Patagonia NexoEl Gobierno nacional aprobó un Régimen de Retiro Voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, en el marco de su política de reorganización del Estado. La medida establece que las jurisdicciones alcanzadas deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a quienes dejen sus funciones mediante este mecanismo.
Según el texto del Decreto 1203/2026, fechado el 16 de octubre, el régimen comprende al personal de planta permanente encuadrado en la Ley 25.164 y a quienes mantienen contratos laborales por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, dentro del ámbito definido por la norma.
En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca optimizar las estructuras y dotaciones estatales y mejorar la asignación de los recursos públicos. Para instrumentarla, recurre a las disposiciones que contemplan el retiro voluntario como causal de egreso y la posibilidad de extinguir una relación laboral por acuerdo entre las partes.
Uno de los puntos centrales aparece en el artículo tercero: los cargos de los trabajadores que accedan al retiro deberán ser eliminados desde la fecha en que finalice la relación de empleo. De esta manera, la medida contempla una reducción de puestos presupuestados, además de la salida del personal que adhiera.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ese organismo podrá dictar normas complementarias, aclaratorias e interpretativas para implementar el régimen.
También tendrá la facultad de extender el plazo de adhesión por única vez, con una prórroga que no podrá superar los 30 días corridos. Ese período corresponde a una eventual extensión y no debe confundirse con el plazo inicial de inscripción, que no figura en los artículos aportados.
Los gastos derivados de la aplicación del retiro voluntario se cubrirán con los créditos presupuestarios de cada jurisdicción alcanzada. El decreto dispone, además, que su entrada en vigencia se producirá el día de su publicación en el Boletín Oficial.
El alcance definido corresponde a la Administración Pública Nacional centralizada. El texto aportado no establece su aplicación automática a empleados provinciales, municipales o de empresas públicas.
Las condiciones específicas requieren consultar el Anexo I, identificado como parte integrante del decreto. Sin ese documento, no es posible precisar los requisitos de adhesión, las eventuales exclusiones, los montos, las modalidades de pago ni el procedimiento de acceso.
La implementación del régimen quedará así vinculada tanto a esas condiciones como a las disposiciones que emita la autoridad de aplicación, mientras cada jurisdicción deberá adecuar su estructura presupuestaria a las bajas que se produzcan.
