanzados por la causa
Además de Macri y Caputo, la investigación comprendía a funcionarios que tuvieron participación en distintas etapas de la negociación y administración del acuerdo.
Entre ellos se encontraban Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, junto con Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, quienes integraban el Comité de Política Monetaria del Banco Central durante aquella etapa.
La finalidad de la pesquisa era determinar si las decisiones adoptadas por esos funcionarios podían encuadrarse en alguna de las figuras penales denunciadas.
El cierre del expediente implica que la investigación penal por los hechos analizados en esa causa no continuará. No constituye, por sí mismo, una evaluación definitiva sobre las consecuencias económicas del acuerdo con el FMI ni sobre las críticas políticas que generó el endeudamiento.
También rechazaron la presentación de un particular
En la misma resolución, Casación rechazó el planteo de Antonio Conrado De Martino, quien había solicitado que se mantuviera abierta la investigación.
Los magistrados consideraron que el particular no había acreditado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados y que su intervención dependía de un recurso fiscal que ya no continuaba en trámite.
Por ese motivo, el tribunal entendió que no contaba con legitimación para sostener de manera autónoma esa presentación.
El origen de la investigación
La causa comenzó en 2019, a partir de denuncias que cuestionaban la forma en que se había instrumentado el acuerdo con el FMI. Entre los planteos iniciales figuraba la presunta falta de intervención del Congreso Nacional y posibles incumplimientos de las normas que regulan la contratación de deuda pública.
En 2021, la Oficina Anticorrupción también presentó una denuncia vinculada con la operación, y las actuaciones fueron unificadas.
Tras más de cinco años de investigación, el expediente atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente dejó firme el archivo.
De esta manera, quedó cerrado el proceso penal que buscaba determinar si hubo delitos en la contratación del préstamo durante la presidencia de Mauricio Macri, una de las operaciones de endeudamiento más relevantes de la historia reciente del país.
